refugio

La colectividad no cuenta con escuela para los niños y niñas, ambulatorio, ni servicio de transporte público que acceda a la zona. | Foto William Urdaneta

El Centro de Derechos Humanos de la UCAB insta a los Estados receptores de migrantes venezolanos a priorizar la atención de menores de edad que migran solos, o separados de sus padres. | Foto cortesía Acnur

La ola migratoria también se aceleró en sectores indígenas con poblaciones más pequeñas, como las diferentes comunidades de Tucupita en Delta Amacuro. Cada semana de flexibilización migran entre dos y tres familias waraos.  

Casi 40 familias habitan desde 2014 en lo que fue la sede del Banco del Libro en Ciudad Guayana, clausurado y abandonado por la Gobernación de Bolívar en 2013.

Lo había logrado. Estaba allí. La larga marcha tocaba a su fin. Ignoraba cuánto tiempo me iba a tomar cruzar la frontera, pero casi podía tocarla con la punta de los dedos. Los altos cerros se alzaban al otro lado y Venezuela nos esperaba al cruzar el río.

El coronavirus complejiza la situación de la población indígena migrante en el paso fronterizo en Brasil. El virus ha cobrado la vida de cuatro waraos.

Alrededor de 80 familias viven desde 2018 en lo que sería el Centro Comercial Nueva Granada, cuya construcción paralizó hace casi una década. Desplazados por la crecida del río Caroní y guayaneses que no pudieron pagar alquiler en dólares, son algunos de los ahora residentes de lo que llaman Villa Venezuela.

El gobernador de Bolívar, Justo Noguera, lo dejó claro: no habrá desarrollo habitacional para reubicación de familias afectadas por las inundaciones, sino reestructuraciones de viviendas, por lo que desde ya se prevén las mismas o más afectaciones para el próximo año. La municipalidad, por su parte, dejó de lado el Plan Especial de Castillito, que data desde hace más de 20 años. Mientras tanto, el río crece y más personas padecen las consecuencias de la desplanificación.