lunes, 20 de septiembre de 2021 | 1:26 PM

Jubilados de industrias de Guayana introducen amparo constitucional para exigir que se reactive el seguro médico  

Desde 2018 con la aplicación del memorando 2792 las contrataciones colectivas y sus beneficios fueron eliminados, algo que los jubilados quieren cambiar, ante el desamparo que ello implica en materia de salud. | Foto cortesía

Desde 2018 con la aplicación del memorando 2792 las contrataciones colectivas y sus beneficios fueron eliminados, algo que los jubilados quieren cambiar, ante el desamparo que ello implica en materia de salud. | Foto cortesía

@g8che

Jubilados y pensionados de las industrias de Guayana exigen que, a través del recurso de amparo constitucional introducido en tribunales de Puerto Ordaz el pasado 30 de abril, se habiliten nuevamente las convenciones colectivas y con ello los beneficios que estas abarcan, con énfasis en el servicio de seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM).

Frank Silva, abogado que ha acompañado los reclamos de los jubilados, explicó que el documento de amparo fue interpuesto en la jurisdicción laboral de los tribunales, en función de las violaciones al derecho a la vida, la salud y las convenciones colectivas cometidas por la estatal Venalum y la casa matriz CVG.

Silva recordó que las mismas convenciones colectivas establecen que debe mantenerse una póliza de HCM para los trabajadores jubilados y activos. “La finalidad del amparo es el restablecimiento de la situación jurídica infringida”, sostuvo el defensor.

 

Le estamos pidiendo al tribunal que restablezca la aplicabilidad de las convenciones colectivas, porque eso representa una violación al derecho a la salud y a la vida”.

Desde finales de 2018, con la imposición del memorando 2792 los trabajadores y jubilados de Guayana y del país sufrieron la pérdida de sus contratos colectivos, tablas salariales y beneficios alcanzados durante años de lucha, entre los cuales estaba el seguro HCM, fundamental para los jubilados quienes cumplieron en las industrias básicas sus responsabilidades hasta el momento de su retiro.

“Eso es totalmente inconstitucional. Al suspender la póliza no pueden ir a una clínica privada y ¿qué pasa? se mueren”, sostuvo Silva. “Ante el peligro inminente que sigan muriendo jubilados, tienen la obligación de conformidad con la convención colectiva de darles un HCM”.

El tribunal puede admitir, rechazar o declinar competencias ante el recurso de amparo. Los trabajadores esperan por la decisión, que debe ser tomada entre el jueves 6 o el viernes 7 de mayo. “Le estamos pidiendo al tribunal que restablezca la aplicabilidad de las convenciones colectivas, porque eso representa una violación al derecho a la salud y a la vida”, afirmó Silva.

El abogado explicó que de admitirse el recurso de amparo seguirá una audiencia oral y, de no aceptarse, continuarán apelando en instancias superiores. Silva aceptó la inexistencia de un estado de derecho que cumpla las leyes y normas, pero sostiene que seguirán insistiendo en las instancias que sean necesarias. “Esto lo vamos a seguir denunciando ante los organismos internacionales, ante la OIT”, aseguró.

Jubilados desasistidos 

El viernes 30 de mayo, día de la entrega del documento en tribunales de Puerto Ordaz, Hugo Medina, presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar, señaló que el 78% de los jubilados de Guayana eran enfermos ocupacionales.

En el documento instan a que se ordene una medida para el cumplimiento de las contrataciones colectivas y evitar más muertes | Foto cortesía

En ese momento recriminó que los jubilados se estaban “muriendo de hambre”, debido a que estaban recibiendo 0,70 centavos de dólar como pago, lo que los mantenía además lejos de acceder a medicamentos o a un sistema de salud privado, que no garantiza el Estado.

Noel Grillet, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Ferrominera Orinoco, sostuvo que hay más de 20 mil jubilados perjudicados y sin garantías de salud, por la eliminación de los contratos colectivos y los seguros médicos.

Explicó que más allá de que se derogue el memorando 2792 y se vuelvan a garantizar las cláusulas de los contratos colectivos, en el caso de Ferrominera deben habilitar en su totalidad el servicio médico y en Venalum deben atenderse los enfermos ocupacionales.

El dirigente señaló que están asistiendo a las distintas instancias hasta ser atendidos, debido a que hicieron los reclamos en las empresas correspondientes y en la Inspectoría del Trabajo y no fueron escuchados.

El 1 de mayo, durante la conmemoración del día del trabajador, Nicolás Maduro volvió a mencionar las contrataciones colectivas. Sostuvo que estas se retomarán bajo un nuevo concepto que implicaría módulos prioritarios de salario, salud, vacaciones, educación y vivienda.

En un momento cuando los hospitales están desmantelados y colapsados, señaló que podrían buscar mejores fórmulas -diferentes al seguro de hospitalización, cirugía y maternidad- para garantizar la salud de los trabajadores, con médicos y tratamientos. “Construir el sistema de salud pública gratuito y de calidad de la clase obrera (…) eso se puede hacer ya”.

El anuncio fue cuestionado por expertos laborales quienes negaron que puedan negociarse nuevas contrataciones colectivas ante la falta de diálogo social, una de las principales recomendaciones -hasta ahora desestimadas por el gobierno-, de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo.

Grillet espera que se promueva el diálogo social, así como también se cumpla la orden de 2016 que implicaba que a través de una “tarjeta especial” se ofreciera atención obligatoria a los pensionados en clínicas privadas del país. Algo que cuatro años más tarde no se ha cumplido y parece dejado en el olvido.

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