martes, 30 de noviembre de 2021

Nuevo salario mínimo: privados lo determinan y el Gobierno se hace el loco

El chavismo acabó con la figura del salario mínimo en el país, donde el libre mercado empieza a encontrar sus propios baremos y tarifas mientras se quebrantan decenas de leyes laborales.

El chavismo acabó con la figura del salario mínimo en el país, donde el libre mercado empieza a encontrar sus propios baremos y tarifas mientras se quebrantan decenas de leyes laborales.

El chavismo está lleno de tradiciones y símbolos que construyó a lo largo de sus 22 años en el poder. Mensajes y decretos repletos de demagogia que han configurado a un séquito fiel que los difunde como logros.

Este es el caso de los aumentos salariales, que de manera casi religiosa son incrementados cada día del trabajador, festividad celebrada el 1 de mayo. Al menos una vez al año, el mandamás del chavismo ordena un nuevo monto mínimo a pagar por parte de empresas públicas y privadas.

Ese promedio de 2,3 aumentos salariales por año fue usado hasta hace tan solo un par de años como un logro por parte del oficialismo, un eslogan que presume éxito y compromiso con la población. Pero desde 2019 este discurso dio un giro de 180 grados.

Los seis ajustes salariales que Nicolás Maduro decretó durante 2017 -en una persecución ilusoria contra la inflación que ese mismo año escaló a hiperinflación- contrastan con el único incremento ordenado este año, por supuesto, en el marco del Día del Trabajador.

Pero la frecuencia no es lo único que ha cambiado. El poder adquisitivo del venezolano se reduce día a día, semana a semana, mes a mes. El último ajuste dejó en evidencia la escasa importancia que le da el chavismo a esta realidad, pues el Gobierno configuró un sueldo mensual de apenas Bs. 7 que se mantiene vigente y equivale a 1,75 dólares estadounidenses.

De acuerdo con el Banco Mundial, el umbral de la pobreza extrema se define por un ingreso de 1,90 dólares diarios. En Venezuela, el salario mínimo es incluso inferior a este parámetro por mes. Diariamente la remuneración legal pasa a ser 0,05 dólares.

La remuneración mínima es prácticamente una ilusión y, como si de un país con una economía pronunciadamente liberal -contrapuesta al socialismo promovido a capa y espada por el chavismo- se tratara, es el mercado libre el encargado de establecerlos.

Así lo explica Marielena Alvarado, experta en relaciones industriales y recursos humanos, al afirmar que el Gobierno ha relegado al sector privado definir las escalas salariales en el país.

El mercado progresivamente ha tomado sus espacios para imponer la ley de la oferta y la demanda como máxima a la hora de definir precios en prácticamente cualquier ámbito.

Entonces, lejos de esos Bs. 7 establecidos como salario mínimo legal desde el pasado mes de mayo, los actores económicos del país dictan una realidad muy distinta para los sueldos.

El salario normativo se reduce parcialmente a los 2,8 millones de empleados públicos del país, un 26,5% del total de trabajadores ocupados según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), que dependen de tablas salariales basadas en el sueldo mensual mínimo. Pero incluso esta porción es compensada con bonos emitidos por el Estado a través del sistema Patria que, en conjunto, superan con creces el ingreso mensual que reciben por sus trabajos, aunque aún permanecen por debajo del umbral de la pobreza extrema.

Fuera de la porción pública, el OVF identifica a dos sectores más de la masa laboral venezolana. Por una parte, registran a un 25,9% de empleados activos del sector privado y, por otra, a un mayoritario 47,6% de trabajadores independientes. Juntos suman un 73,5% de la población laboral del país que no dependen del sueldo mínimo.

Para esta mayoría, los ingresos son completamente distintos, aunque no del todo claros para el país, ya que no existe una referencia que permita determinar los escalafones salariales.

El misterioso “verdadero” salario mínimo

De boca a boca se comparten las cifras salariales entre colegas, conocidos y familiares. Como si se tratara de un secreto bien guardado, se abordan estas conversaciones con ciertas reservas.

Es así como surgen algunas pistas que podrían dar una idea, correcta o equivocada, sobre los salarios en el mercado laboral. Incluso en redes sociales se aborda el tópico para alcanzar estimaciones que apenas rasgan la superficie de los datos reales.

Por ejemplo, el director de la consultora Econométrica elabora una encuesta mensual a través de su cuenta de Twitter, en el que pregunta los ingresos mensuales individuales de sus seguidores. En las tres publicaciones que ha realizado hasta la fecha, el grupo con mayor cantidad de votos es el del ingreso más elevado “Más de $150”, mientras que el segundo más elegido es el rango de “$ 0 – $ 50”. Los puntos medios, de “$ 50 – $ 100” y “$ 100 – $ 150” reciben pocos votos.

