lunes, 18 de octubre de 2021

“Actuaciones de las autoridades venezolanas revelan temor ante lo que pueda decidir la Fiscalía de la CPI”

La ONG Acceso a la Justicia analizó los reclamos que hace el fiscal Tarek William Saab, quien califica de discriminatoria e injusta la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el caso Venezuela. | Foto Archivo

La ONG Acceso a la Justicia analizó los reclamos que hace el fiscal Tarek William Saab, quien califica de discriminatoria e injusta la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el caso Venezuela. | Foto Archivo

En los últimos meses, y con mayor énfasis en los últimos días, el régimen de Nicolás Maduro, en especial el fiscal general impuesto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ha denunciado que la Corte Penal Internacional (CPI) le está dando un “trato desigual” al informe que su despacho remitió al organismo y que la instancia no está garantizando el debido proceso en el caso Venezuela.

El 15 de junio, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), la jurista gambiana Fatou Bensouda, dejó el cargo para ser reemplazada por el británico Karim Khan. Si bien hasta las 12:00 pm (hora de Venezuela) no hizo el esperado anuncio sobre pasar a investigación ante la propia corte el caso de Venezuela, relativo a los posibles crímenes cometidos por lo menos desde abril de 2017, es probable que su sucesor lo anuncie pronto, señala la ONG Acceso a la Justicia.

Esta organización analizó algunos de los señalamientos de las autoridades nacionales sobre el trabajo realizado por el organismo con sede en La Haya.

Uno de ellos es que el 1 de mayo, Saab anunció que su despacho había remitido un tercer informe al despacho de Bensouda y se quejaba de que “esta comunicación solo se está desarrollando por parte del Estado hacia la Fiscalía de la CPI y no viceversa”.

Insistió en su queja de no haber logrado entablar interlocución con el despacho de la jurista africana y, por lo tanto, se está violando según su criterio tanto el Estatuto de Roma como el reglamento del juzgado.

“El Ministerio Público entregó a la CPI desde el 30 de noviembre de 2020 diez documentos sin ninguna respuesta”, escribió el 14 de junio por Twitter el fiscal, y criticó que “los casi 4 mil folios de una ardua y profesional labor de judicialización realizada por el Ministerio Público para sancionar violaciones a los derechos humanos sea respondida con silencio”.

El funcionario se refería a los cinco informes sobre la labor hecha por su despacho para investigar delitos como las ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ocurridas en 2017, así como a los reportes sobre cómo en las redes sociales se busca ocultar esa labor; y a los dos escritos que ha presentado en la Sala de Cuestiones Preliminares y en la propia Fiscalía de la CPI.

Sin embargo, Bensouda replicó la denuncia de falta de cooperación y sostuvo que su oficina ha mantenido extensos contactos con Venezuela, incluso con las más altas autoridades.

¿Sin acceso al expediente? 

El 27 de mayo Saab dijo que solicitaron información sobre el material y las pruebas pertinentes del examen preliminar, y agregó que no se le había proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados.

“Las denuncias que sustentan el llamado caso Venezuela I son de conocimiento público. La primera querella fue presentada en noviembre de 2017 por la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien acusó a Nicolás Maduro y a cuatro generales (Vladimir Padrino López, Néstor Reverol Torres, Gustavo González López y Antonio Benavides) de estar incursos en crímenes de lesa humanidad. El contenido del escrito de 495 páginas, que la funcionaria llevó a La Haya, fue reproducido ampliamente por los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. En febrero de 2018, la fiscal Bensouda abrió de oficio el examen preliminar sobre Venezuela”, recordó Acceso a la Justicia.

También recordó que hubo una segunda denuncia en 2018 presentada por seis países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sustentaron su acción en un informe elaborado por un grupo de expertos convocados por la organización hemisférica. Allí se acusa a las autoridades nacionales de cometer delitos tipificados en el Estatuto de Roma, y ese texto también es público.

“Algo llamativo de las acciones de Saab es que pese a quejarse de que desconoce qué está investigando la Fiscalía de la CPI, le pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que excluya de su análisis “documentación sustraída ilegalmente” y que no acepte “fuentes de información y denuncias que se acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin rigor probatorio alguno”, observó Acceso a la Justicia.

La ONG señaló a su vez, que la denuncia de Ortega Díaz se fundamenta en pruebas que recabó el Ministerio Público hasta que fue destituida en agosto de 2017 por la Constituyente, por lo que dichas pruebas están en el organismo. La funcionaria llevó a La Haya 39 carpetas y 12 CD que contenían 1.690 evidencias que probarían que desde que Maduro llegó al poder, en marzo de 2013, se han producido al menos cinco crímenes de lesa humanidad (asesinatos, ejecuciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura).

Sobre las informaciones que de manera privada han remitido organizaciones o víctimas, la ONG destaca que el Documento de política general sobre exámenes preliminares, que regula el detalle de estos, indica en su párrafo 87 que: “Con respecto a las informaciones presentadas con arreglo al artículo 15 y al testimonio oral o escrito recibido en la sede de la Corte, el Fiscal tiene el deber de proteger la confidencialidad de dichas informaciones o testimonios o tomar las demás medidas que sean necesarias”. Por lo tanto, la Fiscalía no está obligada a revelar estos medios probatorios hasta que se pase a la fase de investigación.

Trato discriminatorio 

Otras de las quejas de Saab es que el caso venezolano avanza con mayor rapidez que los relacionados con Colombia, Guinea o Irak, pese a tener la misma complejidad.

“Consideramos que la afirmación del fiscal impuesto por la Constituyente es una falacia, pues no es cierto que los casos de Colombia, Guinea e Irak sean similares en complejidad al de Venezuela. El primero y el último tienen que ver con conflictos armados, mientras que el segundo es el resultado de la represión ocurrida luego de un golpe de Estado, de modo que ni los hechos son parecidos ni lo largo de un examen preliminar es indicio de una mejor investigación. De hecho, de los veintinueve exámenes realizados por la Fiscalía hasta la fecha once -más de una tercera parte- han durado menos que el de Venezuela”, sostuvo Acceso a la Justicia.

La organización también desestimó las denuncias de que en el examen preliminar que conduce la Fiscalía de la CPI se viole el derecho a la defensa y el debido proceso, ya que no se trata de un juicio. “No hay partes ni concluye con una decisión absolutoria o condenatoria. Mal puede haber violación al debido proceso cuando no hay un proceso, ni puede haber violación al derecho a la defensa cuando no hay imputados ni enjuiciados”.

Precisó la ONG que “los casos ante la CPI son contra personas, no gobiernos, de modo que no puede violarse el derecho a la defensa de un gobierno cuando el mismo nunca va a ser juzgado por la corte, sino algunos de sus funcionarios”.

Para Acceso a la Justicia, “las actuaciones de las autoridades venezolanas revelan temor ante lo que pueda decidir la Fiscalía de la CPI, pues dicha decisión marcaría un hito histórico, en primer lugar porque podría abrir las puertas a la primera investigación relacionada con hechos ocurridos fuera de África y Asia; en segundo, porque podría abrir las puertas para que las víctimas de la represión gubernamental consigan la justicia que los tribunales venezolanos le han negado; y en tercero, porque enviará un poderoso mensaje a los líderes, no solo nacionales sino también del continente americano, de que actuaciones fuera de la ley y de los tratados internacionales tienen un costo”. (Con información de Acceso a la Justicia)

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