domingo, 19 de septiembre de 2021 | 1:39 AM

Gobierno ha tomado más de 400 medidas contra empresas en lo que va de 2021

A estas acciones les hace seguimiento el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, el cual registró 420 medidas contra el sector privado desde enero hasta el 17 de marzo de 2021, de las cuales 403 fueron fiscalizaciones y 17 normativas regulatorias.

A estas acciones les hace seguimiento el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, el cual registró 420 medidas contra el sector privado desde enero hasta el 17 de marzo de 2021, de las cuales 403 fueron fiscalizaciones y 17 normativas regulatorias.

Si bien es cierto que desde 2019 la administración de Nicolás Maduro ha relajado el control de precios luego de 16 años de constantes ataques contra el sector privado, la realidad es que ni lo ha desmontado ni ha dejado de aplicarlo. Los instrumentos que sustentan las medidas, como la Ley de Precios Acordados, aprobada por la asamblea constituyente en 2017, no han sido derogadas; y basta con revisar las redes sociales de los entes reguladores para ver que siguen activos y que todos los días anuncian nuevas acciones contra empresas y comercios. Una realidad que contradice lo que el Ejecutivo ha pregonado en lo que va de 2021 sobre una supuesta disposición a dialogar y reconciliarse con el sector privado.

Entre enero y mediados de marzo de 2021, el gobierno ha regulado tarifas de la empresa de televisión por suscripción SimpleTV y de servicios clínicos para casos de covid-19, lanzó el Plan 101, fiscalizó mercados municipales, supermercados y terminales terrestres y ordenó a la red de farmacias Farmatodo que bajara sus precios e implementara un “sistema de vuelto en divisas”. También citó a cableoperadoras y recientemente prohibió a la tienda por departamentos Beco y a la cadena de supermercados Excelsior Gama que entregaran vales, una alternativa que empezaron a ofrecer los comercios ante la falta de dólares de baja denominación para dar el cambio.

A estas acciones les hace seguimiento el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, el cual registró 420 medidas contra el sector privado desde enero hasta el 17 de marzo de 2021, de las cuales 403 fueron fiscalizaciones y 17 normativas regulatorias. El sector de la economía nacional más afectado fue el comercio, con 340 medidas, seguido del farmacéutico, con 55 medidas.

La socióloga Ana Carrasquero, coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, sostiene que, contrario a lo que se puede pensar por las flexibilizaciones, Venezuela no está frente a un proceso de liberalización de la economía. “Los controles se mantienen y son usados a conveniencia y discrecionalidad del poder, que ha abierto ciertos compases de flexibilización que responden a sus propias necesidades”.

“El escenario en el que estamos sigue estando caracterizado por políticas contrarias a la iniciativa privada, la libre empresa y el respeto al derecho de propiedad. Los ciudadanos, como consumidores, productores y comerciantes, siguen sin gozar de libertad, de allí que el sistema de precios y la moneda estén destruidos, lo que origina todas las distorsiones que sufren todos los venezolanos”, dijo la experta a TalCual.

Sector comercio, el más afectado

De entre las primeras acciones que tomó el gobierno en 2021 contra el sector privado estuvo el lanzamiento, el 18 de enero, del llamado Plan 101, que consistió en fiscalizar los supermercados y mercados municipales de 101 municipios del país para la “supervisar los precios”.

Una de las exigencias de la Sundde a los comercios es que reciban las divisas a las tasas de cambio oficiales que publica diariamente el Banco Central de Venezuela (BCV) en su página web y en sus redes sociales. Con respecto al pago en moneda extranjera, el ente regulador también ha exigido a los empresarios que entreguen a los consumidores el vuelto, a pesar de que no tienen la disponibilidad de billetes de baja denominación para hacerlo, una de las consecuencias de una dolarización informal que se alimenta de actividades incluso ilícitas y no de un suministro oficial por parte de la Reserva Federal o del Estado venezolano.

Ante la falta de billetes de uno, cinco y diez dólares, los comercios empezaron a implementar algunos mecanismos como la entrega de vales con el monto del cambio pendiente que los usuarios pueden usar cuando regresaran al establecimiento. Sin embargo, al gobierno no le gustó esta alternativa y sin ofrecer soluciones fiscalizó y prohibió la entrega de estos papeles a Beco y a Excelsior Gama.

Al respecto, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Felipe Capozzolo, declaró a TalCual que el sector “claramente” no está de acuerdo con las fiscalizaciones “asfixiantes” y las medidas de control extremo que “no permiten el despliegue de las fuerzas productivas” ni que el comercio, la empresa, la industria y la actividad agropecuaria puedan trabajar.

