jueves, 24 de junio de 2021 | 11:35 AM

Fedecámaras Bolívar propone armonización en el ámbito tributario

Además de las afectaciones por la hiperinflación, el sector empresarial tiene que enfrentarse a la “voracidad fiscal”.

La principal organización de gremios empresariales de Venezuela en el estado Bolívar se pronunció ante la ley promulgada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios para personas naturales y jurídicas, la cual se suma a las múltiples cargas impositivas nacionales, estadales y municipales ya existentes, creando así lo que considera voracidad fiscal.

Además del agravamiento de la crisis económica en Venezuela, las instituciones de la administración pública actúan sin tener en cuenta que los principales afectados son los pocos agentes económicos que mantienen activas las operaciones en el país.

El presidente de Fedecámaras Bolívar, José Alfredo Olivo, denuncia que los empresarios están siendo cercados y agredidos por el aparato fiscal del Estado.

Además, explica que cualquier actuación descentralizada, motivada por una voracidad fiscal contra los pocos que tienen la capacidad de contribuir, afecta considerablemente los incentivos para invertir en el crecimiento económico país.

Flujo de caja afectado

Por su parte, el asesor experto tributario, Raúl Gil, explicó que la Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios es una ley inconstitucional porque viola el principio de legalidad y el principio de reserva legal tipificada en el artículo 316 y 317 de la Constitución, y además viola el principio de capacidad económica del contribuyente, de progresividad y de retroactividad, entre otros, que son principios vigentes.

“Todos estos impuestos que está promoviendo el Ejecutivo nacional, la Administración Tributaria Nacional, afectan directamente el flujo de caja de las empresas y van en contra del incremento de la productividad, de empleos y de pago de impuestos”.

Según la ley, estos impuestos no se pueden deducir del Impuesto Sobre la Renta, lo que quiere decir que el monto que se pague antes del 30 de noviembre no se podrá aprovechar.

Ante esta situación, Fedecámaras Bolívar propone una armonización de ordenanzas municipales, leyes orgánicas y normativas legales en el ámbito tributario que conlleven a dar incentivos a las empresas privadas a los fines que puedan dedicarse a su fin primordial que es producir. (Prensa Fedecámaras)

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