viernes, 15 de octubre de 2021

Un tiro al piso

La motivación por recuperar la institucionalidad perdida de manera particular en las provincias y rescatar y reimpulsar la noción de gestión pública desaparecida tiene ecos en los propósitos de la ciudadanía regional. | Foto William Urdaneta

La motivación por recuperar la institucionalidad perdida de manera particular en las provincias y rescatar y reimpulsar la noción de gestión pública desaparecida tiene ecos en los propósitos de la ciudadanía regional. | Foto William Urdaneta

@OttoJansen

La resistencia social en toda Guayana se contorsiona de innumerables maneras hasta conseguir la sobrevivencia. Son tiempos duros en lo económico, en la orfandad por parte de las instituciones ante la emergencia humanitaria y en la limitada solidaridad efectiva que puede darse entre la propia población.

El reporte nacional evidencia cifras significativas de cómo los que aún se niegan a abandonar el país buscan otras regiones “menos” golpeadas para intentar establecerse. Pues bien, lo que es característico de la iniciativa guayanesa es cómo salir de la Ciudad Bolívar arruinada y sin posibilidades de sustento (como de cualquier otro pueblo del estado Bolívar) e irse, por ejemplo, para El Dorado o algún campamento minero, donde la dinámica con anarquía y violencia es movilización permanente y permite (según el imaginario de los estratos populares) que aparezcan algunos churupos.

No hay salida fácil, por lo tanto, a las enormes dificultades por las que atraviesa la gente en las comunidades. Son planes inmediatos de las familias en el torbellino de severas dificultades de los servicios, salud, transporte y el hambre que atosiga, mientras los días pasan sin porvenir de mejorías. En este contexto que se repite cual pesadilla, los reducidos activistas de partidos se dan a la tarea de querer convencer a esa masa desesperada de participar en una operación (que es solo eso) de carácter electoral que designará a gobernantes, diputados y concejales que no tendrán poder para impulsar soluciones prácticas.

La motivación por recuperar la institucionalidad perdida de manera particular en las provincias y rescatar y reimpulsar la noción de gestión pública desaparecida, así como la autoridad que vele por los derechos, tiene ecos en los propósitos de la ciudadanía regional, pero esas aspiraciones no son manifestaciones en abstracto que pueden decretarse porque las mayorías han “descubierto” el enorme rechazo a Maduro y a los mandamases de la revolución. Esta aspiración tiene que contar con expresiones consecuentes en los municipios; no remembranzas del pasado, penosas caricaturas de dirigentes o improvisaciones. Tiene que tener manifestaciones de coherencia probadas con los reclamos de las localidades, y han de contar con la expresión organizativa novedosa y pugnaz para que la gente se anime a incorporarse. Nada de eso ocurre por estos días de campañas electorales fantasmas. En una situación nacional, pero con mayor ahínco en lo local, de mordaza de la opinión pública por atropellos de la revolución, a la que se aúnan los factores opositores de plastilina, sin demostraciones de grandezas y sin visión de unidad superior.

Pobre del pobre 

La precariedad en las condiciones de vida en el estado Bolívar es una constante que nadie se preocupa en negar. Lo económico, quizás como nunca, determina esa erosión sin pausas que observamos; lo que atañe a nuevos emprendimientos o cualquier inventiva en función de la sustentabilidad. Todo es una especie de buhonería fugaz con un salario esquivo y poco. También esa erosión corroe aún más la miseria y conduce a la parálisis y las enfermedades. Nuestros especialistas locales pudieran determinar con cifras el archipiélago de espacios donde la economía se mueve o deja de moverse en la región. Hoy se trata del mercado negro, la especulación, la locomotora de donde se agarra el vecino común para obtener algún tipo de entrada. Tal panorama no puede abordarse con seriedad en objetivos de transformación desde los tradicionales objetivos de la gobernanza municipal o estadal: no hay posibilidad de accionar avances con una condición estructural en el hoyo de la destrucción. Tampoco se trata de conceptos “progresistas” desde el punto de vista de la política normal donde era menester acumular fuerzas en las instituciones mediante sucesivos periodos constitucionales o legislativos.

Tal camino está dinamitado por la falta del Estado de derecho y estando los contrapesos institucionales operando grotescamente para el régimen nunca habrá espacio para la propuesta democrática de cambios que no sea abortada o aniquilada antes. La política de luchas por el rescate del orden constitucional -tipo Acuerdo de Salvación Nacional- que evidentemente tampoco está en los cálculos de los partidos políticos que participan en el operativo electoral del régimen, se encuentra en riesgo permanente por las maniobras de la dictadura. A todo esto debe resaltarse siempre que el cuerpo social no ha claudicado; sigue tras sus motivaciones de sobrevivencia, así signifique, en las capas más desposeídas, mudarse de un poblado a otro. Esto igual es indicador de la resistencia democrática que se otorga su propia organización para la lucha por los derechos, mientras cuaja de algún modo la propuesta Guaidó-Asamblea Nacional, que es el único norte de soluciones, pero todavía brumoso e incierto.

El 21N no pasará nada que no sea el tiro al piso del control del régimen. Pero como sostiene el reconocido sociólogo Ramón Piñango en un tuit que le leímos, será importante pasar esa fecha. A partir de allí, pensamos nosotros, los guayaneses, sin ángel en esta hora, estamos obligados a poner los pies sobre la tierra en los esfuerzos que hay que afrontar para superar la destrucción roja y la ausencia de voces firmes; estas, retratadas en los espejismos y negociados de las elecciones regionales.

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