domingo, 28 de noviembre de 2021

Bachelet advierte incremento de migración irregular de venezolanos y uso de rutas más peligrosas

En la actualización oral del informe sobre Venezuela, la alta comisionada expuso que esta migración irregular se debe a los mayores requisitos de ingreso a algunos países de tránsito y destino, pero también a dificultades para obtener pasaporte, cuyo costo subió 70%.

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Restricción a las libertades públicas

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sostuvo que han recibido denuncias de actos de hostigamiento, amenazas y detenciones por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación.

Habló sobre actos de intimidación en redes sociales contra varios periodistas antes de las manifestaciones de la oposición del 16 de noviembre y sobre el allanamiento de la sede de un medio de comunicación digital por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 19 de noviembre. “La Dgcim también detuvo brevemente a tres periodistas y a sus conductores que estaban cubriendo el allanamiento de la sede del medio de comunicación”, puntualizó.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió este miércoles sobre el incremento de la migración irregular de venezolanos debido a los mayores requisitos de ingreso a algunos países de tránsito y destino, así como por las dificultades para obtener pasaporte, cuyo costo de emisión subió 70%. La alerta fue parte de la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Precisó que, según la Plataforma de Coordinación de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes de Venezuela, se estima que 4,7 millones de personas venezolanas han abandonado el país y el número se elevará a 6,5 millones al final de 2020, según las proyecciones.

Pero en los últimos meses, dijo, ha crecido la utilización de rutas más peligrosas y la exposición al tráfico y trata de personas. “Entre abril y junio de 2019, 102 migrantes que se dirigían a las islas del Caribe en tres embarcaciones habrían desaparecido por razones aún no esclarecidas. Hasta la fecha se desconoce el paradero de 32 mujeres, 10 adolescentes, tres niños y 46 hombres”.

En el informe, Bachelet destacó que la situación económica y social sigue afectando los derechos económicos y sociales de la población venezolana y precisó que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la economía sufrirá en 2019 una contracción del 25,5%, alcanzando una pérdida acumulada del producto interno bruto del 62,2% desde 2013.

“A pesar de que en los meses recientes se ha registrado una mejoría en el abastecimiento de alimentos, tan solo una minoría de la población con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos debido a la hiperinflación y la dolarización de facto de la economía”, afirmó, al agregar que el salario mínimo actual solo cubre 3,5% de la canasta básica alimentaria.

Manifestó que el escrutinio del sector financiero derivado de las recientes sanciones económicas “sigue impactando negativamente en la economía y a los servicios públicos a todos los niveles”, por lo que se requiere mayor información oficial detallada para determinar el alcance preciso de las sanciones en la implementación de los programas sociales.

En este ámbito, resaltó que las fallas de los servicios públicos continúan y mencionó la situación del estado Zulia, uno de los más afectados en el país, en el que su equipo constató largas colas para comprar combustible y cortes prolongados y reiterados de electricidad, que afectan el suministro de agua. “Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos. Millares de zulianosas han migrado al extranjero o a la capital del país”, afirmó.

Destacó que la situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes es preocupante, e informó que el último mes se recibió información de la muerte de tres niñas del servicio de hematología y un niño del servicio de oncología del Hospital Pediátrico J.M. de los Ríos. De los 39 niños y niñas con necesidad de un trasplante de médula ósea, dijo, 15 se encuentran en una situación crítica.

Citó cifras de Cáritas que estimó en noviembre que, en las parroquias más pobres de 19 estados del país, 11,9% de los niños y niñas muestran señales de malnutrición aguda, 56% superior a la de 2018; y que 32,6% tienen retardo en el crecimiento. “Cáritas también informó que 48,5% de las mujeres embarazadas atendidas tienen deficiencias nutricionales”, precisó.

Recintos penitenciarios

La alta comisionada informó que en los últimos tres meses han realizado nueve visitas a centros de detención gestionados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Ministerio de Defensa y lograron entrevistar de manera confidencial a más de 70 personas privadas de libertad. “En el mismo periodo mi oficina ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena. Estos casos se han puesto a consideración del Comité de Coordinación inter-institucional”, dijo.

Destacó la excarcelación en septiembre y octubre de 28 personas privadas por motivos políticos “e instó a las autoridades a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares”. En este punto, instó a otorgar libertad plena al diputado Juan Requesens.

Bachelet sostuvo que en las movilizaciones nacionales convocadas por la oposición, a mediados de noviembre, el despliegue de fuerzas de seguridad fue considerable y, en algunos casos, “las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes para impedir que se concentraran; se registraron más de 20 detenciones en este contexto, de las cuales al menos cinco personas siguen detenidas en el estado Lara”.

Manifestó su preocupación por los niveles de violencia, los asesinatos del exconcejal opositor Edmundo Pipo Rada Angulo y del exgobernador oficialista Johny Yáñez Rangel y manifestó que desde agosto, han seguido documentando denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), “principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales”.

Detalló que según cifras del Fiscal General, 770 funcionarios han sido acusados por violaciones a los derechos humanos desde agosto de 2017 a la fecha, de los cuales 509 han sido imputados, 393 privados de libertad y 131 condenados. “Es importante conocer el número total de denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas ante el Ministerio Público en dicho periodo, incluyendo por supuestas ejecuciones extrajudiciales, para poder evaluar el impacto de la labor del Ministerio Público en esta materia”, dijo.

Violencia en el AMO

La Alta Comisionada alertó sobre los “altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares” en el estado Bolívar, involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco.

“Entre el 22 y 23 de noviembre, en la comunidad de Ikabarú, ubicada en el territorio indígena Pemón, fueron asesinadas ocho personas con armas de fuego, incluyendo un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, un indígena Pemón y un adolescente. El Ministerio Público anunció la detención de 13 presuntos responsables de la matanza, quienes serían miembros de una banda delictiva que buscaba apoderarse del territorio para practicar la minería ilegal”.

Bachelet dijo que recibieron información sobre miembros de la comunidad que huyeron por temor, tras los hechos. “Reconozco los esfuerzos de investigación realizados por el Ministerio Público y exhorto a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades afectadas y desarticular los grupos armados irregulares presentes en la zona”, dijo.

2020 electoral

La Alta Comisionada destacó que 2020 será un año electoral y “es crucial garantizar las libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas”. Bajo esos criterios, manifestó su preocupación por el levantamiento de la inmunidad de cinco diputados de la oposición, elevando a 30 el total de parlamentarios despojados de inmunidad, a lo que se suma -añadió- los actos de hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

“También me preocupan los llamados por parte de autoridades de alto nivel para seguir armando a las milicias, así como la presentación, ante la Asamblea Nacional Constituyente, de una propuesta de ley que fortalece e incorpora la milicia nacional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

En ese sentido, reiteró el llamado a retomar las negociaciones para alcanzar una solución a la crisis política y económica “y devolver la esperanza a la población”.

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