jueves, 21 de octubre de 2021

Fedecámaras desglosa plan para revertir la crisis sanitaria y humanitaria en Venezuela

Entre las propuestas que Fedecámaras hace al Ejecutivo nacional, al Poder Legislativo y a la comisión de diálogo, está incorporar a representantes de la empresa privada en las instancias de coordinación del proceso de inmunización contra la COVID-19.

Este jueves el gremio empresarial compartió un documento con las primeras propuestas que entregaron a la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional liderada por Jorge Rodríguez.

En un comunicado Fedecámaras señala que “el país demanda con urgencia un cambio de modelo que permita recuperar la confianza que tanto necesita la economía para apalancar un desarrollo sostenible, sobre todo después de la pandemia, siendo obligación de todos procurar ese país próspero, incluyente y productivo que exigen los venezolanos”.

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y representantes del gobierno de Maduro, instalaron una mesa de trabajo el 27 de enero para discutir propuestas en pro de la recuperación económica venezolana que cumplió siete años en recesión en 2020.

Medidas urgentes dirigidas al Ejecutivo

Entre las medidas urgentes, que requieren una toma de decisión inmediata están dirigidas al gobierno, destacan las dirigidas a combatir la COVID-19.

Los empresarios solicitan al Ejecutivo la incorporación de representantes de la empresa privada en el proceso de inmunización contra la COVID-19, a fin de procurar un programa de vacunación masivo a nivel nacional, que incluya a los trabajadores del sector privado y sus familiares, previas las decisiones políticas necesarias para asegurar la adquisición de las vacunas.

También piden la inclusión del sector privado para garantizar la disponibilidad de pruebas PCR sin discriminación por razones políticas, económicas u otras y la participación de oenegés y entidades internacionales que garanticen transparencia y contraloría social.

Piden que se revise el esquema 7+7 y solicitan que se diseñe un cronograma gradual de reactivación de la actividad económica.

En la lista está un plan de abastecimiento de combustibles que contemple, además de un plan ordenado de venta de gasolina y gasoil, la adopción de nuevos modelos de negocio que permitan la participación del sector privado, tanto en suministro como en distribución.

Asimismo exigen al Ejecutivo respeto a la propiedad privada y para lograrlo piden que cesen las intervenciones y expropiaciones de empresas y comercios, así como el diseño de un mecanismo que permita que las fuerzas del Estado impidan las invasiones, extorsiones, robo de ganado y “modificar la política comunicacional donde el discurso público reprenda las tomas ilegales y actos vandálicos”.

Además proponen medidas crediticias y monetarias, como reactivación del crédito para capital de trabajo, piden habilitar los pagos en divisas con tarjetas de débito y compensación interbancaria en divisas.

Medidas de reactivación ordenada

Con esto se refieren a que se realice un nuevo esfuerzo de armonización de tributos municipales para evitar alza de alícuotas y nuevos tipos impositivos, tomando en cuenta los reales índices de actividad económica, incluyendo el impuesto inmobiliario (el Acuerdo de Armonización Municipal 2020 condujo a mayor aumento).

Que se revisen la Ley de Remisión Tributaria de Sanciones, la aplicación de sanciones solo previo procedimiento administrativo, toma de activos solo por vía judicial y evitar medidas de cierre.

Solicitan: pago de ISLR en tres cuotas anuales, eliminación de los anticipos de IVA, restitución de período mensual para declaración y pago de IVA, derogatoria del Impuesto a los Grandes Patrimonios, derogatoria del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras o en su defecto reducción de la alícuota y posibilidad de deducirlo del ISLR, suspensión temporal de la implementación de máquinas fiscales, suspensión temporal de la vigencia del nuevo Código Orgánico Tributario, ampliación de las plataformas para el pago de impuestos, establecimiento de un régimen de incentivos fiscales por tres años, exenciones, exoneraciones, rebajas por nuevas inversiones, especialmente para sectores prioritarios, tales como, alimentos, salud, sector primario, turismo, entre otros.

Consideran necesario incorporar incentivos tributarios y arancelarios especiales para productores, campesinos y proveedores agropecuarios, dictar un instructivo a fin de que el Seniat pueda recaudar derechos creditorios a favor de la República (sin amenaza de medidas cautelares de carácter punitivo).

Sustituir la regulación de precios por esquema de competencia e implantar la política de “Compra Venezolano” por parte del Estado, priorizando compras a empresas de las localidades, pymes y emprendedores.

Revisar la política de importación tomando en cuenta los ciclos productivos. (importar solo en los ciclos y rubros en que no hay producción nacional). Facilitar la importación de materias primas, insumos y equipos para mejorar el inventario de productos finales, en especial, del sector agrícola (fertilizantes, alimentos para animales, tractores).

Requieren un plan de inversiones y estabilización de los servicios e infraestructura públicos.

Revisar la política de fiscalización por parte de las autoridades regulatorias (Seniat, Sundde, Sencamer, Inpsasel, etc.). Levantamiento de las estadísticas reales del parque automotor venezolano a través del Instituto Nacional de Estadística, segmentado por tipo de vehículo (creación del Registro Nacional Único Automotor).

