El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) presentó el informe El drama de los retornados: de la revictimización a la criminalización. El 13 de marzo Tarek William Saab fue el primero en calificar a migrantes y refugiados retornados como “karma”. Posteriormente fueron llamados fascistas, golpistas, también señalados como armas biológicas y bioterroristas por el Ejecutivo.
El 10 de julio Saab anunció que 13 “trocheros” serían trasladados a la cárcel de El Dorado en el estado Bolívar. Los acusaron de tráfico ilegal de personas, instigación a la desobediencia de las leyes, propagación de epidemia, incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad, favorecimiento bélico, corrupción entre particulares y asociación para delinquir.
Otros 23 ciudadanos, según dijo Saab, estaban “en medida cautelar sustitutiva por tratarse de personas que ingresaban al país por los pasos irregulares”. Se desconoce el tipo de medida cautelar impuesta y los delitos que se les imputan.
El Centro de Derechos Humanos de la UCAB hizo siete exigencias al Estado, entre esas, “dejar sin efecto la detención de retornados que han usado pasos no controlados y proceder a su inmediata liberación o al cese de procesamiento judicial”.
La institución demanda poner fin a la criminalización de los retornados, abstenerse de usar la detención como herramienta disuasiva, reconocer la necesidad de protección de estas personas, poner en práctica protocolos de bioseguridad para detenidos por razones de confinamiento.
Los venezolanos, tras los efectos de la pandemia del COVID-19, se han visto obligados a volver a Venezuela: unos fueron desalojados de sus residencias o están desempleados por el confinamiento en países como Perú, Ecuador, Brasil y Colombia.
Quienes han ingresado al país evadiendo los puntos de atención social integral (PASI), donde deben cumplir la cuarentena, han sido criminalizados. “Estamos en presencia de algo que va más allá de la expresión y de las etiquetas despectivas, pues se criminaliza a las personas que retornan y se estimula la denuncia anónima bajo el pretexto de ‘bioterrorismo’, que podría conducir a procesos por tribunales especiales, abusando de la figura de terrorismo”, advierte el Centro de Derechos Humanos de la UCAB.
El 7 de junio el gobierno de Maduro anunció una restricción del ingreso de retornados, reduciéndolo a 400 personas tres veces por semana por los pasos entre Norte de Santander – Táchira (300 personas) y Arauca – Apure (100 personas). Según Migración Colombia, la espera para cruzar hacia Venezuela podría demorar seis meses. Al 21 de julio han logrado ingresar 90 mil personas.
“Las restricciones han tornado más crítica la situación, por lo que han proliferado nuevamente grupos que cobran sumas cada vez mayores para trasladar a las personas por pasos no controlados (trochas). Funcionarios de Arauca afirman que incluso guerrilleros del ELN y de las disidencias de las FARC han convertido el paso por trochas en un negocio en esa zona”, se lee en el informe.
La institución recuerda que el retorno es un derecho que reconoce Venezuela en instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También denuncia las cuestionables medidas de traslado a determinado centro de detención que están siendo tomadas desde el Ejecutivo, sin participación de tribunales en la determinación del sitio de reclusión, lo que afecta el debido proceso.
Desde 2015 más de 5,2 millones de venezolanos han huido de la emergencia humanitaria. Países como Colombia, Perú, Ecuador son los principales receptores de migrantes y refugiados de Venezuela.
