El trabajador fue encarcelado hace más de ocho años. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifestó su preocupación, en un reciente informe, por el largo encarcelamiento “sin que se haya demostrado su culpabilidad”.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Este jueves, 12 de diciembre, se reanuda, por octava vez, el proceso judicial contra el trabajador de Ferrominera Orinoco, Rodney Álvarez, quien acumula más de ocho años encarcelado por su presunta participación en el homicidio del también ferrominero Renny Rojas, el 9 de junio de 2011, en el portón de la industria del hierro.

A principios de año, Álvarez se declaró en contumacia, que implica la incomparecencia a tribunales, debido al retardo procesal, la ausencia de pruebas que develen su presunta culpabilidad y la politización de un caso que la defensa considera no se solucionará por la vía jurídica.

El abogado defensor, Manuel Sarabia, informó que en agosto el proceso se estancó por la decisión del Circuito Judicial Penal de trasladar el expediente a la sala 1 de esa circunscripción que, según el artículo 507 y 508 del Código Orgánico Procesal Penal, no tiene competencia en materia judicial, sino administrativa.

“Fue otra violación de las garantías procesales y por eso el acusado se declaró en contumacia a principios de este año para presionar a los órganos de justicia y que haya celeridad”, dijo. No obstante, la jueza que lleva la causa no se ha pronunciado sobre este estado de rebeldía.

“Hace cuatro meses fue maltratado para el traslado a los tribunales porque se negaba a ir. Los órganos de justicia no han sido imparciales, porque es un caso político”, recalcó el abogado, quien ha denunciado que la detención de Álvarez busca encubrir al autor material del asesinato, quien es adepto al oficialismo en la entidad.

Con los más de ocho años de encarcelamiento sin demostración de culpabilidad, Sarabia señala que el trabajador ya cumplió la pena que se dicta por el delito de homicidio simple, por el que fue acusado, “pero no le quieren dar la posibilidad de demostrar su inocencia porque saben que no es culpable”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió la liberación de Álvarez y expresó su preocupación, en un informe publicado en octubre, ante el encarcelamiento durante los últimos ocho años “sin que se haya demostrado su culpabilidad y en ausencia total de justificación por parte del Gobierno de las pruebas que condujeron a la Fiscalía a hacer las imputaciones de las que es objeto el señor Álvarez. La comisión considera que el hecho de mantener a un sindicalista encarcelado por tantos años sin sentencia recaída, constituye un muy serio atentado al debido proceso y un acto gravemente violatorio de la libertad sindical”.

En el tiempo de reclusión, documenta el informe, Álvarez ha estado encarcelado en condiciones precarias y ha sido víctima de tres atentados por parte de otros presos comunes: herida con arma de fuego el 27 de diciembre de 2017; seis heridas con armas blancas el 6 de agosto de 2018 y golpiza el 5 de julio de 2019, hechos por los que el Ministerio Público no ha abierto investigación alguna, puntualizó la OIT.

La comisión de la OIT alertó también sobre las condiciones de reclusión a distancias considerables de sus residencias, como ocurre en el caso del secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, encarcelado a 400 kilómetros de su ciudad de residencia; Rodney Álvarez, a 680 kilómetros, y gremialistas de Carabobo, que estuvieron recluidos en sitios ubicados a más de 170 kilómetros de su lugar de vida.

“A la luz de todo lo que antecede, la comisión no puede descartar que el encarcelamiento de sindicalistas y dirigentes empleadores procesados implique una forma de sanción por el ejercicio de actividades sindicales legítimas; tal sanción constituiría un elemento más de un mecanismo mayor, inhibitorio en lo inmediato y disuasorio en lo futuro, del ejercicio de la libertad sindical”.

La madre del trabajador ferrominero, Yelitza Rodríguez, presentó el caso hace dos meses a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se reunió en Caracas, por intermedio del Comité de Familiares de las Víctimas de la Violencia (Cofavic) y organizaciones sindicales que abogan por la liberación plena de dirigentes sindicales.