domingo, 28 de noviembre de 2021

Régimen mantiene encarcelados a trabajadores de Corpoelec acusados arbitrariamente por apagón de marzo

Geovanny Zambrano y Otoniel Ramos siguen a la espera de su audiencia preliminar, luego de ser imputados por “sabotaje”, pese a que trabajadores llevan años advirtiendo el colapso por la falta de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas.

Más de tres y cuatro meses han transcurrido desde que Otoniel Ramos y Geovanny Zambrano, ambos trabajadores de Corpoelec en Bolívar, fueron detenidos y responsabilizados arbitrariamente por el apagón nacional del 7 de marzo, y los ocurridos en días posteriores.

Es el mismo tiempo que llevan esperando por su respectiva audiencia preliminar, en la que el tribunal decidirá si hay sobreseimiento de la causa o pasarán a juicio. Otoniel Ramos, preso en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas, tiene fecha para el 30 de julio, luego del diferimiento hecho el pasado 2 de julio por ausencia de la representación de la Procuraduría.

En el caso de Geovanny Zambrano, detenido desde el 12 de marzo en el Servicio de Inteligencia Nacional (Sebin), en San Félix, ni siquiera le han dado fecha de audiencia preliminar.

Las denuncias no se han hecho sentir por temor de los familiares, a que dilaten aún más el proceso o las represalias que puedan tomar contra ellos.

La persecución del régimen

Zambrano fue apresado inicialmente el 11 de marzo por la Dgcim, para ser interrogado por su compañera y dirigente sindical de Corpoelec, Damaris Cervantes, quien -junto al jubilado José Cedeño- declaró a medios de comunicación sobre la falta de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas y advirtió del colapso semanas antes del apagón de marzo. Cervantes y Cedeño huyeron de la persecución a raíz de la detención de Zambrano.

Fue imputado por asociación para delinquir, fuga de información y sospecha de sabotaje.

Un mes después, el 18 de abril, vino el arresto de Otoniel Ramos, uno de los cinco nombres impresos en una orden de captura emitida el día anterior.

Ramos llevaba 18 años de servicio como analista de sistemas en la Gerencia de Automatización, Tecnología de la Información y Telecomunicación (ATIT) de Macagua. Tenía por lo menos año y medio sin asistir a la central, debido a la falta de transporte, misma situación registrada con otros 500 empleados.

Fue acusado de daños a las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), terrorismo y asociación para delinquir.

En esa orden de captura se incluyó a Julio César Acuña Núñez, quien trabajó hasta 2010 en la extinta Edelca como ingeniero electrónico en el área de Despacho de Carga; Ramón García García; Miguelángel José Freitas, técnico T1 adscrito a la Gerencia de ATIT desde agosto de 2005 hasta julio de 2017; y Jesús Rodríguez Landoni. Todos llevan al menos dos años fuera del país.

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