jueves, 17 de junio de 2021 | 5:25 AM

Diputados de oposición aún sin consenso sobre la continuidad del mandato de la AN

El Bloque Constitucional y un grupo de diputados enarbolan la extensión del mandato de la Asamblea Nacional después del 5 de enero de 2021. Pero las dudas sobre cómo hacerla viable en medio de la persecución judicial asaltan a otros parlamentarios.

A escasos 35 días del 5 de enero, fecha pautada constitucionalmente para la instalación de una nueva Asamblea Nacional, los diputados de la oposición aún no alcanzan el consenso sobre las dos aristas centrales de la tesis de la continuidad del mandato de la AN: el qué y el cómo.

Todo apunta a que la directiva de la AN y la conducción del G4 espera los resultados de la consulta popular para avanzar en la definición del carácter que tendrán los diputados electos en 2015, a partir del 5 de enero próximo. A lo interno, la mayoría de los diputados de AD, La Causa R y VP avalan la propuesta, mientras en las otras fracciones (PJ, UNT y entre las minorías) las posturas son más variadas.

Por ejemplo, existen temores fundados de que si avalan la continuidad institucional –término acuñado por el profesor de derecho constitucional, Juan Manuel Rafalli– se recrudecerá la persecución y se verán forzados al exilio. Estos diputados se preguntan cómo podrían servir a la causa de la recuperación de la democracia en cualquiera de esas dos condiciones.

Una respuesta a esa inquietud la planteó un parlamentario cuyo nombre se omite a petición: “La continuidad del mandato se tiene que asumir sin complejos entre los que están fuera y los que están dentro. Ya venimos operando de manera virtual. Y ante la persecución y el acoso, lo importante es legitimar formas que nos permitan seguir operando. El mundo está consciente de la complejidad del caso venezolano”.

Por otro lado, entre aquellos que respaldan la propuesta de extender el mandato hasta lograr el “cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres”, surge la duda de cómo operar de manera efectiva como diputados o como comisión parlamentaria delegada luego del 5 de enero.

“¿Qué voy a hacer el 6 de enero? ¿Quién me va a juramentar? ¿Cómo voy a seguir haciendo política en el país? Estamos ante un dilema. Porque este no es un problema jurídico sino político. Todavía tenemos un par de semanas para definir. Pero es complicado”, señaló otro diputado, que también pidió no citar su nombre.

Ley de preservación de la AN

Al día de hoy existen al menos dos propuestas conocidas que intentan responder al cómo materializar la continuidad: una es la que trabajan exmagistrados integrantes del Bloque Constitucional y la otra de La Causa R. Ambas iniciativas datan de septiembre de este año.

La del Bloque, que inicialmente se llamaría ley de mutación de la AN pero que ahora podría llamarse ley de preservación de la AN legítima, coincide con la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV. Esta tesis sostiene que la Asamblea Nacional actual es el único poder público legítimo, cuyo mandato emergió directamente de la soberanía popular y se respalda en los artículos 333 y 350 de la Constitución.

El 333 establece el deber de todo ciudadano de contribuir a la restitución de la vigencia constitucional y el 350 manda a desconocer cualquier “régimen, legislación o autoridad” que contraríe su texto.

Conforme a esos argumentos, sostiene el Bloque Constitucional, Nicolás Maduro no sería presidente legítimo, el TSJ carece de autoridad legítima, el CNE y las convocatorias que de él emanen son inexistentes, y lo mismo aplica para el Poder Ciudadano. De manera que el único poder público vigente, representativo de la voluntad ciudadana, sería el Poder Legislativo, al que le tocaría guiar el camino para la restitución del resto de los poderes.

El Bloque Constitucional ratificó su postura en un documento que hizo circular esta semana denominado Asamblea Nacional Legítima, en el que explica el origen de la legitimidad de la AN y se declara en apoyo a la continuidad de su mandato.

Reforma del Estatuto

La otra propuesta es la planteada por La Causa R, que se centra en una reforma del Estatuto para la Transición. Este partido consignó un proyecto de acuerdo a la directiva de la AN en el que señala que toda la legalidad del gobierno interino radica en la legitimidad de la Asamblea Nacional, de la letra de la Constitución (fundamentalmente de los artículos 333 y 350) y del Estatuto para la Transición a la Democracia.

En tal sentido, dice LCR, es necesario reformar el Estatuto para “extender el mandato de la presente Asamblea Nacional hasta tanto se celebren elecciones libres para escoger nuevos representantes populares de forma legítima y constitucional”.

Agregan que esta medida se tomaría “aplicando el principio universal del derecho de la continuidad institucional, el cual también se aplicará a todos los cargos transitorios nombrados por la Asamblea Nacional”. A saber los más de 30 representantes diplomáticos en el exterior, las juntas directivas ad hoc de instituciones del Estado, los cargos de contralor especial y procurador especial, así como los comisionados presidenciales.

Un tercer parlamentario involucrado en las discusiones sobre el destino de la AN –cuyo nombre se omite a petición– consideró que se debe “preservar lo útil del gobierno interino y eliminar algunos cargos para hacerlo realista y útil”.

El medidor de “realismo y utilidad” vendría dado por los resultados que hayan podido alcanzar desde su designación, a los fines del reconocimiento y vigencia del gobierno interino.

LCR agrega que a partir del 5 de enero próximo se ratifique a la actual junta directiva y se cree una comisión especial con representación proporcional de todos los partidos que sería la manera para materializar la continuidad del mandato parlamentario.

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