domingo, 9 de mayo de 2021 | 12:26 AM

Control Ciudadano denuncia hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos por informar sobre tragedia de Güiria

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, establece que acciones como “la intimidación” y la “amenaza a los comunicadores sociales (…) viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

En un comunicado, la organización Control Ciudadano denunció que Mario Silva, militante del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro de la gubernamental Asamblea Nacional Constituyente y conductor del programa La Hojilla, que se transmite a través de la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), ha usado su programa y su cuenta en la red social Twitter para amenazar, intimidar y hostigar a la periodista del portal informativo Crónica.Uno, Yohana Marra y a la defensora de derechos humanos y presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, por informar sobre la tragedia en la que perdieron la vida, al menos 20 personas, que salieron en un bote desde de Güiria, estado Sucre, con rumbo a Trinidad.

También amenazó y hostigó al periodista y director de la organización no gubernamental Espacio Público, Carlos Correa y al presidente del Colegio Nacional de Periodistas.

“El pasado domingo 13 de diciembre Silva, hostigó y expuso al escarnio público, a través de su cuenta en la red social Twitter @LaHojillaenTV, a Yohana Marra y a Rocío San Miguel.  Silva hizo la publicación, luego de que Marra y San Miguel informaran sobre la muerte de 19 personas que salieron desde Güiria, estado Sucre, a bordo de una lancha, rumbo a Trinidad”, profundizó la organización.

Silva calificó a San Miguel como “golpista” y a Marra como “una palangrista de suceso”. Además mencionó los usuarios de ambas en Twitter y publicó una fotografía de San Miguel y otra foto de una periodista a quien se presume confundió con Marra.

El mensaje fue replicado por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez quienes ejercen como presidente y vicepresidente de la República, con lo que auparon la campaña de estigmatización, acción que resulta contraria al respeto y defensa de los derechos humanos que tienen la obligación de realizar quienes cumplen funciones en organismos estatales.

Abren investigación contra quienes informaron sobre el hecho

Un día después, el lunes 14 de diciembre, el gobierno de Nicolás Maduro informó a través de un comunicado firmado por la A/J Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz que: “Se ha iniciado igualmente, una investigación para determinar informaciones difundidas por extremistas de la oposición venezolana, que curiosa y extrañamente precedieron a los resultados de la investigación”.

En un nuevo comunicado emitido este miércoles sobre los hechos de Güiria, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz reitera que ha abierto una investigación contra quienes han informado sobre el hecho y acusa a los medios de hacer una campaña perversa sobre el caso: “(…) se está investigando la participación de voceros del extremismo venezolano en la generación de zozobra que han utilizado esta tragedia humana como un dispositivo mediático con fines macabros y perversos, causando más dolor a quienes ya padecen los efectos del cruel bloqueo criminal promovido por los mismos que pretenden sacar rédito político de este trágico y extraño accidente”.

“Rechazamos, en ese sentido, la campaña emprendida por las corporaciones mediáticas cómplices de una estrategia de guerra contra el pueblo venezolano basada en el terrorismo sicológico y la manipulación de la realidad”, añade el comunicado del ministerio.

“Este señalamiento constituye una amenaza judicial y una advertencia, dirigida a silenciar la información sobre la tragedia ocurrida en Güiria y a promover la autocensura entre periodistas, defensores de derechos humanos y familiares, para evitar la difusión de información que permita conocer la gravedad y alcance de lo ocurrido”, explicó Control Ciudadano.

Por lo demás, la actuación del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz resulta contraria al derecho a la información y a la libertad de expresión, así como a la prohibición de censura, contemplados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Preocupa que ante un hecho tan grave como la muerte de 20 venezolanos (que se sepa hasta ahora) que intentaban salir del país buscando mejores condiciones de vida, el gobierno de Nicolás Maduro se enfoque en intentar medidas para silenciar a quienes informan sobre este lamentable hecho, en lugar de priorizar la toma de acciones urgente para evitar que se sigan perdiendo vidas”, suscribió la organización.

Hostigamientos y amenazas a través de televisora estatal

En la noche del 15 de diciembre, Mario Silva, a través de su programa televisivo La Hojilla, transmitido a través de la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), acusó a Marra y a San Miguel de “tarifadas” y “mercenarias”. Arremetió también contra el periodista Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión. Dijo públicamente los usuarios en la red social Twiter de San Miguel, Marra y de Espacio Público, “pa’ que me los hagan famosos”.

Mostró una fotografía de Correa y lo acusó de haber participado en el golpe de Estado de 2002 y lo hostigó por defender a Yohana Marra y a Rocío San Miguel.  

Dijo que Correa y San Miguel son “tarifados del imperio norteamericano, para trabajar en contra de la revolución”. Descalificó también al portal informativo Infobae, por la cobertura que hizo del Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020 de la Corte Penal Internacional.

De igual forma se refirió con descalificaciones al presidente del Colegio Nacional de Periodistas Tinedo Guía y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. “Tú, tú, Tinedo Guía, fuiste uno de los que estuvo participando en el golpe de Estado en los medios del año 2002, conjuntamente con Miguel ratoncito, Miguel Ángel Rodríguez. Ustedes tienen una historia golpista desde hace varios años”.   

Mencionó, también, al diario El Nacional y a medios europeos que difundieron la noticia de lo ocurrido en Güiria.

“Ahora cada vez que ellos traten de manipular una noticia le voy a dar hasta en la cédula, les voy a dar hasta en el cielo de la boca”, dijo Silva. Y añadió “es que tenía que dale palo a esos sinvergüenzas” (sic).

El mismo 15 de diciembre, Barry Cartaya, quien se identifica como periodista y trabaja también en Venezolana de Televisión (VTV), acusó a Yohana Marra y a Rocío San Miguel de formar parte de una conspiración para informar con “saña” y “perversidad” sobre el caso de Güiria, durante una transmisión a través del canal estatal.

Estos actos, que se han venido sucediendo, de intimidación son contrarios a los estándares internacionales para la libertad de expresión, que señalan que toda persona tiene derecho de buscar, recibir y difundir información, sin recibir ningún tipo de discriminación por ejercer este derecho.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que acciones como “la intimidación” y la “amenaza a los comunicadores sociales (…) viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”. Con esta actuación Silva pone en riesgo la integridad de los periodistas y defensores de derechos humanos, propiciando otras posibles acciones de hostigamiento y agresión contra ellos.  

Además viola el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Y establece: “Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”.

De igual forma, la actuación de Silva es violatoria de la Ley Contra la Corrupción que en su artículo 13 establece que: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares”.

Silva, además de usar los espacios de un bien público, como la televisora estatal Venezolana de Televisión para hostigar, amenazar, ofender y someter al escarnio público a periodistas y defensores de derechos humanos, usa su espacio en este canal para promover la ideología política del Partido Socialista Unidos de Venezuela, incurriendo en corrupción y ignorando los principios de pluralidad, e imparcialidad que debe caracterizar a un auténtico servicio público de radio y televisión.  (Con información de Control Ciudadano)

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