domingo, 24 de octubre de 2021

Aportes deseables de una política laboral

Siguiendo con algunas consideraciones sobre la política laboral del régimen y su pretensión de eliminar conquistas muy sentidas en las relaciones de trabajo, como ocurre con los llamados lineamientos del despacho laboral -Memorando No. 2792- sobre negociaciones colectivas.

Para entender una política de remuneraciones, importa tener presente que las organizaciones que son objeto del pretendido control la conforman tres categorías:

1. Por un lado la administración pública en sus ámbitos nacional, estadal y municipal;

2. En segundo lugar, el sector de empresas constituido por aquellas que producen bienes y servicios, aquí tenemos a unas de propiedad estatal y otras privadas;

3. Un tercer sector de carácter social que no tiene fines lucrativos, como cooperativas, condominios, trabajo en residencias, en asociaciones.Una situación deseable es que el primero depende totalmente de los ingresos que capture el Estado, con los impuestos, tasas y aquellos derivados por su condición de administrador de riquezas que son de propiedad de la nación. El presupuesto nacional contempla como se erogarán estos recursos.

El segundo, los productores de bienes y servicios para el mercado, constituido por los ciudadanos y las entidades jurídicas. Aquí concurren como oferentes los privados y los públicos, con el carácter de empresas, que pueden ser compañías anónimas, personales, colectivas, nacionales, extranjeras, de propiedad estatal. Sus ingresos fundamentalmente están constituidos por lo que se derive de su producción y ventas. Las regulaciones tendrán presente las distintos tipos de bienes y servicios y el papel que representan para el funcionamiento de la sociedad.

El tercer sector, que llamamos de carácter social, que no tiene fines lucrativos, tal carácter le permitirá tratos tributarios especiales. En el presente al lado de los dos primeros, es el sector con menor población.

¿Qué política salarial ha de corresponder a estos tres sectores? En primer lugar sin distinción alguna, ha de haber un piso que permita que las remuneraciones de quienes presten servicios deben resolver la alimentación y los servicios básicos para la vida personal y familiar. Todo aquel que trabaja a tiempo completo ha de tener como salario mínimo un ingreso que satisfaga esa condición. No importa si se trabaja para el gobierno o los privados, ni tampoco si es sector con fines de lucro o no, sencillamente el trabajo ha de satisfacer ese mínimo.

Los servicios básicos de la vida cotidiana, empiezan por alimentación, siguen con salud, luego agua, electricidad, educación, seguridad, transporte, comunicaciones, recreación, todos han de ser accesibles al máximo posible de la población, y a costos acordes con los ingresos salariales. La mayor parte de estos servicios son provistos por empresas estatales, con un lamentable deficiente funcionamiento, según indicadores ampliamente aceptados.

Es importante tener presente que en cada sector, existen las carreras, las trayectorias. No todos los que laboran son portadores de las mismas experiencias, competencias, conocimientos. Hay heterogeneidades, que resultan especialmente de los años de formación, de los de dedicación a la actividad y también de la contribución al logro de los objetivos de esas organizaciones. Estos factores son los que explican las clasificaciones, tabuladores y jerarquías que existan. Por tanto en las remuneraciones y responsabilidades han de reflejarse. Han de ser diferenciales en los ingresos que sean sustentables y consensuados. Lo primero para que se puedan mantener y materializar en el tiempo; lo segundo, para que quienes laboran tengan identidad con la carrera que predomina en esa organización, que se aprecie su justeza.

Es importante que las carreras sean visualizadas con transparencia, tanto desde adentro como fuera de las organizaciones, dado que los jóvenes que están en procesos formativos de profesiones tengan un mayor estímulo en aquello que han escogido para su carrera profesional o técnica; y que su desempeño ofrece igualdad de oportunidades de inserción, estadía y crecimiento. Igual para aquellos que cambian de carrera o sector, por razones de movilidad geográfica u ocupacional.

Cuando el memorando que comentamos – No. 2793 del MPPPST- pretende “evaluar, monitorear y acompañar el proceso de negociación de las Convenciones Colectivas de Trabajo, así como aquellas que se encuentren suscritas”, está planteando una pretensión compleja. Incluso, lo es para los actores laborales que han venido construyendo sus clasificaciones, tabuladores y escalas. Incluso no se afirma que las mismas estén libres de la necesidad de revisiones y mejoramientos, son procesos que se alteran por los mismos cambios en la organización y el proceso del trabajo. De ahí sus revisiones.

El papel del Estado en los temas salariales ha sido desatendido porque ha permitido que en el país el empobrecimiento haya alcanzado a un 87% de la población. Eso no lo resolverá obligando a que el salario mínimo sea aumentado unilateralmente en un momento dado, en una proporción del 5.900%, cuando el país avanza hacia una inflación del millón anual.

¿Qué se espera de un gobierno para una verdadera protección de las remuneraciones y las convenciones colectivas?

1. Una política económica desvinculada de todo tipo de ideologías que impiden el desarrollo de las capacidades y fuerzas productivas.

2. Una profesionalización en los órganos públicos que procesan y participan en las tomas de decisiones. Que el sectarismo sea puesto a un lado y se escojan los mejores. Que haya verdadera carrera en esas instituciones.

3. Que se restituya y mejoren los controles que son parte del balance de los poderes públicos. Que no haya poder que subordine a otro. Que rindan cuentas públicas ante los organismos de control y que de la misma se deriven decisiones que impliquen reconocimientos, ajustes, remociones o sanciones, según sean las evaluaciones profesionales y públicas.

4. La legislación que regula la relación laboral ha de ser concebida para todos los sectores que se señalaron al inicio, por tanto el decreto que hoy se tiene como tal, no guarda tal carácter. Su alto grado de pretensión reguladora ha invadido los espacios de los propios actores laborales. Conviene más bien, que se faciliten los procesos de negociaciones de los actores, que son quienes actúan y conocen sus realidades.

5. Para apoyar lo anterior, es importante que la institucionalidad necesaria para el desenvolvimiento de las relaciones laborales sea creíble y respetada. El sectarismo, la partidización, la desprofesionalización, la ausencia de carreras, atentan contra eso.

6. El gobierno, en particular aquellos entes del área laboral, deben procesar y publicar todos aquellos datos que los actores laborales requieren para sus relaciones y negociaciones. Empezando por los datos de los costos de vida en las distintas regiones, y de los diversos rubros, igual los datos de la distribución de los ingresos según las distintas categorías, de todas las remuneraciones, de las productividades de empresas, de las ramas. Se debe tener acceso a publicar desde los ingresos del Presidente de la República, salario y otros beneficios, hasta los niveles más bajos de las estructuras. Las únicas excepciones a la apertura deben ser aquellos datos que atentan contra el derecho a la privacidad de las personas y aquellos que son considerados relevantes para la seguridad nacional, como reza la Carta Internacional de Datos Abiertos.

7. Que las autoridades aporten el procesamiento de los datos que recogen de la sociedad y que sean necesarios para las negociaciones y en general para el desarrollo de las relaciones laborales. Transparencia y claridad en la propia casa seguro nos hará una sociedad que genere mayor confianza, no más regresividad y controles.

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