El sindicato chavista exige un pronunciamiento oficial por parte del Estado y fe de vida del dirigente, a quien aseguran se le han violentado sus garantías constitucionales.
La empresa celebró también el Día del Trabajador Siderúrgico con una misa y la entrega de reconocimientos a quienes cuentan con más de 40 años de servicio en la estatal.
Jubilados y accionistas clase B exigen que se restituyan los derechos laborales, así como el pago de prestaciones para todos los obreros de CVG.
Trabajadores denuncian que dos de los obreros que participaron en la protesta iniciada el 6 de junio tienen órdenes de captura.
El director del centro penitenciario en Caracas, Mauro Bracho Suárez, alega que los apresados están en “proceso de adaptación” que durará de 15 a 45 días, solo pasado este período podrán recibir visitas.
La oenegé Provea aseveró que la detención arbitraria de los trabajadores, así como su desaparición forzosa representan crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado venezolano.
Familiares denuncian tener más de una semana sin comunicarse con los apresados. Saben que hay una orden de traslado a una cárcel en Caracas, pero no tienen certeza de si los sindicalistas ya están allí.
El dirigente causaerrista cuestiona que las acusaciones se basen en los mismos delitos. Asociación para delinquir, instigación al odio, boicot, terrorismo.
Los cargos imputados al sindicalista son instigación al odio, boicot y asociación para delinquir. Tras su audiencia de presentación en Puerto Ordaz fue remitido a un centro penitenciario femenino en Caracas.
Los trabajadores Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera están en manos del Dgcim desde el 10 de junio en horas de la noche, cuando fueron apresados por protestar para exigir mejoras salariales.