domingo, 16 de mayo de 2021 | 11:06 AM

Bachelet reitera que fallas de servicios básicos agrava la situación humanitaria en Venezuela

La Cancillería tilda de “infundados” los señalamientos y anuncia que someterá a revisión la relación con la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD HH. | Foto DPA

La Cancillería tilda de “infundados” los señalamientos y anuncia que someterá a revisión la relación con la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD HH. | Foto DPA

El gobierno de Nicolás Maduro ha lamentado este jueves que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “ceda ante la presión” y pierda su “rigor y objetividad” al hacerse eco de “campañas mediáticas ideologizadas”, en referencia a las últimas acusaciones sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales en el país.

“Es muy preocupante que la alta comisionada ceda ante la presión de actores anti venezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad, haciéndose eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideologizadas como hechos”, señala un comunicado del Gobierno, compartido en redes sociales por el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas abordó este jueves con varias organizaciones la situación de crisis política y humanitaria de Venezuela en un encuentro que desde Caracas consideran “politizado” y “promovido por Estados Unidos a través del Grupo de Lima”, lo que supone, remarca, una “clara violación a las normas y principios que rigen el tratamiento de los derechos humanos”.

Durante su intervención, Bachelet, que destacó “las medidas positivas tomadas por el Gobierno de Venezuela”, apuntó también que “continúan las denuncias de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las operaciones de seguridad”, en referencia a un informe lanzado el miércoles por un grupo de expertos independientes de la ONU.

“Al menos catorce personas murieron durante un operativo realizado en el barrio caraqueño de La Vega”, señala un informe del alto comisionado con respecto a dicho encuentro, en el que también se subrayó como la dificultad de acceder a los servicios básicos desde septiembre “había contribuido a provocar protestas sociales y agravó gravemente la situación humanitaria”.

Antes estas aseveraciones, Venezuela lamenta que la información de la que dispone Bachelet, “pese a la presencia de su oficina en el terreno y a los fluidos mecanismos de diálogo” con las autoridades, “no dista mucho de la que difunden los gobiernos y los medios que aspiran a un escenario de violencia en Venezuela”.

Ante estos “infundados señalamientos”, el gobierno del presidente, Nicolás Maduro, ha avanzado que “someterá a revisión la relación con la oficina de la alta comisionada y la próxima renovación de la carta de compromiso”, con el fin de garantizar “los principios de objetividad, imparcialidad y no injerencia”.

Cuadro de violaciones

El miércoles, un grupo de expertos independientes sobre derechos humanos de Naciones Unidas conocido como Misión de Determinación de los Hechos difundió un informe en el que se acusaba a las fuerzas de seguridad de Venezuela de cometer asesinatos extrajudiciales y de hostigar y perseguir no sólo a la oposición, sino también a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias bajo el concepto de “enemigos internos”.

Acusaciones que fueron rechazadas por el Gobierno venezolano, cuyas autoridades recalcaron el “palpable doble rasero y el uso político” de “esta pseudo misión”, pues está “promovida por un reducido grupo de gobiernos” con graves situaciones internas de violaciones de los derechos humanos”.

Hace una semana el presidente venezolano y la alta comisionada mantuvieron un encuentro por videoconferencia, que Maduro calificó de “excelente” y en el que apuntó se conversó sobre los efectos negativos de las sanciones contra Venezuela”, así como otros asuntos relacionados en la lucha contra la pandemia.

Esta semana también se conoció el informe Lupa por la Vida –un estudio de Provea y el Centro Gumilla– que revela la letalidad de los cuerpos policiales durante la pandemia.

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