martes, 21 de septiembre de 2021 | 3:20 AM

El imperativo 10 de enero

El depender de que algo suceda no se justifica, sin embargo, cuando lo que está en la mira exige desde ya una definición y un ineludible compromiso. Aquí la historia interpela como imperativo a la propia libertad.

Veremos qué pasa. Es una expresión muy frecuente ante un futuro incierto, cuyo desenlace se espera para tomar una decisión o ejecutar una acción. En este caso, en buena medida lo futuro aparece como quehacer ajeno y lo histórico, como algo que acaece al margen de una intervención propia.

Ahora bien, el esperar que algo acontezca para determinarse a obrar es conveniente o inevitable en muchas ocasiones. Al fin y al cabo, la historia es confluencia de múltiples libertades y se encuadra en un escenario también de necesidades. Estamos aquí ante el yo y la circunstancia de que hablaba Ortega.

El depender de que algo suceda no se justifica, sin embargo, cuando lo que está en la mira exige desde ya una definición y un ineludible compromiso. Aquí la historia interpela como imperativo a la propia libertad. En estos casos postula pasar de la expectativa a la acción y convertir el acontecimiento en propósito y meta.

Lo anterior se aplica de modo claro al próximo 10 de enero como fecha de cambio político nacional, en el cual debe empeñarse -en criollo significaría restearse- el conjunto de personas y sectores democráticos del país.

En ciertos ambientes partidistas y de la sociedad civil se espera que la Iglesia institucionalmente tome la batuta para la realización del cambio que urge la nación. Con relación a esto conviene recordar dos cosas. La primera es que el episcopado (jerarquía, Conferencia Episcopal), en cuanto representación institucional de la Iglesia, no es un operador político, como lo es un partido o puede serlo una organización o institución de la sociedad civil; representa, en efecto, un conglomerado creyente, multiformemente plural en su interior y con una misión religiosa que asume lo histórico, pero no se agota en este. Es así como la Iglesia nunca podría optar por cerrar sus puertas e irse a la clandestinidad.

Lo segundo que conviene recordar y podría colocarse mejor como primero es lo siguiente: la Conferencia Episcopal Venezolana ha sido muy explícita en identificar y calificar al actual régimen, así como en subrayar una y otra vez la urgencia de un cambio. Y ello, desde hace tiempo. Baste un par de ejemplos. El episcopado en 2007 calificó la propuesta de un Estado socialista como moralmente inaceptable, “contraria a principios fundamentales de la actual Constitución, y a una recta concepción de la persona y el Estado” (Exhortación sobre la propuesta de reforma constitucional, 19 octubre de 2007). Diez años después (en documento del 13 de enero) precisó como “la causa fundamental” de la extremadamente grave crisis nacional “el empeño del gobierno de imponer el sistema totalitario recogido en el Plan de la Patria (llamado socialismo del siglo XXI)”; sistema al que identificó también en un comunicado del 5 de mayo siguiente como “militarista, policial, violento y represor”. A comienzos del presente año los obispos afirmaron algo muy serio: “Con la suspensión del referéndum revocatorio y la creación de la asamblea nacional constituyente -inconstitucional e ilegítima en su origen y desempeño- el gobierno usurpó al pueblo su poder originario”; agregaron que este debía asumir “su vocación de ser sujeto social”, indicando algunas iniciativas posibles al respecto, como el artículo 71 de la Constitución. En julio pasado la Conferencia Episcopal declaró: “Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y a los más altos principios de la dignidad del pueblo” (Exhortación, 9 de julio de 2018); allí mismo, con respecto a la consulta electoral presidencial de mayo, denunció “su ilegitimidad, su extemporaneidad y sus graves defectos de forma”, y agregó que la “altísima abstención” había constituido “un mensaje silencioso de rechazo”.

El episcopado se reunirá del 7 al 12 del próximo enero en asamblea plenaria. Me atrevo a decir que estimula y espera una propuesta de cambio de régimen, legítima, consistente, factible y de previsible apoyo nacional e internacional, para darle el respaldo de la Iglesia. Y esto como respuesta a su misión propia y a un clamor del pueblo soberano (ver mensaje del 19 de marzo de 2018).

¿Esperar a ver qué sucede el 10 de enero? ¡No!

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