Entre el 13 de marzo y el 13 de mayo, 85 personas fueron detenidas ilegalmente. Los apresados exigían la restitución de los servicios como agua, electricidad, gas doméstico, acceso a la alimentación y combustible, concluye el más reciente informe del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

@mlclisanchez
85 personas fueron detenidas ilegalmente durante los primeros dos meses de cuarentena enmarcados en el decreto de estado de alarma sanitaria por la pandemia de la COVID-19, entre el 13 de marzo y el 13 de mayo, en el territorio nacional. Los organismos policiales intensificaron las detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamientos en medio del aislamiento social hacia manifestantes, trabajadores de la prensa, personal médico, defensores de los derechos humanos y funcionarios públicos de la oposición, concluye el más reciente informe de la Organización Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea).

Los apresados exigían la restitución de los servicios como agua, electricidad, gas doméstico, acceso a la alimentación y combustible. La escasez de gasolina tiene paralizado a todo el país, incluyendo el sector de producción y distribución de alimentos, lo que disminuye la oferta y hace disparar los precios en medio de una ya galopante hiperinflación.

También hubo dos asesinatos en el marco de los reclamos por servicios básicos. Uno, en medio de la protesta que derivó en saqueos y represión estatal en Upata, en el municipio Piar del estado Bolívar. Y otro joven fue asesinado en el estado Mérida mientras participaba en un cacerolazo por los cortes eléctricos cada vez más constantes en la región. Ambos quedaron impunes y son atribuidos al accionar conjunto entre civiles armados y órganos de seguridad del Estado, denunció Provea.

Persecución

De las 85 detenciones registradas por Provea, 22 corresponden a trabajadores de los medios de comunicación. Ningún arresto cumplió con los procedimientos del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en su integridad. Hubo cuatro comunicadores sociales atacados dentro de sus viviendas.

Uno de los casos más emblemáticos fue el del periodista Davinson Rojas, quien fue detenido por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por tuitear información sobre la COVID-19, fue acusado de instigación al odio e instigación pública, el derecho a informar también está criminalizado en el país. A Davinson le negaron el derecho a defensa privada, se le dio medida cautelar por fianza, fue excarcelado y continúa en régimen de presentación.


Las detenciones se enmarcan dentro del decreto de estado de alarma impuesto el 13 de marzo, y prorrogado el 12 de mayo sobre el inconstitucional | Fotos William Urdaneta | Archivo

 

 

En menos de un mes hubo dos casos de amenazas a trabajadores de la prensa en Guayana, estado Bolívar. El primer caso de hostigamiento fue al equipo reporteril de Nueva Prensa de Guayana que estaba documentando denuncias sobre el cobro en divisas para surtir combustible en la estación de servicio Paseo Caroní, en Puerto Ordaz el 4 de mayo. Efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) obligaron a la periodista Katiuska González a borrar el material recabado.

La prensa lleva más de dos años con una rigurosa restricción de acceso a los centros de salud pública. Un periodista puede ser amenazado o detenido con solo pisar el recinto hospitalario si las fuerzas de seguridad así lo deciden y el riesgo es mayor en medio de la opacidad con la que se están manejando las cifras de contagio por la COVID-19.

Esto le ocurrió a la periodista y estudiante de Comunicación Social Marialejandra Meléndez, reportera de Primicia, también en Guayana, mientras entrevistaba a familiares de pacientes en el Hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo, en San Félix. La jefa de seguridad del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de ese recinto asistencial, Isabel Velásquez, junto a efectivos de la Guardia Nacional, la interceptaron y obligaron a eliminar el material fotográfico de su celular en medio de insultos y amenazas sin orden judicial previa, el 20 de mayo.

El personal de la prensa y de salud son de los más amenazados, hostigados y apresados. Entre el 13 de marzo y el 13 de mayo, Provea contabilizó la detención de 12 personas que pertenecen al personal médico, 7 médicos, 2 de enfermería, 1 bioanalista y 2 parte del personal de la salud en general.

De esto resalta el caso de Andrea Sayago, bioanalista del Hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo, en Trujillo. Le impusieron arresto domiciliario por “uso indebido de información privilegiada”, todo por advertir a sus colegas vía WhatsApp sobre la detección de casos positivos de COVID-19 en este estado. Está presa en su casa desde el 6 de abril.

Ola de hostigamiento

Provea también denunció la sistemática persecución y hostigamiento a funcionarios públicos de la oposición venezolana, a miembros de gremios y sectores de la sociedad civil, así como la detención arbitraria de tres trabajadores de empresas públicas, todos tienen en común la disidencia política.

58 viviendas fueron grafitadas con mensajes de la denominada Furia Bolivariana, en 19 estados del país. En Bolívar fueron las casas de 3 dirigentes políticos de oposición, en Ciudad Bolívar fue el hogar del diputado Luis Silva, y en Guayana fueron las residencias de Andrés Velázquez y Raúl Yusef. Esto después de que la justicia estadounidense señalara a Maduro como terrorista y narcotraficante.

11 funcionarios públicos de la oposición fueron detenidos en este período, como el caso de Demóstenes Quijada asesor del presidente interino Juan Guaidó. Le fueron imputados los cargos de terrorismo, tráfico de armas y explosivos, asociación para delinquir y le precalificaron el delito de ocultamiento de drogas en menor cuantía. La Dgcim lo sacó de su casa igual que a Maury Carrero, también asesora de Juan Guaidó. Ella fue secuestrada por la Dgcim, y días después también le fue dictada la privativa de libertad.

   
Provea denuncia el constante hostigamiento al personal de la salud que ose informar sobre los casos de COVID-19 

Los trabajadores de las estatales también han sido perseguidos y detenidos arbitrariamente durante el estado de alarma, dos de ellos vinculados a las empresas básicas de Guayana.

Como Tania Rodríguez, extrabajadora de Ferrominera. Tania fue detenida por el reenvío de un mensaje relacionado con la esposa de Nicolás Maduro y miembro de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Cilia Flores. Solo por preguntar si el mensaje era cierto. Los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) la apresaron. En el tribunal le dictaron medida cautelar con régimen de presentación cada 45 días.

Tiempo atrás ya había sido despedida de la estatal del hierro por exigir el cumplimiento de las tablas salariales, y por haberse negado a participar en marchas del oficialismo.

También resalta la detención de Elio Mendoza, también por el reenvío de un mensaje de WhatsApp. El trabajador de Planta de Pellas de la Siderúrgica del Orinoco se encuentra detenido en la Comisaría de Guaiparo en San Félix, le fueron imputados los cargos de instigación al odio y difamación contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

En medio de la cuarentena también fueron detenidos cuatro defensores de los derechos humanos y cinco personas vinculadas a la academia de béisbol Valhis de Nueva Esparta, señalada por Delcy Rodríguez como el principal foco de contagio en la entidad. Entre ellos el gerente general Roberto Alejandro Valhis y el entrenador José Luis Rodríguez.

En estado de alarma

Las detenciones se enmarcan dentro del decreto de estado de alarma impuesto el 13 de marzo, y prorrogado el 12 de mayo sobre el inconstitucional Estado de Excepción y Emergencia Económica también impuesto desde el 15 de enero del 2016.

El abogado y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala, sostiene que es importante que los ciudadanos aprendan a distinguir entre un estado de alarma, un estado de emergencia y una arbitrariedad en estos momentos. “Las regulaciones han sido dictadas para regular y controlar la actividad de la población y no para mejorar el sistema de salud ni los servicios públicos, ni los obstáculos para la producción y distribución de alimentos”, sentenció recientemente.

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