Este 20 de agosto se cumplieron dos años desde que, junto con la reconversión monetaria, el gobierno eliminó las tablas salariales y dejó sin efecto las contrataciones colectivas en todo el país.
Jacqueline Richter, especialista en derecho del trabajo, contó sobre la misión del recién creado Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, la importancia del dirigente Rubén González para el movimiento laboral y las alternativas de lucha de la dirigencia sindical en Guayana.
Pese a no haberse presentado pruebas que demuestren su culpabilidad, González lleva más de 20 meses detenido injustamente. Trabajadores, familiares y organismos internacionales exigen su libertad.
Familiares de González han denunciado su grave estado de salud. El dirigente padece de problemas renales y crisis hipertensivas al estar recluido sin medidas preventivas para evitar contagio de la COVID-19, su vida corre peligro.
Organizaciones internacionales presionan por la libertad inmediata del dirigente sindical cuya suerte pende del resultado de la audiencia de apelación.
Su hija considera que otorgarle alguna medida cautelar seguiría siendo una medida injusta, que continuaría con las violaciones y atropellos a sus derechos. “Él merece venirse a casa con una libertad plena”, sentenció.
La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentará el informe sobre el sistema y acceso a la justicia, así como situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La defensa alega que la sentencia se produjo con solo dos testigos, uno de ellos no estaba presente en los hechos y el otro ofreció un relato incongruente, razón por la cual aguardan la liberación del ferrominero.
El dirigente sindical fue detenido el 29 de noviembre de 2018 y posteriormente condenado el 13 de agosto de 2019 a cinco años y nueve meses de cárcel por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, por los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional.
El Grupo de Trabajo subrayó que la encarcelación contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y remitió el caso de González al relator especial sobre la tortura tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.