jueves, 21 de octubre de 2021

Sintracemex denuncia que la Inspectoría del Trabajo comete irregularidades en procesos de solicitudes de reenganche

De acuerdo con el secretario general de Sintracemex, Jhonny Linares, las recientes calificaciones de despido buscan crear paralelismo sindical aliado al patrono, medida que cuenta con respaldo de la Inspectoría del Trabajo. | Foto Jhoalys Siverio

De acuerdo con el secretario general de Sintracemex, Jhonny Linares, las recientes calificaciones de despido buscan crear paralelismo sindical aliado al patrono, medida que cuenta con respaldo de la Inspectoría del Trabajo. | Foto Jhoalys Siverio

Nuevas denuncias de irregularidades en los procesos de la Inspectoría del Trabajo, realizan representantes sindicales, esta vez relacionadas con solicitudes de reenganche de trabajadores con calificaciones de despido. Las acusaciones las hace el sindicato de Venezolana de Cementos, cuyos representantes aseguran que la directiva de la empresa ordenó calificaciones de despido como “venganza personal”, por la relación que mantienen los trabajadores con la organización sindical.

El pasado lunes 11 de octubre, el secretario general de Sintracemex, Jhonny Linares, junto al representante legal Frank Silva, acudieron a la Inspectoría del Trabajo en Puerto Ordaz, donde los afectados debían declarar.

“La empresa sencillamente los envió a otro frente de trabajo para que no asistieran a declarar. Nos llama la atención lo rápido que ha hecho la Inspectoría para admitir el proceso de calificación de despido, cosa que no pasó cuando en enero le solicitamos una mesa de trabajo para negociar unos acuerdos de convenciones colectivas vencidas desde 2010 y no hicieron nada, se hicieron de la vista gorda y dejaron a los trabajadores solos”, denunció Linares.

El abogado Frank Silva, calificó de groseros los actos de la Inspectoría del Trabajo, porque no se han iniciado los procedimientos de reenganche a favor de los trabajadores de Venezolana de Cementos.

“Las calificaciones de despido son algo que oculta el expediente. El expediente es mal llevado desde la admisión de las pruebas, la notificación, ni siquiera le notifican a los trabajadores. El lunes vamos a un acto de la trabajadora Lennys Bolívar y nos encontramos con que en fecha muy anterior es cuando se inicia el proceso de calificación de despido. Yo solicito las copias del acto de admisión de las pruebas y el escrito de promoción de las pruebas, y estas diligencias ni siquiera descansan en el expediente. ¿Cómo la trabajadora se defiende a través de su asesor jurídico, que ni siquiera sabe los días del acto?”, cuestionó Silva.

Mencionó también el caso de Yubisais León, una trabajadora despedida en julio, y que a la fecha la Inspectoría no ha admitido la solicitud de reenganche.

“Lo grave es que cuando estoy en el acto de una ratificación de documentos de testigos, que me enteré por terceros, me entero que de la mano de la otra parte, tenían el escrito de solicitud de reenganche que no habían admitido”, agregó.

Para Linares, “el patrono busca eliminar a los sindicatos para no hablar más de convenciones colectivas, sino de un salario social que es parte de una bolsa de comida, una bolsa de carne y hasta el mismo uniforme de los trabajadores. Lastimosamente otras industrias están mejor que nosotros”.

Los representantes laborales hicieron un llamado al ministro del Trabajo, al de Industria y al presidente Nicolás Maduro, a voltear la mirada hacia las industrias de Guayana y sus trabajadores.

Las calificaciones de despido se hicieron recurrentes en los últimos tres años, como respuesta de las empresas del Estado a las denuncias de los sindicatos y trabajadores, por la eliminación de beneficios y por denunciar la precaria producción en las empresas.

Linares señaló que en septiembre, Venezolana de Cementos cerró con 4 mil toneladas de producción de cemento. Sin embargo, esta industria en Guayana tiene una capacidad de 30 mil toneladas de producción cementera.

Además, denunció el desvalijamiento de frentes de trabajo, que deja a poco más de 200 trabajadores sin empleo. Tal es el caso de las plantas picadoras de piedra en la vía a Ciudad Bolívar y en Cambalache, así como las plantas de concreto en San Félix y Ciudad Bolívar. “El frente de transporte, donde funcionaban 76 carros, solo funcionan 10”, agregó.

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