martes, 26 de octubre de 2021

Acceso a la Justicia identifica al menos seis vicios en la designación del nuevo CNE

El Observatorio Venezolano de Justicia hace un recuento de las irregularidades en el nombramiento de los rectores, anomalías legislativas que aumenta la duda en su credibilidad en un escenario de desconfianza en el voto. | Foto cortesía

El Observatorio Venezolano de Justicia hace un recuento de las irregularidades en el nombramiento de los rectores, anomalías legislativas que aumenta la duda en su credibilidad en un escenario de desconfianza en el voto. | Foto cortesía

La desconfianza en el recién nombrado Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene su base en los vicios de esta designación, que desatiende aspectos previstos en la legislación venezolana.

La ONG Acceso a la Justicia destacó que si bien, por primera vez en más de una década, fue la Asamblea Nacional (AN), y no el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la que designó a los miembros del CNE, el saltarse lo que prevé la legislación “aumenta las dudas sobre la legitimidad de las designaciones y puede hacer difícil la posibilidad de recuperar la confianza en la institución del voto como mecanismo para superar la grave crisis política e institucional de Venezuela”.

Desde los comicios del 6 de diciembre de 2020, Acceso a la Justicia detectó al menos seis vicios. El primero de ellos es precisamente la legitimidad de esa Asamblea Nacional.

La actual AN fue producto de un proceso electoral viciado, que comenzó cuando la Sala Constitucional del TSJ designó un CNE ilegítimo que organizó unas elecciones parlamentarias a la medida de los intereses del gobierno de Nicolás Maduro. Las votaciones celebradas el pasado 6 de diciembre de 2020 negaron y violaron el principio democrático y el principio de pluralismo político, por lo tanto, la ciudadanía mal puede sentirse representada por este Parlamento prácticamente unicolor”, recordó la ONG.

 

Esta nueva etapa del CNE tiene la difícil tarea de establecer un marco que garantice la reconciliación nacional por medio de elecciones justas, equitativas y libres, y para ello tiene claramente que demostrar su carácter autónomo e independiente ante los intereses políticos del gobierno de Maduro…”

Agregó que se trata de un Poder Legislativo carente de pluralidad, autenticidad y legitimidad, ya que en ese proceso se aseguró la victoria del oficialismo al impedir la representación de la mayoría de los partidos de la oposición, luego de que fueran intervenidas sus juntas directivas.

Además, “las dudas sobre la transparencia del proceso comicial hicieron que decenas de gobiernos e instituciones no reconocieran sus resultados”.

Como segundo vicio, la ONG señala la existencia de un comité evaluador alejado del mandato constitucional. 

“Otro aspecto que mancha al CNE actual está relacionado con la designación del Comité de Postulaciones Electorales (CPE), instancia que seleccionó a los aspirantes a rectores. ¿La razón? Su constitución descansó en la cuestionable constitucionalidad del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), norma que estipula que el comité debe estar integrado por veintiún miembros, de los cuales once son diputados. Esta previsión es absolutamente contraria a lo que dispone el artículo 295 constitucional, el cual señala que el órgano evaluador “estará integrado por representantes de los distintos sectores de la sociedad” y no por diputados, aunque sea parcialmente”, explicó.

Es así que en el proceso de renovación del CNE, seis de los 11 diputados del comité fueron de las filas del oficialismo. Además, varios de los 10 representantes de la sociedad civil aparecieron vinculados al partido gobernante; por ejemplo, dos de ellos integraron la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), denunció Acceso a la Justicia.

Selección opaca 

Como tercer vicio, Acceso a la Justicia menciona que la selección de los representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Electorales estuvo llena de opacidad, en vista de que la comisión preliminar en ningún momento dio a conocer la metodología para elegir a los candidatos, ni los criterios y el baremo utilizado.

“Casi sobra decirlo, pero esta manera de proceder, sin ninguna transparencia, no ofrece una garantía de seguridad jurídica. Indudablemente la falta de conocimiento acerca de cómo se eligieron los representantes de la sociedad civil dificulta establecer los controles adecuados para asegurar una integración plural e independiente de esta instancia de la AN”, recalcó la organización.

En cuarto lugar, hubo modificaciones en el cronograma, una vez iniciado el proceso, pese a que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece un lapso de 14 días continuos, sin ninguna posibilidad de ser modificado para presentar nombres de posibles árbitros.

