viernes, 29 marzo 2024
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Campaña de las parlamentarias redundó en violaciones al marco legal electoral

Las promesas electorales fuera del rango de competencias legislativas y la omisión de las medidas de bioseguridad contra la pandemia de COVID-19 formaron parte de la agenda proselitista del Gran Polo Patriótico.

El 15 de septiembre, mucho antes del inicio de la campaña electoral para las parlamentarias del 6 de diciembre, ya se promocionaban a los candidatos de la alianza del Gran Polo Patriótico (GPP), empleando recursos públicos y asumiendo gestiones de instituciones cuyas funciones no les corresponde, ni como candidatos ni como eventuales diputados de la Asamblea Nacional.

Fue el caso de la entrega de siete transformadores eléctricos que entregó el alcalde del municipio Roscio, José Martínez, junto con los candidatos del circuito 3, Nancy Ascencio y Yanni Alonzo. Esta entrega, aunque no forma parte de las atribuciones de una Asamblea Nacional, se usó para promover las candidaturas, vendiendo la idea de ayuda a esta población.

Una vez en campaña, también se aprovechó la apertura de una oficina del Movimiento por la Paz y la Vida para la atención de casos de violaciones de derechos humanos en El Callao, para la promoción de ambos candidatos del circuito 3.

Los encargados de esta oficina sostuvieron que formaba parte de una directriz de Nicolás Maduro, con el apoyo de Yanni Alonzo.

En el caso de Ascencio, llamó la atención tres de sus propuestas durante una entrevista radial en El Palmar. Primero, la creación de una zona económica especial para el sur de Bolívar; la promoción de una ley que genere recursos por la explotación de minerales auríferos y no auríferos, y que -sostuvo- se destinarían a las áreas: social, salud, educación y servicios públicos.

Asimismo, destacó la idea de impulsar desde el Parlamento la construcción de un hospital general para el sur de Bolívar, promesa que tampoco forma parte de las competencias de la Asamblea Nacional, como poder legislativo.

Las jornadas de salud en Gran Sabana y Roscio, hechas por las alcaldías o Gobernación, también se aprovecharon como actos de campaña.

Del resto de los candidatos se desconocen las propuestas, más allá de afirmar que impulsarán al menos 12 proyectos de leyes de Nicolás Maduro.

En Caroní, donde uno de los candidatos es quien ha estado al frente de la presidencia de la arruinada Alcasa, Ángel Marcano, más allá de una oferta parlamentaria, trabajadores simpatizantes del oficialismo sostienen que con él lograrán un nuevo contrato colectivo y la recuperación de la producción de la empresa.

De hecho, la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) ha denunciado en reiteradas oportunidades que la introducción de un proyecto de contrato colectivo para el sector aluminio no fue más que una estrategia para captar votos en las parlamentarias convocadas por el régimen.

Uso de los recursos

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), bajo complicidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), acostumbra a violar la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y su Reglamento General, el cual prohíbe el uso de fondos públicos para campaña electoral.

En el cierre de campaña en el polideportivo Venalum, no solo se usaron más de 50 autobuses para movilizar a los asistentes, sino que muchas de estas unidades forman parte del transporte público de Ciudad Guayama, transporte de personal hospitalario, y hasta una unidad de Sidor.

El artículo 205 de la Lopre estipula también la prohibición de hacer campaña en edificaciones donde funcionen órganos y entes públicos. La apertura de campaña se hizo en la sede de CVG Alcasa.

Los centros educativos, en especial de los municipios al sur de Bolívar, también fueron espacios usados para promocionar los candidatos del GPP.

Rasgos de la campaña electoral

De acuerdo con el boletín 54 del Observatorio Electoral Venezolano, “el oficialismo se apoya, principalmente, en consejos comunales, alcaldías y gobernaciones, mientras que la oposición que participa se ampara en sus estructuras de partidos”.

   
Entre los hechos más notorios observados durante el monitoreo de la campaña electoral fue el irrespeto a los protocolos biosanitarios | Fotos William Urdaneta

El estudio de observadores de esta organización reportó que consejos comunales (69,4%), alcaldías (59%), gobernaciones (51,7%) y empleados públicos (48,6%) estuvieron desarrollando actividades o eventos electorales a favor del GPP.

“Esta es una práctica que se repite desde procesos electorales anteriores, a pesar de que el marco jurídico nacional prohíbe expresamente a los funcionarios y empleados públicos expresar parcialidades político-partidistas de ningún tipo en el ejercicio de sus cargos”, indica el boletín.

En los actos de apertura y clausura de la campaña en Bolívar asistieron empleados no solo de las industrias básicas, también de Inviobras, Hidrobolívar, Seniat, Saren, Bolívar Gas, entre otros.

El OEV recuerda que en vista de la pandemia de COVID-19, el Reglamento Especial de esta campaña establece que las actividades de reuniones públicas, manifestaciones, y tipo de evento de masas, “quedarán sometidas al régimen excepcional vigente, y que debería ser estricta la observancia y el cumplimiento de los protocolos sanitarios y de bioseguridad. Pero el reglamento también incorpora unas condiciones especiales referidas en el artículo 15: A instancia de parte, se podrán evaluar las condiciones especiales propuestas por las organizaciones con fines políticos y autorizar aquellos actos que no vulneren las medidas vigentes”.

Las medidas de bioseguridad formaron parte de las omisiones sanitarias de las campañas oficialistas.

Informe de la Red Electoral Ciudadana

A pocos días del evento parlamentario de este año 2020, las organizaciones reunidas en la Red Electoral Ciudadana (REC) y en el Diálogo Social presentaron un informe con el resultado de la observación y seguimiento realizado durante la etapa previa a las elecciones.

“Venezuela se aproxima por lo tanto al final de 2020 enfrentando un evento electoral que acentuó, en forma alarmante, el deterioro de las condiciones y garantías ciudadanas y el derecho a elegir, debilitando al mismo tiempo el espacio democrático”, alertan las organizaciones.

Y frente al profundo desgaste de las condiciones de vida de los venezolanos, en el marco de una emergencia humanitaria compleja que no distingue colores políticos, “se hace imperativo el retorno de la noción de respeto a la vida y la dignidad humana al centro de la acción política. Urge por lo tanto avanzar en la reconstrucción de la ruta electoral, donde se restituya el derecho a elegir, la participación ciudadana y la confianza en el voto como instrumento de cambio democrático”.

El monitoreo del proceso electoral desarrollado ampliamente en el informe que se presenta, ha permitido finalmente señalar al evento electoral del 6 de diciembre como carente de autenticidad, transparencia y equidad.