Luisa Quintero | TalCual
La Asamblea Nacional inició formalmente el receso legislativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 219 de la Constitución, e instaló de forma privada la comisión delegada que funcionará en reemplazo de la plenaria, pese a que la convocatoria se hizo pública a los medios de comunicación.
En la “instalación” de la comisión delegada, al cual los medios no tuvieron acceso, solo se convocó a la primera sesión extraordinaria de este periodo, según dijo el presidente Juan Guaidó.
Para esta sesión extraordinaria, convocada para el 18 de agosto, se tiene previsto debatir sobre la crisis de la industria petrolera, un proyecto de acuerdo en agradecimiento a la comunidad internacional por su apoyo al rechazo de las elecciones, y otro acuerdo en rechazo al cierre de las fronteras.
La comisión delegada (artículo 195 de la Constitución) está compuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, los vicepresidentes del parlamento, así como los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes.
Dicha comisión tiene como atribuciones, además de la convocatoria a sesiones extraordinarias, la autorización al Ejecutivo para decretar créditos adicionales, aprobación de permisos al Presidente para salir del país, ejercer las funciones de investigación atribuidas a la Asamblea Nacional o autorizar al Ejecutivo la creación, modificación o suspensión de los servicios públicos en caso de urgencia comprobada.
La Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, quien además es reconocido como mandatario interino por más de 50 países, no es reconocida por el gobernante venezolano Nicolás Maduro y el resto de los poderes públicos por supuestamente incurrir desde 2016 en “desacato”.
Bajo este argumento, las atribuciones del parlamento venezolano han sido desconocidas, y luego de la instalación de la asamblea constituyente en agosto de 2017, han sido usurpadas por este órgano no reconocido por la comunidad internacional. Debido a esto, la Asamblea Nacional se ha restringido en ciertas funciones, como la promulgación de leyes, para evitar que sean paralizadas o desconocidas por el Ejecutivo.
