Álvarez ha pasado por más de 25 audiencias y el juicio se ha interrumpido en ocho oportunidades durante los nueve años de detención. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han exigido su liberación.

El trabajador de Ferrominera Orinoco, Rodney Álvarez, será trasladado a una nueva audiencia en tribunales el próximo martes 3 de noviembre. Uno de sus abogados defensores, Manuel Sarabia, insiste en que “no tienen cómo comprobar lo que se le acusa”.

Álvarez fue detenido y acusado de asesinato luego de que, en junio del 2011, el obrero Renny Rojas muriera por dos impactos de bala en una asamblea de trabajadores de la estatal Ferrominera Orinoco.

En el sobrepoblado centro penitenciario El Rodeo II de Miranda, en donde está recluido, Álvarez ha sufrido tres atentados, afirmó el abogado. La mayoría de las audiencias que ha tenido en estos más de nueve años han sido diferidas al no completarse el traslado a tribunales. El abogado expresó que Álvarez continúa preso porque es un “caso político” manejado por el alto gobierno. “El único delito por el que lo acusan es por estar en esa asamblea”, comentó.

Álvarez es padre de tres niños con edades de 14, 12 y 11 años, los cuales fueron sacados del colegio de la empresa, tras el arresto. Yanitza Rodríguez, madre del trabajador, manifestó que la hija menor no había visto a su padre hasta hace dos semanas cuando lo pudo ver por fotos y se puso a llorar. “¿Hasta cuándo lo van a tener allí sin ninguna prueba?”, preguntó Rodríguez, quien exigió que se cumpla con un juicio justo que permita la libertad de su hijo.

Señaló que su hijo tiene una mano lesionada y nunca ha sido atendido por el médico del recinto. Para Rodríguez, pese a que en el país se habla de la defensa de los derechos humanos, estos no han sido garantizados al trabajador.

Trabajadores exigen la liberación

Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), expresó que “el único responsable del asesinato de su propio compañero es Héctor Maicán”.

Aunque el también dirigente sindical Maicán fue apresado en ese entonces por funcionarios de la Guardia Nacional, a los pocos días fue liberado. González afirmó que pertenecer al Movimiento 21, a la FBT y ser amigo del exgobernador Francisco Rangel Gómez fueron las razones por las que Maicán salió libre y Álvarez fue detenido.

“Nueve años de injusticia total”, fue como González describió el caso de Álvarez. Exigió que, ante las nulas pruebas para inculparlo, se libere tanto a Álvarez como a Abdul Hurtado, también trabajador de la estatal del hierro.

Además de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) y la organización Provea, la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) solicitó en 2019 la liberación inmediata de Álvarez.

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