El estudiante colombiano Dilan Cruz murió por el disparo de una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con “múltiples perdigones de plomo”.
Así lo señaló el informe forense divulgado este jueves que consideró el caso del joven, de 18 años, como “homicidio” violento.
La directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia García, ofreció detalles a la prensa sobre los hallazgos de necropsia.
“La muerte del joven es secundaria al trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo”, dijo.
Primera víctima
Cruz se convirtió el lunes en la primera víctima mortal de la violencia policial en las protestas contra el Gobierno colombiano.
Falleció dos días después de caer herido en la cabeza por un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante los reclamos en Bogotá.
La funcionaria explicó los elementos que estudió el equipo de Medicina Legal, conformado por especialistas forenses.
Hacen parte de “un cartucho de carga múltiple, munición de impacto” del tipo “Bean Bag”, una bolsa de perdigones de plomo, afirmó.
“Los informes de necropsia y balística serán entregados a la Fiscalía General de la Nación”, añadió.
En manos del Ministerio Público
El director de la Policía colombiana, general Oscar Atehortúa, informó el miércoles que el caso de Cruz está en manos de la Procuraduría.
Precisó que el Ministerio Público aplicó “el poder preferente” para ocuparse de la investigación.
El procurador general de la nación, Fernando Carrillo, se pronunció antes que se conociera el dictamen forense.
El Ministerio Público verifica si “los estándares internacionales y esos protocolos de uso de esas armas se cumplieron en el caso de la tragedia de Dilan Cruz”.
El funcionario señaló que este caso debe ser “irrepetible” y puso como ejemplo a Chile, donde la crisis social dejó ya al menos 23 muertos.
De esa cifra, 6 fueron producto, presuntamente, de la acción de agentes del Estado a los que organismos internacionales acusan de haber cometido violaciones de derechos humanos para contener las manifestaciones.
La acción represora observada por organismos como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) contempla abusos a los detenidos, torturas y la comisión de graves lesiones.
Algunas originadas por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas provocaron lesiones oculares a más de 230 personas.
“Colombia no puede permitir que se den los escenarios que se están presentando en Chile tras 41 días del inicio de las protestas sociales”, manifestó Carrillo.
Cruz fue ingresado el sábado por la tarde en el Hospital San Ignacio, en el barrio de Chapinero, luego de ser herido por la Policía.
Desde ese día, miles de manifestantes se congregaron frente al centro asistencial como homenaje al estudiante, convertido en símbolo del rechazo a la violencia policial.