Estos datos dan la impresión de que el mercado laboral está definido por sus distorsiones y que Venezuela se divide en dos grandes grupos: los que ganan menos de $ 50 y los que perciben más de $ 150.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales se han dado a la tarea de estudiar el mercado y ofrecer datos más precisos, al margen de un Estado que evade por completo la discusión.

El OVF publicó un informe que aborda la situación salarial el pasado mes de abril. Mediante el “Índice de Remuneraciones de los Trabajadores Venezolanos (IRT)” explican que las remuneraciones mensuales en promedio para enero de 2021 eran de 55 dólares.

Sin embargo, la cifra depende de manera importante del sector de desempeño. Datos más detallados reflejan una variedad importante entre los salarios para cargos gerenciales, profesionales, técnicos, obreros y operadores. Rezagado, en un rango aparte, figura el sector público que impulsa hacia abajo la media general.

Otros datos más actualizados recopilados por la Asociación Venezolana de Gestión Humana (AVGH) mediante una encuesta a 62 empresas de distintos sectores y tamaños, el ingreso mensual en el sector privado promedia los 150 dólares para los trabajadores operarios de nivel 1, uno de los pisos más bajos en las escalas de empresas.

Un poco más arriba en el escalafón, a un nivel profesional, figura el cargo de analista junior y sus equivalentes, que generan ingresos mensuales en un rango de entre 300 y 400 dólares.

Estas remuneraciones, aunque aún insuficientes para cubrir los costos de la vida de una familia en Venezuela, son el ejemplo de que el sector privado ha encontrado fórmulas para mejorar los ingresos de sus empleados.

Alvarado explica que las compañías empezaron a asumir apetito de riesgo, es decir, arriesgarse a exponerse a posibles impactos en función de mejorar su operatividad. En este sentido, apartan la mirada del marco legal y se atreven a buscar mecanismos alternativos para hacer sustentables sus operaciones y atractivos sus puestos de empleo para sus colaboradores.

Es así como han surgido configuraciones de pago en las que una porción importante del ingreso está constituida por bonificaciones que no generan pasivos laborales.

“Cada vez las empresas asumen más apetito de riesgo, por eso pagan bonos de eficacia, que aunque podría entenderse que es un salario para todos los fines, se pagan sin impactos de pasivo laboral. Las empresas asumen apetito de riesgo porque buscan bienestar para sus colaboradores a través de un buen flujo de caja que les permita, de alguna manera, cubrir sus necesidades básicas”, argumentó.

Estas prácticas, por supuesto, dependen de cada empresa. Aquellas más formales, con mayor antigüedad y prestigio, asumen menos apetito de riesgo y tienen mayor precaución a la hora de pagar fuera de la norma. Por lo tanto, aunque intentan normalizar sus pagos, no alcanzan escalas lo suficientemente atractivas como para competir con compañías emergentes.

Y es que el mercado laboral ha mutado en función de la realidad económica del país. Con una dolarización de facto a cuestas, la divisa norteamericana marca la pauta en los puestos de trabajo. Incluso aunque una empresa pague un salario en bolívares anclado a la moneda estadounidense, los trabajadores prefieren optar por remuneraciones completamente dolarizadas.

“Ha habido una sensibilización con respecto a eso por parte del gobierno y las inspectorías. Ven los esfuerzos que están haciendo las compañías en estos tiempos. Las empresas dicen que están asumiendo más apetito de riesgo y, si se apegan a lo legal, pierden competitividad, que conlleva a perder recursos y estabilidad”, razonó.

Trabajadores pagando platos rotos

Mientras que las empresas se escudan en que han efectuado sus ajustes en medio de la hecatombe económica que atraviesa Venezuela y el Gobierno simplemente se lava las manos, el trabajador es quien paga los platos rotos.

Es la fuerza productiva del país la que no puede cubrir los costos básicos siquiera de alimentación, pues incluso con los salarios promedios del sector privado -que no se aplican para todas las empresas del país- es imposible acceder a la canasta básica alimentaria.

Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta familiar de alimentos de agosto se ubicó en 312,99 dólares, más del doble del salario promedio de los operarios nivel 1 de acuerdo con la encuesta de la AVGH.

Por eso, para los sectores sindicales es imprescindible que el Gobierno trabaje en un proceso de recuperación progresiva de los salarios y del empleo en general, ante la dramática reducción de puestos que se incrementó tras la interrupción comercial provocada por la pandemia.

La Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi) de 2021 asoma que solo un 40% de la población económica activa se desempeña en empresas formales. Esto quiere decir que un 50% trabaja por cuenta propia. El porcentaje restante lo completan patronos o empleadores (2,8%), miembros de cooperativas (0,6%), ayudantes familiares (3,4%) y servicio doméstico (1,9%).

Ante dos frentes, de salarios insuficientes y una tasa de ocupación formal baja, desde la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente (ASI) proponen la elaboración de una “ley de emergencia laboral transitoria” que permita atajar las distorsiones y someter los problemas a correctivos rápidos mientras se avanza hacia un modelo más funcional y a una reforma en materia económica y laboral.

Como parte de esta reforma, el movimiento sindical deja en claro que, incluso ante la palpable mejora en materia de ingresos, los bonos que no generan pasivos laborales deben estar fuera de la mesa.

“Pedimos que en esa legislación se empiece un proceso de recuperación progresiva de los salarios. Tenemos que establecer una política en la que se deje de bonificar el salario porque los bonos no son salario. No tienen incidencia en prestaciones o beneficios y debemos empezar a recomponer el salario verdadero”, manifestó la presidenta de la Central de Trabajadores ASI, Leida Marcela León.

La reconstrucción del salario no es una exigencia reciente. Desde casi una década delegados sindicales han advertido la progresiva destrucción del poder adquisitivo y han pedido respuestas a un Ejecutivo que se mantiene silente.

En 2015 una delegación de empleadores presentó una queja contra el Gobierno durante la Conferencia Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés) organizada ese año, para denunciar casos de acoso contra miembros de Fedecámaras, junto a otras irregularidades, incluida la ausencia de un diálogo tripartito para establecer salarios acordados entre empleadores, Gobierno y trabajadores.

A raíz de esta queja, el Consejo de Administración de la OIT establece en 2018 la Comisión de Encuesta para examinar la queja presentada tres años antes. Para ello, visitó el país y entrevistó a distintos actores inmiscuidos.

Como resultado de su examen, en 2019 presentó un informe en el que resalta las acciones injerencistas del Estado que afecta la independencia de organizaciones de empleadores y trabajadores, la persecución y acoso contra empresarios y líderes sindicales, además de la situación salarial. Elabora también una lista de recomendaciones en las que exhorta al gobierno de Nicolás Maduro a liberar a los sindicalistas presos e insta a instalar un diálogo tripartita.

Dos años más tarde, estas recomendaciones no han sido tomadas en cuenta por el chavismo pese a ser de carácter vinculante, ya que Venezuela es miembro de la OIT y ha ratificado sus convenios. Es decir, otro camino para reestablecer los derechos de los trabajadores que fue ignorado por el “presidente obrero”.

Ante un tablero trancado, desde la Central de Trabajadores ASI, León propone que en la ley transitoria planteada se establezca un salario de emergencia para sobrevivir a la crisis, que pudiese rodar entre los 50 y 100 euros para dar apoyo a todos los ocupados del sector público que reciben un ingreso irrisorio y para que los empleados privados tengan un complemento.

Por supuesto, para materializar la propuesta sería necesario que todos estos puntos sean planteados y evaluados en la mesa de negociación que la oposición y el chavismo instalaron en México.

A mediados de septiembre, las delegaciones del chavismo y de la oposición acordaron establecer una Mesa Nacional de Atención Social, una instancia que abordará soluciones consensuadas para atender los problemas más urgentes que azotan a la población. La recuperación del ingreso se postula como uno de estos temas centrales.

Semanas más tarde se alcanzó otro acuerdo parcial, que consistía en ampliar la Mesa Nacional de Atención Social a través de la consulta a actores sociales y políticos en el plano nacional e internacional.

Esta iniciativa originó un haz de esperanza para los sindicatos, que vieron una oportunidad para expresar sus ideas y sus voces, por lo que solicitaron un espacio en esta mesa.

De acuerdo con León, la voz de los trabajadores debe ser escuchada en México y las propuestas requieren de la cooperación internacional para ejecutarse. No obstante, los principales movimientos sindicales del país no han recibido invitación o contacto alguno.

“A nosotros no nos han convocado. Ni actor del gobierno ni de la oposición a participar en esa mesa técnica social que se articularía. Hasta ahora no nos han pedido propuestas. Pero formamos parte del Foro Cívico y participamos en la construcción de la agenda social para presentar en esa mesa técnica”, detalló.

El sector sindical no pide milagros. Sabe muy bien que un salario fijado en función de la canasta básica no es sostenible. Por eso abogan por soluciones de emergencia a corto plazo mientras se trabaja a profundidad y a futuro en las respuestas reales a los problemas estructurales del país.

