domingo, 13 de junio de 2021 | 10:01 PM

Criminalización de ONG Azul Positivo perjudica a beneficiarios de ayuda humanitaria en Zulia

Movimiento de derechos humanos rechaza la detención de los directivos de la organización que tiene a su cargo un programa de ayuda alimentaria para poblaciones vulnerables en el estado Zulia.

Diferentes organizaciones no gubernamentales se unieron para rechazar y denunciar el ataque contra la ONG Azul Positivo, como parte de la continua política de criminalización del régimen de Nicolás Maduro en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana contra el Sida, Alberto Nieves, destacó que, si bien estos ataques no son nuevos, son hechos que no normalizan porque afectan la labor en la defensa de los derechos humanos y de dar respuesta ante el vacío gubernamental.

“Rechazamos la criminalización contra nuestros compañeros de Azul Positivo. Es una organización que nació en el Zulia en 2004, en respuesta de la población juvenil, estudiantes universitarios y recién graduados para responder al impacto de la epidemia. Zulia es el segundo estado en Venezuela con mayores casos de VIH”, destacó Nieves.

Agregó que las actividades de Azul Positivo buscan fomentar el ejercicio y participación ciudadana, especialmente en la prevención del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), ya que desde 2006 no hay campañas informativas en Venezuela por parte del Estado, para educar en prevención de esta enfermedad.

Ante la pandemia de COVID-19, la ONG inició campañas de medidas de prevención del coronavirus, y ofrecieron talleres para la fabricación de mascarillas artesanales. Asimismo hacen trabajos relacionados con el VIH en la zona fronteriza del Zulia, y acompañan programas de ayuda con Acnur y el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas.

Investigados bajo la justicia militar

En este caso no solo hubo una detención arbitraria en contra de directivos de la ONG Azul Positivo, sino que además eran investigados bajo la justicia militar, cuando legalmente los civiles deben ser procesados bajo un tribunal de su naturaleza.

Después de casi 48 horas de arresto, Codhez informó que los directivos de Azul Positivo serían trasladados a tribunales penales de jurisdicción ordinaria, ya que los tribunales militares declinaron la competencia.

La jueza del Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Yesiré Rincón Pertuz, será quien llevará el caso de los directivos de Azul Positivo.

El coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Zulia (Codhez) y en representación de la Red de Derechos Humanos del estado Zulia (Redhez), Juan Berríos, ofreció un recuento del ataque hacia Azul Positivo.

El 11 de enero, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvo al dueño de un local comercial en el municipio San Francisco del estado Zulia, donde la ONG lleva su programa de ayuda alimentaria.

De allí amenazaron con llevarse a algunos miembros del programa de ayuda, pero solo apresaron al comerciante, quien luego de rendir declaraciones, fue liberado la madrugada del 12 de enero, según las primeras informaciones que recibieron.

Berríos destacó que la comunicación ha sido difícil y en vista de que defensores legales tampoco han tenido acceso, se obstaculiza la verificación de información.

Luego los funcionarios citaron telefónicamente a Johan León Reyes, director general de Azul Positivo, y le dijeron que se comunicarían posteriormente para decirle la hora en que debía presentarse.

“Sin embargo, el 12 de enero a las 8:30 am aproximadamente, una comisión de 15 funcionarios de la Dgcim se presentó en la oficina de la organización para realizar un procedimiento administrativo, como ellos le llaman, relacionado con las actividades de ayuda humanitaria que realiza en diferentes comunidades”, recordó Berríos.

Johan León Reyes, director general de la ONG, Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social, fueron sometidos a interrogatorios sobre el trabajo humanitario y revisión de sus equipos. Posteriormente los llevaron a la sede de la Dgcim sin tener acceso a la asistencia legal.

Además de la detención de estos integrantes, confiscaron tres equipos de computación, 12 tarjetas del beneficio de ayuda alimentaria, el banco de datos de beneficiarios y cinco equipos telefónicos, mencionó Berríos.

Durante todo este tiempo no han tenido comunicación con abogados, solo después de 24 horas del allanamiento se permitió el ingreso de alimentos y enseres personales, mas no han podido verificar su estado físico, aun cuando uno de ellos, Yordy Bermúdez, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) unas semanas atrás.

Más de 43 mil beneficiarios

Desde 2015, el trabajo de Azul Positivo ha beneficiado a más de 43.292 personas, y entre junio y noviembre de 2020 ofrecieron de manera gratuita 999 pruebas rápidas de VIH.

“Esto se inscribe en un patrón de criminalización del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y recientemente lo hemos visto orientado hacia la defensa de derechos humanos y ayuda humanitaria, y el flujo libre de comunicación está afectando a los medios de comunicación”, manifestó el presidente de la ONG Acción Solidaria en VID/Sida, Feliciano Reyna.

Destacó que una de las vías de la criminalización es la referida al derecho de movilizar recursos de la cooperación internacional, recibirlos e implementarlos.

“No solo recursos económicos, sino todo lo que contribuyan a participar, acompañar a las víctimas y solucionar problemas que están afectando a la población. Están haciendo que esa acción se convierta en una actividad ilícita cuando es todo lo contrario, y que es parte de la responsabilidad del Estado contribuir a evitar más daño y sufrimiento a las poblaciones”, afirmó Reyna.

En horas del mediodía de este jueves, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas instó al Estado venezolano a detener el acoso en contra de los trabajadores humanitarios y defensores de derechos humanos en Venezuela.

“Estamos profundamente preocupados por los continuos y crecientes ataques contra la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas. Instamos a las autoridades a que dejen de atacar a las personas por realizar un trabajo legítimo”, expresó la organización en su cuenta en Twitter @UNHumanRights.

El caso de Azul Positivo viene en conjunto con una serie de arremetidas iniciadas por el régimen desde los primeros días de 2021, acciones que empezaron con el ataque hacia medios de comunicación independientes. Esto conllevó a que VPI TV anunciara el cese temporal de sus operaciones en Venezuela debido a la confiscación de sus equipos, el cierre de oficinas y sala de redacción en Caracas, después de un allanamiento realizado por Conatel y el Seniat.

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