lunes, 26 de julio de 2021 | 10:48 PM

Dirigencia sindical denuncia que gobierno quiere aparentar ante la OIT que dialoga con los trabajadores

Aseguran que el Ministerio del Trabajo solo citó a representantes sindicales adeptos al oficialismo para la discusión de contratos colectivos. Rubén González afirma que es porque ellos aprobarán sin discutir. 

Aseguran que el Ministerio del Trabajo solo citó a representantes sindicales adeptos al oficialismo para la discusión de contratos colectivos. Rubén González afirma que es porque ellos aprobarán sin discutir. 

@g8che

Mediante un memorando fechado el 7 de junio, el ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, anunció los lineamientos que regirán la discusión de contratos colectivos y convocó a distintas agrupaciones sindicales. La medida llega casi tres años después de la eliminación de las convenciones en el país y, posiblemente, como resultado de la presión que ejerce el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Alejandro Álvarez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional (Sidernac), sostuvo que la convocatoria es poco confiable por el irrespeto que ha habido en el cumplimiento de las convenciones colectivas y las leyes. “Esto es más de lo mismo, hasta que no concretemos”, dijo.

 

No hay ningún tipo de discusión de convención colectiva porque no se está cumpliendo los pasos necesarios como manda la ley, discutirlo con los trabajadores, presentar un anteproyecto ante el patrono (…) ellos lo están haciendo a su manera”.
Ramón Gómez

“En las regiones no se ve voluntad de nada, el ministerio no nos ha convocado a nada, eso me deja a mi entrever que hay una maniobra política por las elecciones regionales y las presiones que hay en la OIT”, declaró Álvarez.

El dirigente exhortó al ministro Rivero a que, si quiere que haya credibilidad en estos diálogos, reenganche a los trabajadores despedidos de forma ilegal, elimine el memorando 2792 y libere a los trabajadores presos, incluido el ferrominero Rodney Álvarez detenido desde 2011.

Pese a las diferencias y la poca confianza que sigue generando el gobierno, Álvarez resaltó que está dispuesto a sentarse para restituir beneficios que el mismo Estado eliminó junto con los contratos.

Discusión con dirigentes oficialistas

Los trabajadores de Guayana siguen cobrando menos de 15 dólares quincenales luego de la imposición del memorando 2792 en 2018, que eliminó reivindicaciones históricas de la clase obrera venezolana, como los contratos colectivos, tablas salariales y demás beneficios conquistados durante años de lucha.

Algunos, inclusive cobran menos de cinco dólares, como es el caso de los trabajadores cementeros, quienes con sindicato vigente no han podido avanzar en su anteproyecto de contrato introducido en la Inspectoría del Trabajo desde enero de este año.

 

En las regiones no se ve voluntad de nada, el ministerio no nos ha convocado a nada, eso me deja a mi entrever que hay una maniobra política por las elecciones regionales y las presiones que hay en la OIT”.
Alejandro Álvarez

El Sindicato de Trabajadores Cementeros (Sintracemex) en Guayana, la semana pasada esperaba discutir cláusulas económicas con la estatal Venezolana de Cementos, pero les informaron que las mesas de discusión no se realizarían debido a que la empresa no los reconoce como sindicato y a que tienen mesas de “alto nivel” con la Unión Bolivariana de Trabajadores, grupo pro-oficialismo.

Ante esto, Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep-CVG), señaló que ellos no han sido llamados y que la convocatoria se hará solo a los dirigentes adeptos al oficialismo, así como pasó con los trabajadores cementeros.

“No hay ningún tipo de discusión de convención colectiva porque no se está cumpliendo los pasos necesarios como manda la ley, discutirlo con los trabajadores, presentar un anteproyecto ante el patrono (…) ellos lo están haciendo a su manera”, señaló.

Gómez sostuvo que la publicación del Ministerio del Trabajo es para aparentar ante la Organización Internacional del Trabajo que se están discutiendo convenciones, pero la maniobra no traerá mejoras para los trabajadores ni habrá discusión de contratos. “Ya eso (contrato) está escrito ya”, afirmó.

