sábado, 22 de enero de 2022

Adolescente de 16 años de edad dirigía ingreso ilegal de personas a Venezuela

El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado en reiteradas ocasiones el paso de ‘trocheros’ sin realizar los protocolos sanitarios correspondientes para autorizar su ingreso.

Un adolescente de 16 años que dirigía el ingreso ilegal de connacionales a Venezuela, a través de las trochas del municipio Pedro María Ureña, fue retenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, junto a cuatro ciudadanas que retornaban de territorio colombiano, al ser sorprendidos en flagrancia, en momentos que se desplazaban por uno de los caminos irregulares, en los cuales las autoridades venezolanas han incrementado su presencia, con la finalidad de disminuir y eliminar factores de propagación del COVID-19.

El procedimiento fue practicado en horas de la tarde del jueves, por efectivos del Destacamento 212, con sede en San Antonio del Táchira, en momentos que cumplían labores de vigilancia y patrullaje en la zona de frontera, y advirtieron que por la trocha conocida como Yukpa, en las inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander, en Ureña, se desplazaba un pequeño grupo de personas con bolsos y maletas, que provenía de territorio colombiano, e intentaban evadir los puestos de control sanitario.

Voceros del Comando de Zona Nº 21 Táchira, de la GNB que comanda el general de brigada Juan Sulbarán Quintero, informaron sobre el incremento en la frontera, de la Operación Escudo Bolivariano III Salud Segura 2020, para velar por el cumplimiento del decreto presidencial N° 4.230, dictado en el marco del estado de alarma nacional y atender la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19. Este decreto establece restricciones de la circulación y libre tránsito en jurisdicción de los municipios Simón Bolívar y Pedro María Ureña del estado Táchira.

Se ha determinado que una gran cantidad de casos importados, proceden del vecino país, en su mayoría traídos por personas que ingresaron evadiendo los controles sanitarios de tipo preventivo, implementados para evitar la propagación y el contagio del COVID-19. Se trata de ciudadanos que intentan regresar a Venezuela, procedente de países con alta incidencia y pretenden hacerlo por vías irregulares, concretamente por las denominadas trochas. Estas personas se convierten en factores reales de riesgo, y en una amenaza para la población, temerosa, que al mismo tiempo que está exigiendo a las autoridades mantener estrictamente los controles de tipo epidemiológicas, se mantiene alerta en sus comunidades, para detectar e informar inmediatamente sobre casos sospechosos.

Las retornadas detenidas quedaron identificados como: T. A. Carvajal Torres, con residencia en el municipio Palavecino del estado Lara; A. G. Solís, del municipio Caroní, estado Bolívar y Y. Guillén, residenciada en El Junquito, Distrito Capital. El cuarto detenido es también una dama de nombre R. T. Carvajal Torres, de nacionalidad colombiana. En cuanto al adolescente que servía de guía al grupo, no se aportó detalles y tan solo se dijo que cuenta con 16 años de edad y es de nacionalidad venezolana.

Las cinco personas fueron sometidas bajo medidas de bioseguridad a la prueba rápida de despistaje, con resultados negativos, en tanto que el caso fue notificado a las fiscalías XXIV y XXVI del Ministerio Público.

Dijo finalmente el informante que toda persona que venga del exterior deberá someterse a las medidas de control epidemiológico, a manera de descarte y permanecer en cuarentena en los puntos de atención social integral (PASI). Las cuatro mujeres detenidas en la trocha Yukpa fueron trasladadas a un PASI, y deberán cumplir con la respectiva cuarentena, antes de continuar viaje a los lugares donde tienen residencia. Tres de ellas provenían de Bogotá y una de Cúcuta, según las investigaciones y pagaron por ser pasadas a través de los denominados caminos verdes.

Se ratificó que toda persona que sea sorprendida introduciendo al país grupos de retornados, a través de rutas ilegales conocidas como trochas, será detenida y colocado a órdenes del Ministerio Publico por presunto tráfico de personas, a quienes cobran altas sumas de dinero en dólares y pesos para de manera irregular a territorio venezolano. La orden es de enviarlos a las colonias móviles de El Dorado, en el oriente del país.

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