lunes, 18 de octubre de 2021

Ley de Minas prohíbe cesión de yacimientos a miembros del Poder Público nacional, estadal o municipal

La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo en rechazo a la pretensión del gobernante Nicolás Maduro de otorgar minas de oro a las gobernaciones. El Parlamento advirtió a empresas nacionales y extranjeras que no reconocerá acuerdos suscritos con el régimen.

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La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo en rechazo a la pretensión del gobernante Nicolás Maduro de otorgar minas de oro a las gobernaciones como anunció el miércoles 17 de octubre, en clara violación a la Constitución Nacional y la Ley de Minas.

El artículo 20 de la Ley de Minas, detalló el diputado Francisco Sucre, establece explícitamente que no podrán aspirar a obtener derechos mineros “ni por sí ni por interpuesta persona, salvo por herencia o legado, los miembros del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal”.

El artículo se refiere específicamente al presidente de la República, los ministros y viceministros, miembros del Congreso, miembros de la Corte Suprema de Justicia, diputados de las asambleas legislativas, alcaldes, concejales, el procurador general, el fiscal general y el contralor general de la República, los gobernadores de estado, el gobernador del Distrito Federal y los funcionarios de los despachos con competencia en energía, minas, ambiente y recursos naturales.

El acuerdo de rechazo considera que la gestión fiscal del régimen de Nicolás Maduro “no ha tenido límites, ni control; y no ha sido regida, ni ejecutada con base a los principios constitucionales de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal”, resultando esto en “la peor administración de los recursos” por parte de la administración actual.

El documento reitera que el gobierno mantiene un descontrol en las áreas de explotación minera al sur del país, “donde gobiernan las bandas organizadas y la guerrilla, sin que los órganos del Estado pongan orden a tal situación generándose muerte y miseria en todas las ciudades, pueblos y caseríos aledaños a esas explotaciones irracionales” y agrega que la administración pública no existe debido a la usurpación de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, lo que hace ilegal la medida.

Además del rechazo, la AN exige el cumplimiento y respeto del régimen presupuestario establecido en la Constitución, mediante la existencia de una Ley de Presupuesto anual, así como el apego a la Ley Orgánica de Administración Financiera del sector Público y la Ley de Minas y el restablecimiento de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales.

El Parlamento advirtió a las empresas nacionales y extranjeras que aspiren participar en proyectos ilegales vinculados a la minería, que una vez cese la usurpación “no serán reconocidas las autorizaciones, contratos o concesiones que hayan sido otorgadas por el régimen usurpador, para el desarrollo de cualquier actividad minera en el territorio nacional”.

El diputado Sucre destacó que el artículo 7 de la Ley de Minas permite la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos mineros directamente por el Ejecutivo Nacional o a través de concesiones de exploración y subsiguiente explotación; autorizaciones de explotación para el ejercicio de la pequeña minería; mancomunidades mineras; y minería artesanal, con las excepciones de concesión a los miembros de los poderes públicos.

De allí que advirtiera que cuando se restablezca la democracia habrá un sistema judicial que juzgará estos delitos. “La Ley y la Constitución son extremadamente claros en cuanto al manejo y la administración de las minas”, agregó.

El diputado Williams Dávila, por su parte, resaltó que durante el proceso de descentralización se aprobó la Ley de Asignaciones Económicas Especiales para de esa manera distribuir y compensar a aquellos estados que no tenían recursos petroleros. Además, agregó, se implementó el Fondo de Compensación Interterritorial y el Situado Constitucional, mecanismos legales que permiten la provisión de recursos a los estados, lejos de la idea ilegal de asignar yacimientos auríferos.

“Ustedes han llevado las zonas de Guayana a la peor miseria. Después que acabaron con la industria petrolera, el sistema eléctrico nacional, ahora vienen con el cuento de la repartición de las minas”, agregó el diputado José Rafael Hernández.

La diputada Deyalitza Aray manifestó que esta intención es reflejo de la destrucción de la industria petrolera que, de acuerdo con el Plan de la Patria 2013-2019, proyectaba producir 6 millones de barriles diarios de crudo en 2019, una cifra alejada del registro actual de producción por debajo del millón de barriles diarios. “Ahora sí hablan de diversificar la economía y que ahora el petróleo no puede ser la única forma de ingresos (…) No sean descarados y miserables con un pueblo”, expresó.

Rachid Yasbek, diputado por el estado Bolívar, denunció que el oro de Guayana está manchado de sangre y sirve a los intereses de grandes mafias. Precisó que en 17 plantas de cianuración se producen 2.000 kilos de oro al mes.

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