Solicitan propuestas laborales transitorias y de compensación salarial para paliar los efectos de la pandemia, discutir los términos de una mejora salarial transitoria para trabajadores y jubilados y explorar posibles fuentes de financiamiento en mesa de diálogo tripartita (Convenio Nº 26 de la OIT).

Modificar el decreto de inamovilidad para proteger a trabajadores que devenguen hasta 10 salarios mínimos mensuales (ello elimina la protección innecesaria a cargos de dirección o confianza con mejor remuneración).

Leyes para facilitar mejoras salariales y promover la libertad económica

Entre las propuestas legislativas planteadas por Fedecámaras se encuentran cuatro nuevas leyes, dos revisiones y una modificación, así como la derogación de la Ley Orgánica de Precios Justos y, en su lugar, la creación de una ley que promueva la competencia de precios (con base en la oferta y la demanda) y la sanción de prácticas abusivas del mercado respetando los procedimientos y el derecho a la defensa.

La patronal propone una Ley Marco Transitoria para la Emergencia Sanitaria y Reactivación Económica que dé marco jurídico a medidas que permitan superar la pandemia e impulsar la economía, tomando como base la experiencia de gobiernos de la región.

Mediante una Ley de Libertades Económicas, Inversión y Desarrollo, proponen promover la iniciativa y la participación privada en la producción y la exportación de bienes y servicios y expandir el libre ejercicio económico. Con la Ley de Ciencia y Tecnología, Fedecámaras busca que se permita la inversión de empresas en innovación e infraestructura digital, así como facilidades de financiamiento.

Mientras que con una eventual nueva Ley de Simplificación de Trámites se buscará agilizar los procesos y actos formales vinculados a la actividad empresarial, así como medidas de digitalización que garanticen transparencia y minimicen la corrupción.

Proponen también que se revisen las leyes vinculadas con mensajes de datos, firmas electrónicas, registro público e infogobierno, para establecer procesos efectivos para trámites administrativos y fiscales. Instan también a que se modifiquen o eliminen las normas o leyes que restringen la participación privada.

En cuanto a los trabajadores, la patronal plantea que se revise la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt) para rescatar el valor del trabajo y la normalidad laboral y plantea la necesidad de establecer, de manera transitoria, un “régimen remunerativo y prestacional alternativo” que se ajuste a la realidad y facilite una mejora salarial para los trabajadores. “El empresario prefiere asumir un costo inicial mayor a cambio de seguridad jurídica”, dice la propuesta.

De igual forma, llama a explorar “mecanismos legales flexibles” que incorporen el teletrabajo y la contratación de talento migrante, así como analizar una legislación laboral que se adecúe a las nuevas realidades del trabajo, tomando en cuenta las políticas económicas, de seguridad social y fiscales del país.

La primera propuesta planteada a la Comisión Especial de la AN, es instalar una mesa que aborde soluciones para la emergencia sanitaria y concrete esquemas de financiamiento y otros elementos que permitan solucionarla. También piden que se instale la “Mesa de Diálogo Tripartito”, recomendada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fedecámaras también pide a la comisión que se coordinen, junto con el Ejecutivo, políticas públicas para incentivar la inversión y la participación privada, así como la restitución o reasignación al sector privado de propiedades y tierras susceptibles bajo control del Estado.

Solicita que se evalúen propuestas para desarrollar el Plan de Inversiones y Estabilización de los Servicios Públicos, que incluyan evaluar alternativas de financiamiento internacional y racionalizar las tarifas, y promover reuniones con las empresas prestadoras. También piden que se apoye el proceso de aplicación de medidas de racionalización y armonización de impuestos municipales.

Propuestas legislativas por sector

Fedecámaras presentó propuestas legislativas planteadas por sector. En turismo destacan la Reforma de la Ley Orgánica que descentralice las funciones establecidas y permita la participación del sector privado en instancias decisorias del turismo; cree incentivos para la inversión mediante exoneraciones de impuestos o declaración de zonas de inversión turística y favorezca y estimule la participación y propiedad privada en las empresas del sector.

Impulsar la reactivación de la actividad turística y comercial en puerto libre, mediante la revisión y reforma de su ley, recuperar la capacidad de financiamiento de la banca y acceder a fuentes financieras internacionales para reactivar el aparato turístico nacional.

Inmobiliario

Actualizar el valor del metro cuadrado para arrendar edificios construidos antes de 1987, poder realizar contratos en multimoneda y sin regulación para inmuebles residenciales y comerciales. Establecer causales claras para adelantar procesos de desalojo en caso de incumplimiento por parte del inquilino.

Permitir la apertura de los centros comerciales con todas las actividades comerciales en las semanas de flexibilización y crear políticas públicas complementarias. Adecuar el marco jurídico para el desarrollo inmobiliario, la reactivación de la industria de la construcción y el sector de infraestructura pública.

Promover las asociaciones público-privadas, crear un fondo nacional de infraestructura, realizar procesos de licitación transparentes para todas las obras y atender a la población sin capacidad para comprar una vivienda mediante subsidio directo habitacional.

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