Para el próximo 16 de marzo fue fijada la fecha de audiencia ante la Corte de Apelación, en Caracas, por el caso del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, encarcelado hace más de un año en la prisión militar de La Pica, en Monagas. La defensa fue notificada la mañana de este 26 de febrero y espera que con los argumentos y pruebas a presentar, anulen la sentencia condenatoria y den libertad plena al dirigente sindical.
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La Fiscalía nunca presentó pruebas ni elementos de interés criminalísticos que pudieran demostrar en la presentación, en la fase preliminar ni en la de juicio, que Rubén había cometido esos delitos”. Miguel EkarMiguel Ekar, uno de los abogados defensores, reiteró que se trató de un juicio inconstitucional por parte del Tribunal Quinto de Juicio de Control Militar de Maturín, estado Monagas.
“Se violentó el artículo constitucional 49, sobre el debido proceso, numeral 4, que habla de que todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un tribunal natural. Sin embargo, el tribunal militar, desde la fase de inicio, en la presentación y la fase preliminar, mantuvo a González privado de libertad por los delitos de ataque al centinela, ultraje a las Fuerzas Armadas y ultraje al centinela”, señaló Ekar.
Del delito de ultraje al centinela, González quedó absuelto. Para la defensa, los otros dos delitos imputados tampoco se cometieron y que el encarcelamiento de González obedece a razones políticas.
“En la fase condenatoria expresamos que estamos en contra de esos dos delitos porque la Fiscalía nunca presentó pruebas ni elementos de interés criminalísticos que pudieran demostrar en la presentación, en la fase preliminar ni en la de juicio, que Rubén había cometido esos delitos. Debemos recordar que en toda esa fase demostramos que los guardias nacionales fueron a la casa de Rubén, entraron sin su permiso, violentando la propiedad privada, sin tener orden judicial”, recordó.
Más de un año en prisión
El 29 de noviembre de 2019, Rubén González cumplió un año encarcelado, de los cinco años y nueve meses a los que fue condenado el pasado 13 de agosto.
 Defensa de Rubén González sostiene que el caso fue un juicio político para callar las luchas sindicales | Foto William Urdaneta |
En la madrugada del 29 de noviembre de 2018, González regresaba de una marcha de trabajadores en Caracas, donde precisamente exigieron a Nicolás Maduro el cese a la persecución y el respeto a los contratos colectivos y tablas salariales, violentadas a partir de la reconversión monetaria de agosto de ese año. La detención se dio en una alcabala en Anaco, estado Anzoátegui.
El expediente que le armaron a González tuvo que ver con un intento de detención que en agosto de ese año, funcionarios de la Guardia Nacional intentaron hacer cuando el secretario general de Sintraferrominera realizaba una asamblea en el portón de la empresa, en Ciudad Piar.
Los funcionarios militares llegaron incluso hasta la vivienda de Rubén González y violentaron un paredón para ingresar a ella. Para entonces, el sindicato denunció que eran parte de las maniobras para imponer el contrato colectivo que negociaba el sindicato paralelo en Ferrominera.
Fuera de la lista
A principio de 2020, con las negociaciones entre el oficialismo y un grupo de partidos minoritarios de la oposición, salió a relucir la posibilidad de que González fuese excarcelado o recibiera el beneficio de arresto domiciliario.
El excandidato presidencial Javier Bertucci también se refirió a una pronta excarcelación, medida que a la fecha no se ha materializado. Su nombre tampoco salió a relucir en la lista de las primeras 14 personas a excarcelar.
Tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como Amnistía Internacional se han pronunciado para exigir la liberación inmediata de Rubén González. Esta última lo declaró un preso de conciencia.
Esta es la segunda condena en contra del dirigente sindical. En 2009 fue detenido por liderar una protesta laboral y en marzo de 2011 condenado a siete años, seis meses y 22 días de prisión, aunque dos días después la sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia.
Actualmente González presenta un estado delicado de salud por crisis hipertensivas que, hasta ahora, no ha recibido la adecuada atención médica.
