domingo, 13 de junio de 2021 | 5:27 AM

Asedio judicial contra el Parlamento permitió instauración del Estado de facto en Venezuela

El Observatorio Venezolano de la Justicia detalla en su informe anual los hechos que en 2019 marcaron un mayor deterioro de la institucionalidad a partir un gobierno cada vez más totalitario.

Al menos 56 diputados de la Asamblea Nacional han sido perseguidos por órganos de seguridad del Estado desde su elección, seis fueron inhabilitados por la Contraloría General de la República, otros seis suspendidos por el caso de Amazonas, a 14 se le ha violado el derecho a su identidad y libre circulación.

Además, para diciembre de 2019, 14 diputados estaban exiliados y 4 curules de la oposición quedaron sin diputados, porque tanto el principal como el suplente están fuera del país o alguno de ellos está preso.

Estos son parte de los datos que detalla el informe anual de Acceso a la Justicia, sobre la consolidación de un Estado de hecho (de facto) en Venezuela.

Un gobierno de facto (de hecho, en su traducción al español) es un gobierno que ejerce el poder por la fuerza, sea mediante coacción o manipulación del derecho, siendo generalmente un gobierno ilegítimo e ilegal.

“La crisis institucional entre el Ejecutivo nacional y la Asamblea Nacional ha propiciado importantes disputas entre ambos poderes en 2019, sobre todo a partir de la falta de un Poder Judicial independiente. El desconocimiento de la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional y en general, los ataques al Parlamento fueron una constante durante el año 2019, lo cual contó con el apoyo incondicional del Tribunal Supremo de Justicia”, señala el informe.

  
La Operación Libertad (abril 2019) – calificada por el TSJ como intento de golpe de Estado – derivó en una escalada de la persecución contra diputados | Foto EFE

Desde la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el TSJ lo desconoció por medio de medidas cautelares sin que hasta ahora conste la existencia de la sentencia. Luego, el 28 de marzo, el contralor general Elvis Amoroso lo inhabilitó por 15 años para cualquier cargo público.

“Más adelante, el 30 de abril, el presidente del Parlamento y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, llevó a cabo la que denominó Operación Libertad, donde hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional para ponerse del lado de la Constitución. El Tribunal Supremo de Justicia calificó este hecho como un golpe de Estado, y comenzó a enjuiciar a varios diputados opositores bajo la tesis de la flagrancia.

Los delitos imputados fueron traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir; usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado, previstos y sancionados por el Código Penal venezolano”, detalla Acceso a la Justicia.

Fue así como el número de diputados enjuiciados por el TSJ en 2019 subió de 5 a 29. De ellos, encarcelaron a un diputado, el vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, excarcelado luego bajo medidas sustitutivas.

El informe recuerda que en 2019 también fue encarcelado Gilber Caro, quien ya había sido enjuiciado por orden del TSJ en 2017 por un tribunal militar y había sido liberado en junio de 2019. De los 24 diputados enjuiciados el año pasado, por el TSJ, a 22 les allanaron la inmunidad parlamentaria por la ANC.

“Aunque de los 24 parlamentarios, 21 son principales, la ANC allanó la de 22 diputados, pues pareciera considerar que Juan Andrés Mejía es principal, probablemente por ser el suplente del diputado Freddy Guevara, a resguardo en la Embajada de Chile en Caracas desde 2017, enjuiciado también por el TSJ en ese año y a quien además le fue allanada su inmunidad por la ANC”, explica la ONG.

El informe destaca que a tan difícil panorama se suman los casi diez años de iniciado el proceso contra la jueza María Lourdes Afiuni.

“La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos pidió su liberación plena, pero no le es concedida, por lo que el efecto Afiuni sigue vivo. Es decir, un juez que no se pliegue al gobierno puede ser encarcelado y torturado, no solo destituido de su cargo sin procedimiento alguno”, alertan.

