La UCAB Guayana abre proceso de investigación de oficio a un profesor acusado por presunta violencia basada en género. El hecho se conoció la semana pasada cuando Puerto Ordaz fue tendencia en la red social Twitter, entre otras razones, por las denuncias que allí se hicieron sobre violencia y acoso dentro del campus universitario.

@mlclisanchez

La Universidad Católica Andrés Bello, Núcleo Guayana abrirá una investigación de oficio contra un profesor de la institución, acusado por estudiantes activos y egresados de amenazar con reprobar la cátedra a quienes se negasen a tener sexo con él, así como otros abusos.

La decisión tiene como fin accionar las medidas necesarias para prevenir la incidencia de casos de Violencia Basado en Género (VBG), abuso y acoso dentro del campus universitario, indicó el vicerrector de la UCAB Guayana, Arturo Peraza, s.j.: “El principio normalmente se referiría a que alguien presente una denuncia, Twitter no es un mecanismo formal de denuncia, pero nosotros de forma autónoma también podemos abrir investigaciones de oficio. El hecho es lo suficientemente serio como para abrir una investigación”.

El punto de partida es un hilo publicado en Twitter por una exalumna de la Escuela de Comunicación Social (@raachellv), el 9 de abril de 2020, en el que asegura que hace dos años fue amenazada por un profesor de reprobar la materia de Morfosintaxis, cátedra que pertenece al pénsum derogado de Comunicación Social, si esta se negaba a tener sexo con él. 

Ese tuit desencadenó al menos seis denuncias más. Todas convergieron en un punto: el presunto agresor es un profesor, alumno o trabajador de la institución y la mayoría de las denuncias tienen que ver con hechos que ocurrieron hace más de tres años. Es así como Puerto Ordaz fue tendencia en Twitter la semana pasada, entre otras razones, por estas denuncias hechas por alumnos, exalumnos y egresados de la UCAB.

A partir de las acusaciones, la misma noche del viernes 10 de abril el Consejo General de Representantes Estudiantiles (Cogres) de la UCAB Montalbán, y la representación estudiantil de la UCAB Guayana emitieron un comunicado en el que se comprometen a tomar acciones para erradicar el acoso, la VBG y el abuso que puedan suceder dentro del campus o entre los miembros de la comunidad universitaria. 

“En definitiva, normalizar, tolerar o promover actos de abuso o acoso sexual es incompatible con la misión, visión y valores de nuestra casa de estudios”, versa el documento.

Con respecto al profesor, Peraza indicó que desde el inicio de su gestión - julio de 2017- no ha recibido denuncias formales que involucren a este docente de la Escuela de Comunicación Social.

“La situación es algo que la universidad ha arrastrado por años (...) se convirtió en uno de esos rumores de pasillo o mitos muy tangibles”, explicó Stephany Trujillo, presidenta del centro de estudiantes de la casa de estudios. Informó que durante la gestión de septiembre 2019-julio 2020, de los representantes del centro de estudiantes, dos estudiantes de primer semestre acudieron al centro para manifestar su incomodidad con el responsable de la cátedra. Las muchachas pidieron que se les cambiara de sección.

“Se les preguntó cuál era la incomodidad y la respuesta fue la misma: ‘el profesor se nos queda mirando mucho, nos grita, pide que nos acerquemos al escritorio para hacer las preguntas, cuando pasamos a la pizarra se sienta en el pupitre detrás de nosotras, nos agarra la mano, el hombro o el brazo”, citó Trujillo.

La representante estudiantil también explicó que, por miedo, las estudiantes no quisieron formalizar la denuncia, que implica la redacción de todos los hechos, con nombre y apellido, todo en un acta. “No hubo forma de convencerlas de que el profesor no se iba a enterar, sino que se discutirá en el Consejo de Escuela. Y así pasa cada semestre donde hay casos”.

Progreso

La ola de denuncias vía Twitter del fin de semana, no solo logró que -pese a que no son denuncias formales- se abriese una investigación de oficio, también que se iniciara la conformación de un nuevo mecanismo de denuncias organizado por la representación estudiantil. Esto como resultado de la sesión del Consejo de Extensión este martes 14 de abril.

“Lo primero que nos planteamos fue crear un equipo donde estaremos recibiendo y canalizando todas las denuncias que nos llegan, y hacerles ese acompañamiento y seguimiento a esos estudiantes que, por temor, todavía no quieren hacer la denuncia o todavía no saben cómo hacerla formalmente”, manifestó, Carlos Guerra, consejero de extensión.

El representante estudiantil también informó que hasta ahora tampoco ha recibido señalamientos formales, sin embargo, sabe de al menos 12 testimonios, incluyendo los publicados en Twitter. “Le hemos pedido a esos estudiantes que manifiesten esas situaciones en una denuncia formal para nosotros proceder”, enfatizó.

El reto es promover una vía institucional para canalizar las acusaciones. “No todas las personas han querido hacer el acta, reitero que es confidencial, pero ahí vamos”, afirmó Trujillo. “Es un proceso largo porque bueno, el profesor tiene un doctorado y trayectoria académica además de la presunción de inocencia”.

   
“La invisibilización de los casos, y la falta de investigación hace que los(las) agresores(ras) se sientan protegidos. Actúan en una zona oscura que les permite esto”, manifestó la abogada Mairis Balza

Las denuncias vía Twitter también lograron que el Consejo de Extensión de la UCAB Guayana solicite la generación e institucionalización de un protocolo de protección y respuesta a los casos de VBG, abuso y acoso dentro del campus, pues hasta el momento, no existen protocolos diferenciados para atender violencia de género.

