Su hija considera que otorgarle alguna medida cautelar seguiría siendo una medida injusta, que continuaría con las violaciones y atropellos a sus derechos. “Él merece venirse a casa con una libertad plena”, sentenció.

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La audiencia de apelación en el caso del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, será este martes 28 de julio, a las 10:00 de la mañana, en el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, el mismo que lo condenó hace más de 11 meses.

Las expectativas de la defensa son lograr la libertad plena luego de la audiencia. “Rubén no es culpable de ningún delito”, manifestó Jorge Machuca, abogado defensor de González.

El dirigente sindical fue detenido en la madrugada del 29 de noviembre de 2018 en una alcabala militar en Anaco, estado Anzoátegui, cuando volvía a Ciudad Guayana junto a trabajadores de las empresas básicas, tras participar en una marcha nacional convocada por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela en Caracas.

Aparte de ser enjuiciado ilegalmente en un tribunal militar, González fue condenado el 13 de agosto de 2019 a 5 años y 9 meses de cárcel por los cargos de ultraje al centinela y ultraje a las fuerzas armadas, delitos que de acuerdo con los abogados carecen de lógica, pues no hubo funcionarios en rol de centinela en los hechos que se le acusan.

“¿Si no hay centinela, a quién van a ultrajar?”, preguntó Machuca. El abogado señaló que la defensa de los derechos sindicales no es ningún delito y “la libertad de Rubén es la libertad de los trabajadores”.

Delicado de salud

   


Yarudid González invitó a los trabajadores a no abandonar la lucha en defensa de los derechos laborales | Fotos William Urdaneta | Archivo

Rubén González tiene 61 años y es paciente renal desde hace una década. Además sufre de hipertensión. Pese a su delicado estado de salud, en el Internado Judicial de Monagas (La Pica) no le han garantizado condiciones adecuadas.

Yarudid González, hija del secretario general, manifestó a finales de junio que el dirigente estaba en una celda con otros cuatro presos militares, sin agua potable, en un espacio no apto y sin contar con medidas preventivas contra la COVID-19. “No se le ha suministrado ningún equipo de protección personal, mascarilla, ningún antibacterial, jabón, nada con que ellos puedan tomar unas medidas de salud ante esta pandemia”, relató.

González informó que la semana pasada el dirigente sindical padeció un cuadro febril sin correcta atención médica. Señaló que siguen preocupados, ya que su padre no debe seguir detenido y le urge atención médica.

Libertad plena

La hija del dirigente sindical manifestó que esperan que el sistema de justicia acate las recomendaciones que han dado organismos defensores de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

El caso de González ha sido denunciado por Amnistía Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, que han solicitado su libertad inmediata. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas expuso que la privación de libertad de González fue arbitraria y exigió al Gobierno nacional su libertad inmediata.

La GTDA determinó que el arresto de González “constituyó una vulneración del derecho internacional, por tratarse de una detención basada en discriminación por su opinión política y por ser secretario general de un sindicato que defiende los derechos laborales”.

Su hija considera que darle libertad bajo alguna medida cautelar seguiría siendo una medida injusta, que continuaría con las violaciones y atropellos a sus derechos. “Él merece venirse a casa con una libertad plena”, sentenció.

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