“Está demostrado a lo largo de la historia que los controles exacerbados no favorecen la producción. Son actividades que ha desarrollado el gobierno en los últimos años para tratar de controlar y cercar o reglamentar el comportamiento de una manera muy invasiva de todos los entes productivos”.

Capozzolo señala que el sector no niega la necesidad de que haya límites y de que exista un árbitro que establezca las reglas del juego, pero insiste en que debe respetarse la posibilidad de poder producir. “El proceso de recesión, hiperinflación y ahora de pandemia que estamos viviendo es sumamente violento y va en contra de la economía. Seguimos viviendo un proceso hiperinflacionario que es mucho más voraz y veloz que la tasa de tipo de cambio, eso produce un esquema y unas condiciones de trabajo altamente improductivas. Por lo tanto, lamentablemente los precios siempre van a estar más altos en Venezuela, es una deficiencia estructural”.

El 15 de marzo la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) informó que, luego de recibir denuncias, el viceministro de Política de Compras y Contenido Nacional del Ministerio de Comercio, Daniel Gómez, y los intendentes Juan Iriarte y Elio Córdova Zerpa fiscalizaron la tienda por departamentos Beco y prohibieron el uso del “vale” como forma de dar vuelto en divisas sin ofrecer otras alternativas y sabiendo los problemas que hay para darle el cambio a los consumidores que pagan con divisas por la falta de billetes de baja denominación.

Dos días después, el 17 de marzo, la ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya, informó por Twitter que la Sundde fiscalizó Excelsior Gama y prohibió que siguiera entregando vales. El ente regulador también ordenó a la red de supermercados que regresara el dinero a sus clientes en menos de 48 horas.

“Debemos tratar de tener empatía para resolver el problema”, dice Capozzolo. “No es culpa del comercio que no haya vuelto y muchísimo menos del usuario, por eso tenemos que tratar de resolver. Recientemente salió la propuesta de los vales, que fue rechazada, pero además de esto se malpone al comerciante porque lo hacen ver como si quisiera apropiarse del dinero del usuario y eso no es así. Los vales fueron una propuesta paliativa para tratar de resolver los problemas para dar el vuelto. El gobierno debe poner sobre la mesa las soluciones adecuadas para que este tipo de cosas no ocurran”.

Capozzolo afirma que en el caso de la escalada de precios en bolívares, el gobierno debe definitivamente controlar la inflación, y en el caso del vuelto crear un medio de pago útil y que pueda masificarse. “Podría ser alguna fórmula de pago exacto o las propuestas que se están haciendo desde el sector bancario del cambio en pago móvil. Esas son medidas que pueden tender a resolver el problema, pero el pago exacto es lo deseable. Podría ser con una tarjeta de débito que se alimente de una cuenta en dólares, porque cualquier medida de transacción de revertir transacción o de hacer transferencias hacia el usuario también lleva más trabajo por parte del comercio. Hay que perfeccionar una solución que nos sirva a todos por igual”.

Un día después de que el gobierno fiscalizara Excelsior Gama, el supermercado informó a sus clientes con avisos pegados en los establecimientos que “el servicio opcional Guarda Tu Vuelto fue suspendido al no estar autorizado por los entes gubernamentales”.

En el proceso de conversaciones que Consecomercio ha sostenido con funcionarios del gobierno de Maduro el gremio ha insistido en la necesidad “indispensable” de controlar la inflación, de ir hacia una nueva matriz energética que resuelva el problema del abastecimiento y producción de combustible, de resolver la crisis de los servicios públicos con la participación de la empresa privada, reconstituir el mercado interino con la reaparición del crédito y evolucionar el sistema 7+7 hacia un esquema más flexible y favorable para la producción.

Telecomunicaciones

En el sector de las telecomunicaciones, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) de Maduro y presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, Juan Carlos Alemán, informó, el 11 de marzo, que planeaban citar a las cableoperadoras del país y a la Sundde para debatir los constantes aumentos en las tarifas de los servicios.

“Vamos a citar a los prestadores de servicio para que se presenten y expliquen, ya tenemos una mesa de trabajo que instalamos con SimpleTV. Las empresas de televisión por suscripción realizan ajustes semanales o colocan el precio que les parece. Tiene que haber un control estatal de esta situación. Quien regula este servicio es Conatel y hay un cuerpo colegiado que se encarga de hacer la revisión de lo que tiene que ver con las tarifas”.

El martes 16 de marzo, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) y directivos de las compañías Inter, NetUno y SuperCable se reunieron para revisar los costos de las empresas y fijar nuevas tarifas de los servicios de televisión por suscripción e internet.

