El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este lunes 1 de junio que el ciudadano venezolano Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), fue solicitado por la justicia estadounidense por su supuesta participación en actividades en el crimen organizado transnacional.
Por información sobre el paradero de Ramírez Camacho o por su captura, la justicia de EE. UU. ofrece un monto de $5 millones. Argumentan que este funcionario “habría violado la confianza pública al conspirar para el lavado de fondos ilícitos obtenidos en Venezuela”, al tiempo que recordó que el presidente de la Sunacrip ya había sido acusado junto al actual ministro encargado de Petróleo, Tareck El Aissami, por la presunta comisión de varios delitos.
Detalla el portal del Departamento de Estado que esta recompensa se hace bajo el Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) de ese organismo e indicó que desde que empezó el mismo en 1986, han sido entregados 75 capos de la droga y se han cancelado más de $130 millones en recompensas.
Más temprano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, adelantó que las autoridades de su país preparaban información para ofrecer una recompensa por un alto funcionario de la administración de Nicolás Maduro, para llevar ante la justicia a esta persona presuntamente responsable crimen organizado a nivel internacional.
Aseveró que continúan trabajando de la mano del Departamento de Justicia para proteger a los ciudadanos estadounidenses y ayudar a los venezolanos a restaurar la democracia en el país. Sin embargo, no indicó de quién se trataba ni cuánto se ofrecía por información o captura de esta persona.
Pompeo hizo el anuncio durante las protestas que se registran en EE. UU. desde hace varios días por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Las manifestaciones han sido tan violentas que en 21 estados del país fue activada la Guardia Nacional y el presidente de EE. UU., Donald Trump, estuvo por una hora escondido bajo el bunker que hay en la Casa Blanca el pasado viernes, luego de que el Servicio Secreto lo condujera allí por las protestas que se registraron en Washington.
El último señalado por la justicia estadounidense fue el exdiputado de la Asamblea Nacional (AN), Adel El Zabayar, quien fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de presuntamente colaborar con el régimen venezolanos en las acciones de narcoterrorismo, narcotráfico y posesión ilegal de armas de guerra, todo basado en su apoyo al venezolano Cartel de Los Soles y a las organizaciones terroristas extranjeras designadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Hezbolá y Hamas.
Por su parte, el exparlamentario venezolano señaló que dicha demanda realizada por el Departamento es “otra comedia más del Estado narcoterrorista de los EE. UU.”, a quienes acusó de usar sus bases militares en Europa como centros de distribución de la droga de Afganistán y Colombia.
Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, aseveró a través de su cuenta en Twitter que se retomará el mecanismo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para tratar el caso del ex diputado oficialista.
Señaló que junto al TIAR se “acompañaría” a la justicia internacional sobre este caso para que aquellos que hayan incurrido en delitos puedan pagar por lo que hicieron.