La consolidación de mejores sueldos requiere necesariamente de una revisión de las políticas económicas y un conjunto de medidas macroeconómicas que generen mejores condiciones en todos los ámbitos de la economía nacional.

Sin mayor producción y estabilidad empresarial, será imposible normalizar los salarios y recuperar las conquistas que durante años las organizaciones sindicales lucharon para alcanzar.

Universitarios condenados al salario mínimo

En el mismo frente, pero bajo una trinchera distinta, se desarrolla la lucha del sector docente. Quizás el más magullado por la crisis venezolana al considerar la importancia que tienen los profesores para el desarrollo de la sociedad.

Las tablas salariales del personal universitario son un ejemplo de la nula atención que presta el chavismo a sus profesionales, pues el último ajuste vigente desde el 1ro de agosto del presente año establece primas que van entre los Bs 7 (el salario mínimo) hasta los Bs 46,6 como ingreso máximo para un profesor titular con dedicación exclusiva. Es decir, la persona que mejor gana en una universidad autónoma recibe apenas unos $11 mensuales.

Es por eso que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) encabeza una cruzada contra las autoridades gubernamentales en exigencia de un salario digno, pero en un contexto más complicado de lo usual.

La pandemia ha repercutido con especial crudeza en el sector educativo, condenando a profesores y estudiantes a adaptarse a un modelo digital incompatible con la calidad de los servicios comunicacionales del país.

Con una internet con la más baja velocidad de la región, acceso precario al servicio eléctrico y muchas veces sin siquiera tener los equipos necesarios, ya han transcurrido más de 17 meses de clases online.

En este período de tiempo, los docentes han buscado alternativas para reforzar los miserables sueldos que reciben. Sin la obligación de trasladarse hacia sus sitios de trabajo y con mayor tiempo libre para dedicarse a otras actividades, han sobrevivido durante estos meses.

No obstante, el regreso a las clases presenciales pautado para este octubre ha empujado a los profesores a una situación delicada, pues en muchos casos trabajar simplemente no vale la pena y genera más gastos que ingresos.

“Con estos salarios no es posible sobrevivir porque ni siquiera son salarios. El Estado rompió la relación laboral con los universitarios, quienes sobreviven en ejercicio libre de su profesión, matando tigres. Ejercen su profesión afuera, hacen investigaciones, informes, entre otros”, explayó la secretaria de información de Fapuv, Keta Stephany.

Pero es el mismo Gobierno el que ha contribuido con la precaria situación del profesorado, pues promovió y ayudó a consolidar a la Federación de Trabajadores Universitario de Venezuela (FTUV) como el movimiento sindical encargado de discutir con los entes gubernamentales, a pesar de que se apegan a los designios del chavismo en lugar de defender los derechos de los trabajadores.

Desde este sindicato se aprobó la IV Convención Colectiva Única del sector universitario, un documento ampliamente rechazado por los trabajadores del sector universitario, al dar mayor peso en los ingresos mensuales a bonos asistencialistas que al salario nominal.

“En esa tabla impuesta en esa discusión no se habló de salario porque desde 2018 se establecen aplicando salario mínimo al primer ingreso de la tabla para la administración pública, y luego una interescala que ellos mismos valoraron”, puntualizó Stephany.

Mientras que el FTUV -que carece de representación en las universidades con mayor cantidad de estudiante matriculados- es tomado en cuenta, la Fapuv es completamente ignorada a pesar de que acumulan denuncias y exigencias con el pasar de los años.

Stephany afirma que la única forma de hacer que el gobierno chavista los escuche es llevando sus quejas ante la OIT, organismo que se las hace llegar al chavismo.

“Desde Fapuv hemos elevado reclamos al Gobierno, a la defensoría, a la AN, recursos al TSJ; hemos acudido a todas las instancias del Estado y no recibimos respuesta. Hemos denunciado todos los casos de violación de los derechos laborales y sindicales de los profesores ante la OIT, que es la única que ha respondido. Lo que hacen es comunicarle las quejas al Gobierno”, relató.

El gran deseo de los trabajadores universitarios es que se establezca un salario que se resguarde de la devaluación y conserve su valor con el paso del tiempo. Remató denunciando que la devaluación es un mecanismo del Estado para “apropiarse de los recursos y el patrimonio de la población”.

Los autónomos “hacen mercado”

Lejos de toda la disputa sindical, de las disyuntivas sobre el salario mínimo y la dependencia de los ingresos que ofrezca una empresa privada, otro sector ha ganado un espacio considerable en el mercado.