“Pese a que el comité había cumplido con la fase de postulación y selección de los aspirantes a rectores del CNE, la instancia evaluadora decidió abrir otra convocatoria, bajo la excusa de que la cuarentena decretada por el gobierno para combatir la pandemia de COVID-19 impidió que muchos aspirantes pudieran hacer el trámite correspondiente. La fijación de los lapsos en la LOPE trata de limitar la discrecionalidad del Comité de Postulaciones Electorales, al tiempo que favorecer un clima de confianza en el proceso y verificar que este se lleve a cabo según parámetros acordes al Estado de Derecho y bajo criterios democráticos”, explicó la ONG.

La ONG Acceso señala que la selección de los representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Electorales estuvo llena de opacidad

Como quinto vicio detectado, está el hecho de que el artículo 296 de la Constitución establece que el CNE estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de los cuales serán postulados por la sociedad civil, uno por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno por el Poder Ciudadano. “No obstante, al momento de realizar las designaciones, la AN oficialista realizó unos cambios que ponen en entredicho la credibilidad del proceso. Así lo denunció la asociación civil Súmate”.

Tal fue el caso del exdiputado y ahora vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, quien había sido postulado por el sector de las universidades, pero fue seleccionado por la AN como uno de los representantes de la sociedad civil. También sucedió con el exministro de Educación Superior y actual presidente del árbitro electoral, Pedro Calzadilla, quien fue postulado por la sociedad civil, pero nombrado como representante del Poder Ciudadano.

“La dimensión de esta irregularidad se extiende también a los rectores suplentes Leonel Parica, Saúl Bernal, Conrado Pérez y León Arismendi, quienes fueron postulados por la sociedad civil, el Poder Ciudadano, y las universidades, respectivamente, pero fueron seleccionados por la AN en representación del Poder Ciudadano, en el caso de Parica, y por la sociedad civil el resto de los nombres”, acotó la ONG.

Como sexto vicio, destaca los vínculos partidistas de los rectores, lo que viola el artículo 294 de la Constitución.

La organización Súmate denunció que 60% de los miembros del nuevo árbitro electoral CNE (tres rectores principales y seis suplentes) está o estuvo vinculado con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Súmate agregó que tres rectores principales (Tania D’Amelio, Pedro Calzadilla y Alexis Corredor) y seis suplentes (Carlos Quintero, Francisco Garcés, Leonel Parica, Rafael Chacón Guzmán, Gustavo Vizcaíno y Saúl Bernal) fueron objetados por esta organización; por su clara y evidente vinculación con el PSUV.

Asimismo, “Calzadilla, quien ahora preside el CNE, fue ministro de Educación Superior y de Cultura, mientras Corredor fue miembro de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, D’Amelio antes de llegar al CNE en 2007 fue diputada a la AN por el chavismo; además, tanto ella como el suplente Carlos Quintero formaron parte del CNE designado írritamente por la Sala Constitucional, mediante sentencia N° 70 del 12 de junio de 2020, y ambos han sido sancionados por el Gobierno de Estados Unidos”.

Además de su pasado partidista, D’Amelio es la única que repite como rectora, lo cual va en contra del artículo 8 de la LOPE, que permite la reelección hasta un máximo de dos períodos. Este sería su tercer período en el organismo.

“Pero no solo el chavismo parece tener a sus rectores. El vicepresidente del organismo, Enrique Márquez, fue dirigente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y gracias a esa formación fue electo diputado durante la legislatura 2015-2020”, acotó Acceso a la Justicia.

¿Cómo afecta al venezolano? 

La ONG hizo hincapié en que estas irregularidades reduce la legitimidad del nuevo CNE, y afecta su credibilidad y confianza entre los venezolanos. Sin embargo, considera que dependerá de cómo actúe de cara a futuros procesos electorales.

“En todo caso, esta nueva etapa del CNE tiene la difícil tarea de establecer un marco que garantice la reconciliación nacional por medio de elecciones justas, equitativas y libres, y para ello tiene claramente que demostrar su carácter autónomo e independiente ante los intereses políticos del gobierno de Maduro que tiene la costumbre de que sean satisfechos sin ningún inconveniente”, puntualizó la ONG. (Con información de Acceso a la Justicia)

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