Familiares tienen más de cuatro meses sin ver a los detenidos. Además, en el internado judicial de El Rodeo II no han podido entregarles comida, artículos de limpieza ni agua potable.

@g8che

Los abogados Stefania Migliorini y Olnar Ortiz, ambos de la organización Foro Penal, denunciaron ante la Defensoría del Pueblo en Caracas las condiciones insalubres en la que están en el Internado Judicial Rodeo II, en Guatire, los 13 pemones detenidos por el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva (Gran Sabana).

“De los 13 que están recluidos había tres que presentaban problemas estomacales”, informó Ortiz. El abogado señaló que en el internado no hay acceso a agua potable y que solo son abastecidos por una cisterna. El equipo de Foro Penal fue informado que las afecciones de salud eran causadas por amibiasis -enfermedad intestinal causada por consumir alimentos y agua contaminada- pero esto es algo que la ONG no ha podido confirmar.

Los indígenas fueron trasladados de las instalaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas, hasta el internado judicial El Rodeo II el pasado 13 de mayo, sin previa comunicación a familiares y abogados.

Se trata de una nueva arbitrariedad más de la que son víctimas, indicó Ortiz. Desde su llegada no han tenido acceso a agua potable lo que desmejoró su salud. Los tiempos de presentación no se han cumplido y siguen siendo vulnerados sus derechos como población indígena.

Luego del asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva, Mariano Montilla, en el sector Luepa, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar el 22 de diciembre de 2019, a los 13 pemones detenidos de forma irregular por fuerzas del Estado no se les ha respetado el debido proceso.

El representante de la ONG manifestó que hace tres semanas -después de muchas trabas- pudieron entregarles medicinas a los indígenas, aunque por la pandemia no permitieron que les dejaran pasar alimentos, artículos de higiene, enseres personales ni agua potable.

Desde los primeros contagios de COVID-19 familiares tampoco han podido visitar a los pemones y, aunque fueron informados que les garantizaban la comida, los alimentos que son entregados en la cárcel no cumplen con características para una dieta balanceada.

“Es bastante compleja la situación que ellos están en estos momentos viviendo”, indicó Ortiz. Desde Foro Penal no han podido confirmar si los indígenas están en condiciones de hacinamiento, pero fueron informados que el recinto actualmente tiene más de 2 mil privados de libertad, cuando para 2011 Comisión Interamericana de los Derechos Humanos calculaba que el recinto tiene una capacidad para 1.434 reclusos.

El abogado relató que desde la comunidad llaman cada cinco o 10 días para preguntar qué pasa con el estatus de los pemones detenidos. “Los familiares cada vez están más preocupados, porque quieren ver a sus hijos, quieren ver a sus hermanos”, dijo.

Irregularidades

Ortiz comentó que los retrasos procesales e irregularidades legales comenzaron desde el primer día y mantienen a los indígenas aún detenidos. Explicó que de los 13, ocho se entregaron por voluntad propia el mismo 22 de diciembre, sin embargo fueron de igual forma golpeados por efectivos de seguridad, incluso delante de sus familiares. El resto fue arrestado entre el 28 y 30 de diciembre.

   
El abogado Olnar Ortiz indicó que por el retardo procesal seguirán haciendo denuncias en organismos internacionales | Fotos archivo

Ninguno de ellos fue presentado en el plazo legal de 48 horas correspondientes. El primer grupo de ocho fue llevado el día 27 de diciembre -cinco días después- a un tribunal militar que declinó sus competencias, para que aproximadamente el 12 de enero en Caracas, el Tribunal Cuarto de Control con competencias en terrorismo asumiera el caso.

Ortiz además señaló que el segundo grupo fue presentado a finales de febrero, casi dos meses luego de su detención. “Todos ellos al no ser presentados en ese lapso se define como detenciones arbitrarias”, expresó.

El retardo procesal llevó a que la audiencia del primer grupo fuera pautada para abril y luego suspendida por cuarentena, mientras que los cinco restantes se mantienen sin fecha al no haberse cumplido los 45 días luego de su presentación para que el Ministerio Público consignara los cargos.

Ortiz indicó que en el país no se respeta los lapsos procesales y en las audiencias preliminares siempre hay retrasos o ausencia de los fiscales para que sean diferidas sobre todo con los casos de presos políticos. “Adicionalmente de lo que estamos viviendo ahora el tema de la pandemia es peor aún porque no sabemos cuándo se va a reactivar el proceso de justicia en Venezuela”, expresó.

El abogado señaló que las expectativas se harán a partir de que se reanude el sistema de justicia, pero esperan darles la libertad a los 13 pemones ya que, aseguró “no hay elementos convincentes para que puedan seguir privados de libertad con un delito tan grave como terrorismo”.

Violación a pemones

Aunque la Organización de las Naciones Unidas, en su declaración sobre los derechos de pueblos indígenas estipula: “los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales”, el régimen de Nicolás Maduro no les ha permitido aplicar la jurisdicción especial de pueblos indígenas contemplada en la constitución.

Además de ello, la detención de los pemones viene luego de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares de protección a los indígenas de la etnia pemón de la comunidad San Francisco de Yuruaní.

E 28 de febrero de 2019, en la antesala de la entrada de la ayuda humanitaria anunciada por Juan Guaidó, el Ejército nacional y grupos irregulares dispararon y masacraron a ocho indígenas de la etnia pemón que participaban en diversas protestas a favor del ingreso de las medicinas y alimentos desde Brasil.

En el documentó la CIDH solicitó al Estado venezolano que adoptara “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal, y garantice la seguridad de los indígenas de la etnia Pemón de la comunidad San Francisco de Yuruaní o “Kumaracapay”, pero esto fue algo que tampoco se cumplió.

Parte de lo sufrido por los pemones es una realidad que fue denunciada en el último informe de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet. Allí mostraron su preocupación en el establecimiento de tribunales con competencia en delitos vinculados al terrorismo, ya que sus procedimientos judiciales no son compatibles con las garantías de debido proceso y el derecho a un juicio justo.

Amnistía Internacional

Por su parte, Amnistía Internacional expresó su preocupación por las condiciones de detención y traslado arbitrario de los 13 pemones e hizo un llamado a que se respeten las garantías a un debido proceso.

“Las personas detenidas estarían siendo procesadas penalmente por un tribunal con competencia en terrorismo, sin apegarse a las disposiciones constitucionales y estándares de derechos humanos que indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia indígenas”, detalló el documento.

 
Los abogados fueron al Ministerio Público y no fueron atendidos, posteriormente entregaron la denuncia en la Defensoría del Pueblo
 


Amnistía Internacional exigió a las autoridades que rectifiquen las condiciones de reclusión e impongan medidas que afecten en menor manera los derechos de las personas indígenas a tener un tratamiento pertinente culturalmente, y por lo tanto se les traslade a cumplir la restricción preventiva de la libertad en su comunidad.

Pese a que el Gobierno nacional propagandea sus acciones en pro de los pueblos originarios, los 13 pemones son uno de los 394 presos detenidos por decisiones políticas que registra Foro Penal.

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