lunes, 26 de julio de 2021 | 10:41 PM

Tenemos derecho a vivir en paz

En las últimas semanas, los habitantes de la parroquia de La Vega, oeste de Caracas, han sido afectados por la acción de bandas delictivas y de operativos de funcionarios. Tienen derecho a vivir en paz y no tienen ese derecho garantizado.

En las últimas semanas, los habitantes de la parroquia de La Vega, oeste de Caracas, han sido afectados por la acción de bandas delictivas y de operativos de funcionarios. Tienen derecho a vivir en paz y no tienen ese derecho garantizado.

@luisaconpaz

“Alejandro fue uno de los heridos en el operativo. Murió por una bala perdida”. Era un buen muchacho, deportista, apreciado por sus vecinos. Eso comentó el padre Alfredo Infante SJ, párroco de La Vega, Caracas, en el programa Vladimir a la 1, en Globovisión, el 17 de junio pasado.

Se refería el padre a las secuelas del más reciente operativo de la Policía Nacional Bolivariana en la parroquia La Vega. Alejandro, víctima inocente, al igual que una enfermera. También en las zonas vecinas, hubo heridos… Se parece a una guerra no declarada en la cual la población civil, desarmada, se encuentra indefensa entre dos fuegos: las bandas de delincuentes, por un lado, y muy bien armadas, por cierto, y las autoridades por el otro.

No es fácil vivir así, en zozobra permanente. Con miedo a todo: circular para hacer lo mínimo, como buscar agua, o ir al trabajo. Con miedo a las acciones de ambos bandos. Pues los uniformados hacen allanamientos, según denuncias, no siempre legales. Se habla de detenciones presuntamente arbitrarias…

Según nuestra Constitución, los venezolanos tenemos derecho al libre tránsito (artículo 50). También tenemos derecho a que se respete la integridad física (artículo 46). Y no olvidemos que la Constitución también contempla que el derecho a la vida es inviolable (artículo 43). Pero ninguno de esos derechos está garantizado cuando se vive entre balas.

Imagine usted el escenario: varios operativos policiales en lo que va del año. Víctimas mortales dejó el de enero, llevado a cabo por las FAES: más de 20 muertes por supuesta “resistencia a la autoridad”, recuerda el comunicado de Cofavic del 16/06/21. En el operativo reciente participaron 1.420 funcionarios y hubo, según información oficial, 38 detenciones. ¡1420 funcionarios recorriendo la comunidad! ¿Quién podía sentirse a salvo con el antecedente de enero?

Hay que pensar en las madres, las abuelas, cuidando a sus hijos y nietos. ¡Cuánto miedo en las familias! No es de extrañar que hay desplazamientos forzosos de vecinos, obligados por la situación de terror y el peligro inminente de alguna bala, que se suelen calificar de “perdidas”, pero yo digo que toda bala busca una víctima.

Cito de nuevo al padre Infante, cuando dice que la situación de La Vega no es exclusiva de ese sector. Hay muchas comunidades en el país que también están viviendo en medio de una guerra no declarada, pero con víctimas inocentes. Y los vecinos están pidiendo la mediación de la Cruz Roja. Salió en un noticiero en la televisión. ¡Como en lugares con conflictos bélicos abiertos!

Los venezolanos estamos muy indefensos. ¿A quién acudir? Hay un desamparo institucional, a pesar de que la Constitución, establece en su artículo 3 que “el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”.

Los venezolanos queremos y merecemos vivir en paz. Tenemos derecho a vivir en paz. Ya bastantes angustias tenemos con la pandemia, la emergencia humanitaria compleja, para que no podamos ni siquiera caminar con seguridad por donde vivimos.

Los ciudadanos debemos cumplir nuestros deberes como tal, pero el monopolio de las armas lo tiene el Estado, se supone. La defensa de los ciudadanos le corresponde al Estado.

Suscribimos peticiones que Cofavic hace a las autoridades en su citado comunicado el 16 de junio. Solicitan, entre otras cosas: “Adoptar de manera inmediata las medidas de protección más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de la totalidad de las víctimas, testigos y sobrevivientes. Así como proteger la integridad de las personas civiles de La Vega y zonas contiguas, que durante el desarrollo de estos operativos de seguridad ciudadana se han visto afectados de manera directa e indirecta”. También piden que se revisen los procedimientos especiales de seguridad ciudadana que están desarrollando y que han dejado un saldo lamentable de violaciones de derechos humanos, especialmente en zonas populares.

Finalmente, en el XII Encuentro de Constructores de Paz, organizado por la Red de Acción Social de la lglesia, el pasado 28 de mayo, teníamos como lema “Entendernos porque somos hermanos”. Los venezolanos necesitamos entendernos, los 120 mil habitantes de La Vega son nuestros hermanos, necesitan protección, seguridad, su suerte no nos es ajena. Y como cristianos, recordemos que “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque esos serán llamados hijos de Dios”.

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No olvidemos la indefensión de los ciudadanos que viven en zonas como la Cota 905 o La Vega, en Caracas, que deben esconderse en sus casas por el problema de los intercambios de balas entre bandas y también por los operativos.

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