“Conatel nos ha regulado las tarifas desde hace varios años, ahora está revisando los otros rubros adicionales. Ellos los conocían, pero no los habían regulado, en lo que se refiere a acceso a la red y TV por cable”, dijo a TalCual una fuente del sector de telecomunicaciones, quien solicitó el anonimato. “Veníamos trabajando mejor y Conatel dictaba la pauta. Pero veremos si nos obligan a reducir tarifas. Sería terrible. SuperCable ha reducido mucho su negocio. De las tarifas sale la inversión para crecer y mejorar. Aquí no hay financiamiento. Pero hay gente que realmente no puede pagar el servicio y no tiene canales de aire como alternativa. Nadie quiere renunciar a lo que tenía. Es complicado”.

El 21 de enero, funcionarios del Ministerio de Comercio se reunieron con directivos de SimpleTV para revisar, entre otras cosas, las tarifas de los planes ofrecidos por la empresa, aun cuando habían sido aprobadas previamente por Conatel. Esta empresa asumió en 2020 las operaciones de DirecTV luego de que esta anunciara el cese de sus operaciones en el país por incapacidad de poder satisfacer las órdenes tanto del gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump como de la administración de Maduro.

“Hicimos las reuniones y revisamos las denuncias y las estructuras de costo para que próximamente anunciemos cuáles serán las tarifas”, dijo en ese entonces la ministra de Comercio, quien señaló que en las conversaciones participaron funcionarios del Ministerio de Comercio, de la Sundde y de Conatel. “Tenemos que ver si realmente hay especulación, pero tampoco la idea es quebrar la empresa”.

Carlos Lander, director ejecutivo de SimpleTV, aseguró en una entrevista a TalCual que la regulación de precios no tiene ningún sentido y que lo único que genera es un detrimento en la calidad del servicio. Afirma que la compañía espera que el gobierno se dé cuenta de que no se puede tener un subsidio por mucho tiempo y menos cuando SimpleTV quiere ser una empresa autosustentable, no solo para ofrecer un buen servicio de televisión satelital sino también para crecer e incorporar próximamente a su oferta otros servicios, como el de Internet.

Los responsables de la crisis

A juicio de Ana Carrasquero, no hay que olvidar que quienes demandan y aplauden las regulaciones a los privados, están aplaudiendo a los responsables directos de la crisis que vive el país, la cual fue diseñada para someter y controlar. “Si los ciudadanos ven conculcada su libertad para comprar y vender en un espacio de libertad, como debería ser el mercado, son convertidos en siervos dependientes de las concesiones del gobierno. Es por ello que la libertad económica o su ausencia, condiciona la existencia o no de la libertad política”.

En este sentido, el economista Luis Oliveros señala que hay sectores de la sociedad venezolana que “increíblemente” siguen aplaudiendo los controles de precios y las actuaciones de la Sundde. En esos grupos, hay obsesión por conocer “la estructura de costos” y la creencia de que los demás “no pueden tener márgenes de ganancia altos”.

“Pareciera que tuvieran un chip. El clásico discurso de ‘es que especulan, abusan, tienen ganancias elevadas, deben ayudarnos en crisis, etc.’. La aplican contra comercios, clínicas, hasta colegios. Argumentos mediocres que refuerzan una política oficial de persecución al privado. Hoy muchos amanecerán felices porque esta primera ola de persecución incluye a los bodegones, además de empresas de cable y farmacias. Veinte años y buena parte de esta sociedad no aprendió nada. Así no bajará la inflación, al contrario. Ya en Venezuela deberíamos tener un PhD en eso”, agrega Oliveros.

Venezuela se ubicó en el puesto 127 entre 129 países en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2020 (IPRI, por sus siglas en inglés), lo que la sitúa de nuevo como el segundo país de Latinoamérica y el Caribe que menos respeta este derecho humano, esencial para la actividad económica y la vida humana, siendo solamente superado por Haití.

Andamiaje legal

La coordinadora de Cedice asegura que el gobierno de Maduro no tiene ningún interés en derogar las leyes aprobadas por el chavismo que le dan carácter jurídico a los controles porque “está empeñado en seguir adelante con su modelo fracasado”.

El andamiaje legal del modelo de controles está conformado, entre otras leyes, por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, Ley de Costos y Precios Justos, Ley Orgánica de Precios Justos, Ley de Precios Acordados, Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica y la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos.

“Si se revisa el impacto de cada una de esas leyes se entiende por qué el aparato productivo nacional está destruido, al igual que por qué padecemos una emergencia humanitaria compleja. ¿Para qué derogar? Si por el contrario el gobierno ha manifestado que irá hacia la profundización del estado comunal”, agrega Carrasquero.

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