lunes, 17 de enero de 2022

Los derechos humanos como defensa frente al Estado

Resulta indispensable subrayar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un triunfo de las personas naturales y morales sobre el Estado y cualquier otra manifestación de poder, destaca Diana Gámez en su columna semanal.

Cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque en esa fecha, pero en 1948, se reunió en París la Asamblea General de la ONU para firmar la Declaración Universal de los DD HH. Este histórico documento cuenta con un preámbulo y 30 artículos, cuyo corpus central está dividido en cuatro grandes bloques, que recogen derechos de carácter personal, relación del individuo y la comunidad y derechos de pensamiento, económicos, sociales y culturales.

Constituyen un conjunto de principios de absoluta pertinencia. Son universales y no son propiedad de ningún sistema de pensamiento, civilización, país u organismo singular. Pertenecen a la humanidad -hermanada toda como una familia- independientemente de la lengua que los contenga. Sus antecedentes históricos se encuentran en la revolución francesa de 1789, con su Declaración del Hombre y del Ciudadano y en la Independencia norteamericana y su posterior Constitución.

Resulta indispensable subrayar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un triunfo de las personas naturales y morales sobre el Estado y cualquier otra manifestación de poder. Vale decir: grupos políticos, paramilitares, terroristas y otras estructuras organizadas de grupo o individuos que practiquen formas de amedrentamiento, persecución o exterminio, originadas en creencias religiosas o políticas, así como también por razones étnicas, de sexo o cualquier otra condición. Su vigencia es permanente, pues recoge los principios esenciales de una sociedad democrática, fundamentada en el respeto a la igualdad humana.

Esta declaración constituye uno de los documentos más importantes de la ONU, pero no podemos cerrar los ojos ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos, que se producen tanto en los países del primer mundo como en los más atrasados. En los primeros, las discriminaciones y los tratos denigrantes -contrarios a la dignidad humana- están a la orden del día y los débiles son sus víctimas preferentes; nos referimos a inmigrantes, indocumentados, etnias, colectivos, minorías, mujeres, ancianos y niños. En los países menos favorecidos persisten -con cifras alarmantes y muy alta frecuencia- el asesinato, violaciones, torturas, la persecución, las detenciones arbitrarias.

Norberto Bobio, el gran jurista italiano, advertía: “El problema que se nos presenta no es filosófico, sino jurídico y, en sentido más amplio, político. No se trata de saber cuál es su naturaleza y su fundamento, si son derechos naturales o históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguro de garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean continuamente violados”. Garantizar los derechos humanos pasa por convertirlos en normas jurídicas, lo cual no impide su violación, pero no deja de representar un notable avance. En especial, porque su fundamentación se basa en que, esencialmente, son derechos morales, entendidos como el resultado de una doble vertiente ética y jurídica.

El primer derecho contemplado en el artículo 1 de esta declaración es claro y preciso en su contenido: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. En el segundo artículo se establece de manera explícita: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra condición”. El tercero es contundente al señalar “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Otros derechos y libertades promulgados en esta declaración indican que “nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, tampoco a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se reconoce la personalidad jurídica de todo ser humano y que todos somos iguales ante la ley”. El artículo 12 es taxativo al enunciar que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación”. En el 13 se establece el derecho a circular libremente y a elegir residencia en el territorio de un Estado.

Instituye el derecho al asilo en caso de persecución, así como el derecho personal “a la propiedad individual o colectivamente”. No deja de lado los derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y de expresión. Contempla los derechos al trabajo, a sindicalizarse, a la educación, al disfrute de la vida cultural y a las artes, entre otros, tan importantes como los aquí enumerados.

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