El Observatorio de Derechos Humanos considera que la decisión del TSJ “constituye otra inaceptable injerencia estatal en las normas internas de autogobierno y participación de las universidades autónomas”.
La información fue difundida por la propia presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, en sus redes sociales, acotando que se dio cumplimiento al artículo 203 de la Constitución.
¿Qué de nuevo ha cambiado, en los últimos meses, para que a las instancias judiciales les haya dado por escudriñar la pretendida inhabilitación de Rosales?
La medida se admitió en tiempo récord y ya se nombró un magistrado como ponente del caso, quedando un lapso de ley para que el ente judicial emita una respuesta que puede cambiar por completo el panorama de los cobros desmedidos de aseo urbano en Ciudad Guayana.
La falta de transparencia en la publicación de la sentencia y la aparente represión institucional generan preocupación en la comunidad académica.
Pedro Tellechea aseguró que el país cuenta con una industria poderosa para enfrentar cualquier situación y que estará preparada en caso de que EE UU aplique más sanciones.
El secretario general de la Plataforma Unitaria Democrática en Bolívar, José Ricardo Salazar, destacó que tienen la tarea de reforzar el equipo para el resguardo del voto.
El 93 aniversario del Partido Comunista de Venezuela llega en medio de su judicialización por parte del TSJ como consecuencia de las exigencias que hace el partido y que, contrarían las políticas del Gobierno nacional, como exigir libertad sindical y un salario ajustado al artículo 91 de la Constitución.
Con un Poder Ejecutivo que evita incrementos salariales, un Poder Legislativo que no hace nada por exhortar al Gobierno y un Poder Judicial que descarta denuncias ante los incumplimientos del Ejecutivo, el único camino que queda para los trabajadores es el tripartismo que está intentando implementarse con ayuda de la OIT.
Blyde dijo que el escrito presentado a Noruega se mantendrá “en reserva” e insistió en la necesidad de restablecer la “existencia plena” de lo firmado en Barbados en octubre pasado.