Autonomía universitaria vulnerada

A mediados de 2019 la vulneración de la autonomía y libertad académica, así como la intromisión en la designación de autoridades universitarias fueron denunciadas por Acceso a la Justicia.

Desde el gobierno de Hugo Chávez se intenta implantar un sistema paralelo de educación superior no autónomo, subordinado al Ejecutivo nacional, llamado Misión Sucre, que a su vez creó la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Luego vinieron la Misión Alma Máter, las universidades politécnicas territoriales, la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, la Universidad Nacional Experimental de los Pueblos del Sur, y los complejos universitarios socialistas Alma Mater.

“En ese contexto la Asamblea Nacional, controlada en ese momento en su totalidad por el partido de gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sanciona la Ley Orgánica de Educación, que prevé que las elecciones universitarias se realicen en proporción igualitaria para profesores, estudiantes, empleados y obreros, cuando, en cambio, la Ley de Universidades del 8 de septiembre de 1970 establece que son los reglamentos normados con autonomía por cada consejo universitario, los instrumentos aptos para regular los comicios de las casas de estudio y limita el electorado al claustro universitario”, sostienen.

Esto impidió que las universidades nacionales realizaran sus procesos electorales de acuerdo con sus propios reglamentos.

Gestión del sistema de justicia

El tercer capítulo del informe de Acceso a la Justicia se refiere a la gestión del sistema de justicia en Venezuela, cuyo TSJ no presenta un informe de gestión anual desde 2012, ya que solo se limita a un discurso por parte del presidente de apertura del año judicial.

“El pasado 31 de enero de 2020, el TSJ dio inicio formal a sus actividades con el acto de apertura judicial y su presidente, magistrado Maikel Moreno, ofreció un discurso que fue presentado como informe anual de gestión. Sin embargo, apenas tuvo datos para evaluar el desempeño del organismo y del Poder Judicial en su conjunto, mientras que sí estuvo cargado de amenazas a la disidencia y mensajes que dejan clara la alineación de la justicia venezolana con el gobierno de Nicolás Maduro Moros”, recuerda la ONG en su informe.

  
Acceso a la Justicia confirma en su informe 2019 la alineación de la justicia venezolana con el gobierno de Nicolás Maduro

De acuerdo con Moreno, el TSJ resolvió en 2019 dolo 2.893 casos, cuando en 2018 fueron 4.400.

En 2017, la entonces presidenta del máximo tribunal de Venezuela, Gladys Gutiérrez, aseguró que en 2016 el Poder Judicial había dictado 1.591.661 fallos en todos los ámbitos materiales y territoriales.

“Para Acceso a la Justicia las cifras anteriores indican una importante disminución de la productividad de los tribunales de aproximadamente 73%, aunque también incide en ello, sin duda, la gran reducción de casos ingresados”, acota.

La ONG afirma que esto evidencia la opacidad del Poder Judicial, que se vio agravada además en 2019 por la falta de publicación de sentencias en las que fueron condenados 20 diputados de la oposición. Entre ellos Juan Guaidó, Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella, Winston Flores, Rafael Guzmán, Juan Pablo Guanipa, Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli.

“Lo anterior demuestra que en este período 2019 no hubo ningún avance, por el contrario se produjo un importante retroceso, especialmente en lo relativo al rol del Poder Judicial como garante del estado de derecho. En definitiva, para Acceso a la Justicia queda claro que la agenda del sistema de justicia en el país estuvo orientada hacia la estructuración de medidas que siguen fortaleciendo la tendencia totalitaria de Maduro”, destaca la organización.

Acceso a la Justicia es una ONG dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela. Sus informes ofrecen una visión de contexto sobre estos ámbitos y demuestra cómo se ha consolidado un estado de hecho en el país, como consecuencia del quiebre institucional y de la emergencia humanitaria compleja, que lo aquejan ya desde 2015.

Concluye que 2019 “fue un año marcado por la lucha entre lo que queda de democracia y un régimen autoritario con vocación totalitaria, que busca imponer su modelo político de manera definitiva”.

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