domingo, 9 de mayo de 2021 | 12:56 AM

Trabajadores de Alcasa temen reducción de 50% del personal ante irregular jornada de actualización de datos

Aseguran que el gobierno negocia con rusos e iraníes la privatización de la empresa, por lo que necesitan sanear las nóminas antes del mes de mayo.

Sin medidas de distanciamiento y sin hidratación para los asistentes, Alcasa inició la jornada de actualización de datos de trabajadores fuera de planta. Javier Torres, presidente del Movimiento 7 y miembro del comité de higiene del Sindicato de Trabajadores de Alcasa, señaló que es una medida que busca afectar al trabajador. “Ellos pretenden aplicar una reducción de personal antes del mes de mayo”, dijo.

La Jornada de Actualización de Datos, la cual no está contemplada en el contrato colectivo, se empezó a hacer a comienzos de año para saber la condición de los trabajadores de las empresas básicas, fuera de planta y, para determinar si siguen residiendo en la zona, migraron o fallecieron.

Señaló que fuentes internas en la empresa le informaron que el gobierno pretende despedir trabajadores, porque la estatal del aluminio está siendo negociada para ser vendida a privados rusos e iraníes. “Quieren reducir personal porque quieren que no haya sindicatos, ni trabajadores que reclamen derechos”, dijo.

De acuerdo con Torres la empresa tiene más de 4 mil trabajadores y se proyecta despedir alrededor del 50%. “Para el mes de mayo ellos pretenden sacar a 2.500 trabajadores”, alertó.

Torres estima que desde el 2018 y hasta la fecha actual, hay 481 trabajadores despedidos por reclamar a directivos de la empresa y por no poder trasladarse a la empresa por falta de transporte. “No han respetado la inamovilidad laboral”, denunció.

“Hay casos donde los trabajadores fueron acusados de supuestos hechos punibles que ellos no cometieron, ni siquiera hubo investigación técnica del Cicpc y, sin embargo, los sacaron de la empresa aplicándoles sustracción de material estratégico y ejerciendo terrorismo de Estado”, expresó.

De acuerdo con el dirigente, además de los despidos que podrían generarse a partir de la jornada, el proceso no se hizo de forma eficiente. “Hay trabajadores que no aparecen en la data, no se sabe qué están haciendo con esa actualización de datos”, dijo.

Trabajadores fuera

Durante la jornada solo habilitaron dos puntos en San Félix y Puerto Ordaz, en los que atendieron a habitantes de Ciudad Guayana, El Pao y El Triunfo, lo que significa una complicación para quienes viven a más de 50 kilómetros de distancia y no tienen para pagar pasaje.

Torres señaló que directivos de la empresa no quieren que los trabajadores pisen la estatal, debido a los reclamos y molestia de los obreros fuera de planta. El deterioro de la estatal hace que se necesite una gran inversión, y la llegada de estos nuevos inversores, ligados al gobierno, no será beneficiosa para los trabajadores ya que no se respetará a los sindicatos.

Luis Zamora, trabajador de la estatal, señaló que la actualización es un censo para “controlar” a los trabajadores y sacar calificaciones de despido a quienes no asistan.

Reclamó que de no ser adepto a las políticas del gobierno no se puede entrar a la planta. “Nosotros los que estamos afuera somos los que estamos pasando la verdadera necesitad, todo porque pensamos diferente, porque no estamos alineados al gobierno”, dijo.

“Nosotros no estamos yendo a trabajar no porque no queremos, sino porque ellos nos quitaron los transportes para que nadie pueda trabajar”, dijo César Olivares, otro de los trabajadores que asistió la actualización de datos y se mantiene fuera de planta.

Denunció que la actualización solo busca que los trabajadores que no se reporten sean sacados de nómina, y que hay temor de los trabajadores por terminar de perder el poco salario que les da la empresa.

Alcasa está paralizada desde el apagón nacional de marzo de 2019, cuando los trabajadores fueron enviados a sus casas cobrando un salario menor a los 15 dólares. A finales del 2020 en la estatal empezaron a desmontar las líneas reductoras tres y cuatro, reduciendo aún más las posibilidades de que trabajadores puedan volver.

Henry Arias, dirigente sindical de Alcasa, señaló en octubre que el desmantelamiento de las líneas representaba la pérdida de al menos dos mil empleos tanto en Alcasa como en Carbonorca.

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