Organizaciones internacionales presionan por la libertad inmediata del dirigente sindical cuya suerte pende del resultado de la audiencia de apelación.

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La Corte de Apelación Militar solicitó 10 días más para emitir sentencia sobre el caso del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, Rubén González, quien lleva 20 meses preso en la cárcel La Pica.

“Jurídicamente pudimos seguir demostrando que Rubén no cometió ningún delito”, indicó Jorge Machuca, abogado defensor del dirigente sindical. Expresó que las exigencias se basaron en la nulidad de la antigua sentencia y la libertad plena de González.

Aseguró que, aunque la corte pidió tiempo para analizar, hay esperanzas de que la salida de González pueda ser antes de los 10 días, donde se llamaría a otra audiencia para exponer la decisión final del caso.

De acuerdo con el defensor, González sigue presentando síntomas de fiebre, gripe, problemas renales y de hipertensión, pero el dirigente les comentó que está siendo atendido y le permiten el acceso a los medicamentos.

González fue detenido en la madrugada del 29 de noviembre de 2018 en una alcabala militar en Anaco, estado Anzoátegui, cuando volvía a Ciudad Guayana junto a trabajadores de las empresas básicas, tras participar en una marcha nacional convocada por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela en Caracas.

Además de ser enjuiciado ilegalmente en un tribunal militar, González fue condenado el 13 de agosto de 2019 a 5 años y 9 meses de cárcel por los cargos de ultraje al centinela y ultraje a las fuerzas armadas, delitos que de acuerdo con los abogados carecen de lógica, pues no hubo funcionarios en rol de centinela en los hechos que se le acusan.

Yarudid González, hija del dirigente, señaló que la corte debe apegarse a lo solicitado por organizaciones internacionales. “Seguimos esperando que se haga justicia”, manifestó.

El caso de González ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por Provea, Amnistía Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, los cuales han solicitado su libertad.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas expuso que la privación de libertad de González fue arbitraria y exigió al Gobierno nacional su libertad inmediata.

La GTDA determinó que el arresto de González “constituyó una vulneración del derecho internacional, por tratarse de una detención basada en discriminación por su opinión política y por ser secretario general de un sindicato que defiende los derechos laborales”.

González se ha caracterizado por su lucha en la defensa de los derechos de los trabajadores. Mantener una posición adversa a las violaciones del Estado y llamar dictador a Nicolas Maduro le sigue costando su libertad.