sábado, 25 de septiembre de 2021

Bachelet reitera urgencia de “solución política” ante continuo deterioro de derechos sociales y económicos

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró esencial que la comisión técnica que visita Venezuela, y particularmente el estado Bolívar este jueves, tenga “acceso total e irrestricto” a la realidad.

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La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este miércoles un informe oral sobre la situación en Venezuela en el que manifestó su preocupación por “la magnitud y la gravedad” de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos en el país, “que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”, expresó.

Durante su comparecencia en el 40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Bachelet informó que la visita del equipo técnico de su oficina, que este miércoles llegó al estado Bolívar, es una primera medida positiva que, prevé, conducirá a un acceso continuo de la oficina en el futuro. “Es esencial que el equipo tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos”, dijo.

La Alta Comisionada destacó que desde la publicación del último informe sobre Venezuela, en junio de 2018, los derechos sociales y económicos se han deteriorado, siendo los más afectados los grupos de población más vulnerables: niños, mujeres embarazadas, ancianos y pueblos indígenas. “Por ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos”, expresó.

Recalcó que mientras la situación se deteriora, las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de salud, alimentación y servicios básicos, “por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”.

“La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha agravado esta situación, al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha afectado gravemente a los hospitales. Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales”, admitió.

De acuerdo con el registro del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), las protestas de febrero de 2019 -57 diarias, en promedio- escalaron 260% con respecto al mismo mes de 2018, este último un año récord en conflictividad social.

Bachelet precisó que, según una encuesta reciente, más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, “la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país”.

En este contexto, manifestó su preocupación por que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con repercusiones sobre la población, aunque admitió que la devastadora crisis comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017.

De igual manera, consideró preocupante la reducción del espacio democrático por la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas. “En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación. Sobre muchas de estas preocupaciones hemos hecho hincapié en nuestros comunicados de prensa, y en el informe que presentaremos al consejo durante el periodo de sesiones de junio ofreceremos información detallada al respecto”, adelantó.

La comisión técnica que llegó a Venezuela hace más de una semana se ha reunido con víctimas de violaciones de derechos humanos. En el caso del estado Bolívar, está previsto que se reúna con representantes laborales que llevarán la voz de los trabajadores perseguidos y detenidos por protestar.

Ejecuciones extrajudiciales y cerco a la prensa

En su informe oral, relató que la Oficina del Alto Comisionado investiga las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad. Precisó que en el 2018 se informó de al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), mientras que otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas.

“Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno. En determinados casos, los parientes de las víctimas denunciaron que la oficina del fiscal general se había negado explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES. La mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y había participado en protestas antigubernamentales. Me preocupan particularmente los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación”, sostuvo.

Asimismo planteó el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y el uso de la ley contra el odio para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, “lo cual termina por generar autocensura. Este contexto tiene una importante repercusión sobre el derecho de las personas a la información”.

Dijo que como resultado de la vasta crisis humanitaria más de 3 millones de personas han huido de Venezuela, muchas en precarias condiciones de salud y con poco dinero y con enormes obstáculos para conseguir la documentación para migrar. La masiva diáspora ha generado una avalancha de migrantes en países de la región, a los que aplaudió por los esfuerzos “para abordar las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos y les aliento a que continúen el combate contra la xenofobia y la discriminación, y mantengan el acceso a su territorio”.

Finalmente, Bachelet consideró que “la polarización está agravando una situación ya de por si crítica” y urgió un acuerdo sobre “una solución política” con medidas para mejorar una “amplia gama de problemas urgentes de derechos humanos”.

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