jueves, 23 de septiembre de 2021

El hacinamiento potencia contagio de enfermedades y muertes en centros de reclusión del estado Bolívar

Las cárceles en el estado Bolívar sobrepasa entre 200% y hasta 600% su capacidad. El Estado no garantiza un sistema de reinserción social ni de protección de derechos humanos, por el contrario, impone políticas que colapsa los centros de reclusión preventiva con mayor hacinamiento.
   

Juicio ante la Corte IDH

El representante del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en Bolívar, Luis Manuel Guevara, informó que se espera en los próximos días la fecha para el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por el caso de los cinco internos que murieron calcinados el 30 de junio de 2005 en el Centro de Tratamiento y Diagnóstico Monseñor Juan José Bernal, antiguo Instituto Nacional del Menor (INAM), en San Félix.

El 5 de abril de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte IDH el Caso 12.890, José Gregorio Mota Abarullo y otros (muertes en la cárcel de San Félix), Venezuela, el cual se relaciona precisamente con el fallecimiento de estos cinco internos: José Gregorio Mota Abarullo, Gabriel de Jesús Yáñez Sánchez, Rafael Antonio Parra Herrera, Cristian Arnaldo Molina Córdova y Johan José Correa.

“La CIDH determinó que la responsabilidad del Estado se funda en la falta de medidas de prevención ante la posibilidad de hechos de violencia dentro del centro como consecuencia de la continuidad de situaciones también atribuibles al Estado; así como en la negligencia del personal del centro y el Cuerpo de Bomberos en sus acciones para apagar el incendio y salvar la vida de las víctimas”, señaló Civilis DD HH.

La comisión también consideró que “la falta de equipamiento y material adecuado del Cuerpo de Bomberos para poder apagar el incendio y entrar a la celda para auxiliar a las víctimas, también constituyó una omisión atribuible al Estado. Adicionalmente, declaró la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial respecto de los y las familiares de las víctimas, debido a que el Estado no les proveyó un recurso efectivo para esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes”, agregó la organización.

En 2006 fueron imputados los presuntos responsables, pero el caso sigue impune.

La situación de los centros de reclusión en el estado Bolívar se hace más crítica en la medida que el Estado obvia su responsabilidad por velar por los derechos humanos de los privados de libertad, y garantizar un sistema de reinserción social.

Por el contrario, la desidia estatal incide en variables como el hacinamiento en las cárceles y comisarías, lo que potencia a su vez las condiciones para el contagio de enfermedades y muertes de reclusos.

Luis Manuel Guevara, miembro del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se refirió a la situación del Centro Penitenciario de Oriente El Dorado, en el municipio Sifontes del estado Bolívar.

“Hay un gran problema de desnutrición y alimentación de los internos. Están consumiendo agua directamente del río Cuyuní, que está contaminado con mercurio. Los familiares han denunciado la situación, y adicionalmente les colocaron la visita solo una vez al mes, lo cual va en contra de sus derechos constitucionales”, denunció Guevara.

Es allí mismo, en lo que inicialmente era Colonia Móvil de Trabajo El Dorado, donde han fallecido reclusos tras enfermarse de malaria, tuberculosis o hepatitis. En ocasiones llevan un camión cisterna, otras veces funciona la bomba de agua, pero cuando esto no sucede, los internos se organizan para cargar agua desde el río. Esa agua no solo la consumen, también la usan para el aseo, por lo que son propensos a contraer enfermedades de la piel.

“Estas personas no son trasladadas a los tribunales de Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar, lo que violenta su derecho a la defensa, y al estar en el sur de Bolívar, el hospital más cercano queda en Tumeremo; si no cuentan con recursos y a los familiares no les permiten el ingreso de medicinas, ¿cómo sobreviven los internos?”, cuestionó el defensor de derechos humanos.

La cárcel de El Dorado, inaugurada el 21 de octubre de 1944 y que inició con 100 reclusos de la penitenciaría de isla del Burro, en el estado Carabobo, tiene una capacidad para 250 internos. En 2017, el hacinamiento rondaba el 280% -de acuerdo con el informe de ese año de la ONG Una Ventana a la Libertad-, en la actualidad se estima sea de aproximadamente 600%, al tener una cantidad estimada de 1.500 reclusos.

Guevara destacó que precisamente por razones de hacinamiento, desde hace aproximadamente cinco años no hay nuevos ingresos en el Internado Judicial de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar. Esto “en virtud de una orden emanada, según directivos del penal, por parte del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, así se lo hacen saber a los diferentes tribunales en Bolívar”, acotó.

La capacidad de la cárcel de Vista Hermosa es de 400 reos, pero en la actualidad rondan los 1.050, lo que equivale a 262.5% de hacinamiento.

No hay una política de Estado coherente para enfrentar esta situación, y en cambio usa a los centros de reclusión preventiva. El Centro de Control Policial de Guaiparo, en San Félix, tiene una capacidad de 60 reclusos. Es en esta comisaría a donde suelen trasladar a toda la población que no pueda ingresar a Vista Hermosa u otra cárcel. Guevara estimó que la cantidad de internos actualmente sea de 800 personas, lo que sobrepasa 1.333,33% su capacidad.

Guevara señaló que el Estado viola el artículo 272 de la Constitución que establece que “el Estado debe garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”.

De acuerdo con el informe anual de 2019 de Una Ventana a la Libertad, los cinco estados que presentan más apresados en los centros de detención preventiva son: Zulia; Distrito Capital, Anzoátegui, Lara y Nueva Esparta.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reveló esta semana que su equipo en Venezuela ha podido realizar varias visitas a cárceles en las que han entrevistado a 28 personas “de manera confidencial”, documentando “más de 130 casos de presuntas violaciones de derechos humanos de personas privadas de la libertad”.

 La cárcel de Vista Hermosa no recibe ingresos de nuevos reos por hacinamiento que sobrepasa el 260% 

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