martes, 28 de septiembre de 2021

Bachelet reitera que ingresos de los venezolanos son “insuficientes” para garantizar una vida digna

La jefa de la oficina de Derechos Humanos de la ONU reclama a Maduro un refuerzo de los servicios básicos, “particularmente para los grupos más vulnerables”, y ha lamentado “la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas”. | Foto DPA

La jefa de la oficina de Derechos Humanos de la ONU reclama a Maduro un refuerzo de los servicios básicos, “particularmente para los grupos más vulnerables”, y ha lamentado “la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas”. | Foto DPA

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha reconocido que las “sanciones sectoriales” adoptadas contra Venezuela y la pandemia de COVID-19 han contribuido a empeorar la crisis social y económica, en pleno debate sobre el resultado de unas negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en las que la expresidenta chilena ha dicho “confiar”.

“Confío en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos”, ha declarado Bachelet, al actualizar desde Ginebra su informe sobre la situación en el país sudamericano, seguido con atención desde Caracas.

Ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet ha repasado la labor de su oficina en Venezuela, que se remonta a los últimos dos años y ha logrado ampliar su personal de seis a doce trabajadores, previo acuerdo con un chavismo que tradicionalmente ha visto con recelo cualquier vigilancia de la ONU.

 

La alta comisionada reclamado un refuerzo de los servicios básicos, “particularmente para los grupos más vulnerables”, y ha lamentado “la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas”

 

Bachelet, que espera seguir “profundizando” en esta cooperación, ha lamentado que los programas económicos y sociales puestos en práctica en los últimos años no hayan logrado elevar uno nivel de ingreso que sigue siendo “dramáticamente bajo”, “insuficiente para garantizar un nivel de vida adecuado”.

En este sentido, ha reclamado un refuerzo de los servicios básicos, “particularmente para los grupos más vulnerables”, y ha lamentado “la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas”, punto en el que ha echado en falta más peso de la sociedad civil.

“Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas”, ha añadido, reiterando una de sus habituales críticas.

Otra de las recurrentes reivindicaciones de la oficina de Derechos Humanos pasa por reformas policiales y judiciales, a la que Bachelet también suma un llamamiento “a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente”. La antigua mandataria chilena ha asegurado que 152 personas han sido excarceladas desde junio de 2020 en el marco de los casos compartidos a través de los mecanismos de cooperación.

Repercusiones de las sanciones 

Bachelet considera que la situación humanitaria y económica que Venezuela venía arrastrando desde hace años se ha visto “agravada” tanto por la pandemia como por las “sanciones sectoriales”, lo que limita “aún más” el acceso de la población a servicios básicos. “Reitero mi llamado a que se levanten las sanciones sectoriales”, ha añadido.

Félix Plasencia, nuevo ministro de Exteriores del gobierno de Maduro, tilda de “falaz” y “tendencioso” el último informe de la ONU sobre Venezuela | Foto Prensa Presidencial

El gobierno de Maduro ha esgrimido esta parte del informe de Bachelet para denunciar el “efecto perverso” de los castigos, de los que Caracas responsabiliza principalmente a Washington. Estima que los ingresos han caído un 99 por ciento y cree que las sanciones equivalen a “crímenes de lesa humanidad”, algo que ha esgrimido también ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores venezolano también considera que el informe reproduce “fallos” de otros documentos previos y afirmaciones “sin fundamento alguno” y que “no han sido debidamente contrastadas”.

En ese sentido, el Gobierno “rechaza las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos”, que enmarca “en el guión político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela”.

Las autoridades venezolanas y la oficina de Bachelet han renovado un año su acuerdo de cooperación, algo que para Caracas ratifica su buena voluntad para cooperar. Sin embargo, el ministerio que dirige Félix Plasencia también ha instado a la ONU actuar “con base en el respeto a la verdad y a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo”.

La oposición, por su parte, ha incidido en su valoración del último informe en la reclamación para que cese la “persecución” contra activistas en Venezuela. El Centro de Comunicación Nacional, que opera como brazo mediático de Juan Guaidó, cree que este análisis “deja nuevamente en evidencia” a la “dictadura” de Maduro.


Para la Cancillería, el informe omite mencionar que “en cada una de las 26 visitas realizadas a centros de detención y sedes de organismos de inteligencia, la oficina de la alta comisionada ha podido entrevistarse con centenares de personas privadas de libertad, conforme a sus propias pautas de actuación”, que habrían “confirmado el pleno respeto a su integridad personal en los establecimientos donde permanecen recluidos”.

Por último, ha ratificado la voluntad del Gobierno de mantener “canales de comunicación y diálogo” con la oficina de Bachelet sobre “la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no politización, respeto a la soberanía y diálogo constructivo sin agendas geopolíticas al servicio de poderes hegemónicos contrarios al derecho internacional”.

El informe de la oficina de Bachelet, publicado el jueves, exponía que Naciones Unidas ha continuado recibiendo “denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, así como informes “de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación”, a lo que agregaba que no tenía conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021. (Con información de DPA)

[Para leer el informe íntegro puede acceder a este enlace de la Caleidocopio Humano]

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