“Tenemos que hacer algo, la universidad no tiene un protocolo que se encargue justamente de temas de abuso de poder, abuso sexual, o etcétera, eso no existe”, informó Guerra.

El Consejo de Extensión también solicitó a las autoridades de la casa de estudios la modificación del Procedimiento de Remoción de Profesores. De esto último Guerra aclaró que esta petición se debe a que en el procedimiento actual no queda claro cuáles son las faltas penadas por un profesor en caso de violencia de género o algún otro abuso. “¿Qué pasa después? Ese camino no está totalmente claro”, destacó.

Así como Rachel, Valeria Peroza también denunció vía Twitter haber sido acosada durante tres años por un trabajador de la institución que laboraba en el mismo departamento en el que ella cumplía sus horas como beca trabajo -un sistema de financiamiento en el que el alumno intercambia horas de trabajo por la exoneración de un porcentaje de la matrícula que varía según la cantidad de horas de trabajo-.

“Reuní todo lo que pude de información y pruebas y las imprimí al reincorporarnos en enero (entre 2012 y 2013)”, escribió.

Luego de reunir pruebas del acoso por su cuenta, Peroza señaló que su testimonio fue desestimado por las autoridades competentes, y que la medidas tomadas en ese entonces por la institución fue cambiarla de departamento para no coincidir con el presunto agresor que continuaría deambulando por los pasillos de la universidad.

“Cuando denuncié la situación mis jefes no hicieron nada”, expresó a través de la red. “Mi decepción fue terrible porque pensé que iban a hacer algo y realmente no hicieron nada. Luego me enteré de que al tipo lo regresaron a los meses al mismo departamento donde ya yo no era beca”.

Sin enfoque de género

La UCAB cuenta con mecanismos de denuncias como el Reglamento Disciplinario y el Estatuto Orgánico del Procedimiento de Remoción de Profesores, que implican desde sanciones administrativas hasta la expulsión o despido de la persona involucrada en determinado hecho violatorio de las leyes universitarias. Sin embargo, no cuenta con protocolos diferenciados para atender violencia de género.

Así como la UCAB, otras cinco universidades venezolanas consultadas en la investigación del equipo periodístico de Distintos Latitudes para el reportaje #PasóenlaU (2019), no cuentan con protocolos diferenciados. La conclusión es que la mayoría de las universidades casas de estudios en América Latina, 60 de 100, no cuenta con protocolos públicos e identificables para atender, prevenir o sancionar el acoso y la violencia sexual. En el 75% de las universidades que sí existen, estos protocolos se crearon a partir de 2015, año de la primera movilización masiva #NiUnaMenos en Argentina.

“Cuando hablamos de acoso, VBG o concretamente violencia sexual, son delitos contemplados en la legislación interna, de modo que no son suficientes las sanciones administrativas”, explicó la abogada y coordinadora general de la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), Mairis Balza.

Sobre la investigación emprendida por la Ucab Guayana de cara a la acusación a un profesor del campus por presunta violencia de género, Codehciu indica que toda indagatoria e investigación debe hacerse estrictamente apegada al debido proceso, dándole a los (las) presuntos (as) agresores (as) también garantías de imparcialidad. Todo el proceso debe ser con igualdad y sin discriminación.

Balza señaló que el hecho de que el acoso, la VBG y el abuso permeen en lasuniversidades responde, por un lado, a la relación desigual de poder, que hace pensar que quien agrede a una persona por razones de género tiene poder para hacerlo, y esto le será permitido. Es decir, el agresor se siente protegido.“Lo que sucede en la universidad es lo que sucede en la sociedad, es un tema sistémico (…) si en las sociedades hay una concepción machista en las universidades las habrá”.

Y, por otro lado, la opacidad. “La invisibilización de los casos, y la falta de investigación hace que las o los agresores se sientan protegidos. Actúan en una zona oscura, que les permite esto”, resaltó Balza, refiriéndose a la violencia de género en las universidades en general.

La organización emitió un comunicado en el que expresa su disposición de colaborar en los procesos que emprendan las autoridades de la casa de estudios para acompañar y orientar a los estudiantes sobre la VBG, el acoso, abuso y sus implicaciones.

La UCAB Guayana tiene la responsabilidad de revisar sus procesos internos y crear los mecanismos de denuncia. “Que sean sencillos, expeditos, claros y conduzcan a resolver los casos identificados o denunciados: verdad, justicia y reparación deben ser el norte”, señaló la abogada.

Balza explicó que esto incluye crear órganos que reciban las denuncias, las procesen, se les haga seguimiento e instituyan una investigación. “Pero además la universidad debe fomentar la denuncia, acompañarla, guiarla más allá de sus protocolos internos”, indicó.

Hay dos mecanismos que Codehciu considera imprescindibles para reducir la VBG, abuso y acoso dentro de las universidades: investigar para poner en conocimiento a las autoridades judiciales competentes para que estos hagan lo conducente y la prevención con educación y sensibilización a toda la comunidad universitaria. Todo esto evitaría la desestimación de las denuncias y generaría el acompañamiento necesario, además también disminuiría el subregistro de casos, pues se promovería un ambiente que permita a las personas sentirse seguras y no acusadas al denunciar.

“Debe haber un mensaje claro y contundente a toda la comunidad y es tenemos tolerancia cero al acoso, abuso y VBG, no debe haber zonas oscuras, vacíos o ambigüedades en esto”, subrayó Balza.

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