Actualmente son aproximadamente un 50% los trabajadores independientes que se desempeñan en el mercado laboral y contribuyen a la productividad del país de una forma menos tradicional.

Sin una intención premeditada de hacerlo, han mutado el mercado laboral y hoy representan una competencia importante para la empresa privada y una alternativa muy superior al sector público.

Las experiencias e historias de los autónomos describen a la perfección cómo el mercado se regula y construye por sus propios medios a través de sus actores, los productores -los trabajadores- y, por supuesto, los consumidores.

Yerilyn López se dedica a la manicura. Desde 2018 empezó a trabajar por cuenta propia para mantener un ingreso paralelo a su salario como empleada del sector público en un colegio ubicado en Montaña Alta.

Para iniciar, se vio en la necesidad de explorar el mercado y a sus competidores directos, los salones de belleza. Un recorrido por locales de la ciudad fue suficiente estudio. Preguntó precios de los servicios que ella ofrecería por cuenta propia y los promedió. Luego decidió reducir ese promedio y establecer su tarifa.

Su propia experiencia y conocimiento del mercado le han permitido determinar cuánto cobrar, menos que los salones de belleza, pero más que las manicuristas principiantes, y siempre teniendo en cuenta la estructura de costos que le permite mantener rentable el negocio.

“Yo aumento según el gasto que tenga en materiales. Si me aumentan, yo hago ajustes. Mis precios son más económicos que en un centro comercial, pero no son tan bajos comparados con los de otras chicas que están comenzando y cobran el servicio bastante económico, solo para recuperar el material. Yo he ajustado también de acuerdo a mi experiencia y la calidad del servicio”, contó.

La dinámica que tuvo que asumir López cuando el país entró en cuarentena es un reflejo de cómo funciona la ley de la oferta y la demanda, que acaba por aplicarse en cualquier mercado y bajo cualquier contexto.

Después de perder clientes ante la inactividad comercial del país, se vio en la obligación de bajar sus precios, como corresponde cuando se contrae la demanda. Sin embargo, la necesidad del servicio hizo que la demanda creciera progresivamente, pero que la oferta se mantuviera baja ante el cierre de los centros comerciales, por lo que hizo ajustes e incrementó su cartera de clientes, como evidencian los trabajos terminados que publica en su cuenta de Instagram.

“Cuando la pandemia comenzó, prácticamente dejé de trabajar, porque todos estaban en sus casas. Me tocó bajar los precios y comencé a tener clientes. Luego los fui ajustando nuevamente. En realidad, mi mayor crecimiento fue durante la pandemia, cuando todas las mujeres estaban en sus casas y yo empecé a mostrar el trabajo que estaba haciendo”, añadió.

Para quien ha visto frutos a su trabajo independiente, es muy difícil que opten por regresar a empresas, tanto del sector público como del privado.

Así lo prueba Moraima Molina, una peluquera con 30 años de experiencia que se ha desempeñado de manera independiente durante la última década. Junto con un grupo de colegas, decidió pagar un local y trabajar por ellos mismos, en lugar de para una empresa.

“Desde ahí no trabajé más para una peluquería. nosotros mismos colocábamos los precios”, indicaba Molina antes de explicar que la estrategia comercial de este grupo de peluqueros consistió en reducir sus precios frente a sus competidores más tradicionales para atraer más clientes.

A partir del inicio de la pandemia, Molina trabaja individualmente. Las restricciones de movilidad le hicieron desprenderse del local en el que trabajó en la última década y la empujaron a conseguir su propia cartera de clientes.

Desde entonces, configura sus precios en función de sus propias necesidades y su experiencia. Estableció una tarifa en dólares y desde entonces ha decidido no aumentarla, al menos no en demasía. Incluso a pesar de que la economía venezolana experimenta el mal llamado fenómeno de la “inflación en dólares”, Molina se mantiene fiel a sus clientes.

“He tratado de mantener los precios, no como se está haciendo la mayoría de las personas que no se adaptan al cambio de la moneda. Acá la gente sube los bolívares y también el dólar”, resaltó.

En otro sector apartado de la estética y cosmética, datos recabados por la AVGH en una encuesta realizada recientemente indican que las empleadas domésticas dedicadas a labores de limpieza reciben un ingreso diario que fluctúa entre los 10 y 15 dólares diarios. Los empleadores, además, suelen cubrir dos comidas y los costos de transporte.

En medio de las distorsiones del mercado laboral, en muchos casos resulta más provechoso encontrar este tipo de alternativas para trabajar por cuenta propia antes que, por ejemplo, dedicarse a la docencia con un currículo impecable.

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