La economía venezolana afronta un proceso de transformación desde 2019, con un cambio importante en las políticas públicas y el marco legislativo que norma a la actividad económica.
El progresivo desmantelamiento de las políticas regulatorias del gobierno de Nicolás Maduro es un paso en la dirección correcta, según representantes del sector empresarial, pero falta mucho camino por recorrer porque el empresario no es tomado en cuenta al momento de tomar decisiones que afectan su actividad.
Así lo manifiesta el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Fernández, quien argumentó que algunas medidas implementadas podrían funcionar mejor tras ser sometidas a las observaciones del sector privado.
Concretamente se quejó de la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), ya que se aprobó sin que la empresa tuviese ninguna voz ni propuesta.
“Queremos llamar la atención sobre el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. No pudimos hacer valer nuestras observaciones en el período de consulta, porque se discutió y en un par de días se aprobó. No tenemos conocimiento de que haya salido en Gaceta Oficial, así que esperamos que haya espacio para alguna observación”, afirmó durante una rueda de prensa.
Aunque no renegó directamente la reforma, Fernández dejó en claro que Fedecámaras tenía observaciones y le habría gustado discutirlas, ya que se aplica un impuesto de entre 2 y 20% a las transacciones en dólares que, además, depende de la fijación discrecional de Maduro.
El empresario resaltó las consecuencias que implica promulgar una ley que establezca un impuesto considerable a todos los ciudadanos del país, con el cual seguramente incremente la voracidad fiscal y complique las actividades económicas en pleno proceso de recuperación.
“Es una ley que crea un impuesto que puede ser hasta del 20% por el solo hecho de hacer una transacción, realizar un pago. No pueden dejar tanta discrecionalidad para fijar los tributos”, sostuvo.
Pero especialmente arremetió contra el hecho de que la ley incluya a personas naturales y empresas pequeñas, puesto que su aplicación ahora implicará consecuencias para todos los ciudadanos al provocar un incremento en las estructuras de costos de cualquier empresa.
“Incluye a casi todos los agentes económicos, a las personas naturales, al asalariado, al pensionado. Todo el mundo está incluido en tanto utilicen divisas. Creemos que no debería incluirse a las personas naturales”, insiste.
Según el texto aprobado el pasado 3 de febrero por la Asamblea Nacional (AN) administrada por el chavismo, este impuesto sobre las transacciones en dólares se establece en un intento por incrementar el uso del bolívar penalizando las divisas, pero Fedecámaras no cree que ese sea el camino.
“Si se quiere evitar el uso del dólar en efectivo, es menester que se autorice a la banca desarrollar mecanismos de compensación en divisas y transferencias interbancarias, también en divisas, para facilitar el sistema de pago”, argumentó.
En este sentido, espera que antes de que la ley sea publicada en Gaceta Oficial, haya algún tipo de corrección, bien sea al texto, las alícuotas o a la unidad tributaria, de manera que exima a algunos contribuyentes de pagar este impuesto.
“Esperemos que antes del ejecútese salgan de la ley algunos contribuyentes. Que se concentre más en quienes pueden pagar y mejor pueden organizarse”, acotó.
A pesar de sus reservas con la reforma, Fernández aplaudió que se ejecute un ajuste macroeconómico y sostuvo que ya se empiezan a notar los resultados de ese cambio de políticas y medidas en materia económica.
“Se ha visto un ajuste macroeconómico. Estamos pasando por cambios y se están viendo los resultados. La inflación fue mayor que la devaluación, hay una recuperación de la economía en el sector privado y un incremento de trabajadores y sus remuneraciones; además, ya no estamos en hiperinflación”, subrayó.
La preocupación, queja y exigencia, más allá de los puntos que pueda respaldar, es que el oficialismo debe escuchar al empresario privado. “Tenemos que seguir por ese camino. Lo que decimos es que estas cosas deben consultarse”, razonó.