Discusión sobre la base legal

“Hasta los momentos a mí no me han contactado para ninguna discusión”, dijo Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco. Aseguró que está dispuesto a discutir, pero presume que sólo se haga con sindicatos afectos al chavismo para que aprueben lo que el gobierno ordene.

Pese a que el sindicato cementero está vigente e introdujo desde enero un anteproyecto de contrato, no fueron convocados

El dirigente sindical planteó una interrogante sobre los términos bajo los que se va a discutir contrato: “¿Qué convención colectiva vamos a discutir?”, preguntó, basándose en que, antes de su segunda detención en 2018, González trató de introducir un proyecto de contrato que nunca fue atendido por el Estado.

Señaló que toda discusión de contrato colectivo pasa por la base del contrato anterior, a partir del cual se plantean reformas de mejora para adaptarlo a la realidad del momento que viven los trabajadores. “La credibilidad de la discusión que se pueda dar tiene que estar sobre la base legal, constitucional y contractual”, dijo.

Los sindicatos de Guayana tienen más de siete años sin firmar contrato colectivo. La Siderúrgica del Orinoco (Sidor), la segunda industria más importante del país, y el Complejo Siderúrgico Nacional, no firman contrato legalmente desde 2008, mientras FMO y CVG no lo hacen desde 2014.

Además de los años sin actualizar los contratos, los trabajadores cumplen cerca de tres años sin recibir lo establecido en las últimas convenciones legalmente firmadas. González señaló que la medida viene porque la OIT estableció que no respetan la discusión tripartita y el gobierno teme posibles sanciones.

Bajo la representación de dirigentes adeptos al gobierno

Hasta ahora solo han sido notificados dirigentes adeptos al oficialismo. Pedro Perales, del Sindicato de Trabajadores del Aluminio (Sutralum) y presidente de la central obrera, señaló que recibieron la orden de proceder con la discusión del contrato del aluminio.

El sector aluminio era el único que había avanzado en un anteproyecto desde marzo de 2020, aunque este no fue discutido en asamblea con los trabajadores. Perales resaltó cinco puntos sociales de discusión, además del económico: alimentación, salud, educación, vivienda y recreación.

 

La credibilidad de la discusión que se pueda dar tiene que estar sobre la base legal, constitucional y contractual”.
Rubén González

El dirigente asomó la participación de José Gil, secretario general de Sintralcasa y del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Alúmina, Bauxita y sus Derivados (Sutralúmina) Silvano Moreno. Expresó que espera que las discusiones comiencen la semana entrante en Bolívar, a partir de los cinco puntos sociales, y finalicen en Caracas con el punto económico.

De acuerdo con el dirigente, plantearán en primera instancia un salario de 7,25 petros lo que equivale a poco más de 420 dólares según la petro calculadora. Insistió que trabajarán en la recuperación de las prestaciones sociales desde 2018 y expresó que considera que el pago por el retraso debe ser 100 petros como compensación. “Eso es para negociar, puede subir o puede bajar”.

Pese a la cantidad que representa el monto en dólares y la baja producción que están teniendo las empresas básicas, sobre todo las del sector aluminio que son las que operan a menos de 15%, Perales sostuvo que los contratos serán cancelados con la producción que puedan tener cada una de las estatales.

Sin cumplir recomendaciones

El Gobierno nacional desde hace un mes se ha sentado con centrales de trabajadores y empleadores, en busca de establecer mesas de diálogo tripartito, sin embargo, sin generar las condiciones para una discusión efectiva que genere mejores condiciones a los trabajadores.

Pese al informe de la Comisión de Encuestas de 2019, Venezuela ha incumplido las recomendaciones de la OIT en cuanto al respeto de los convenios 26 y 144 sobre fijación de salario mínimo y discusión tripartita.

Luego de casi dos años desconociendo a la OIT, el Estado sigue aparentando diálogo, según afirman representantes laborales, sin convocar a las principales representaciones y sin ejecutar medidas que brinden garantías a los trabajadores de discusiones justas por las mejoras de sus beneficios.

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