La oenegé Provea aseveró que la detención arbitraria de los trabajadores, así como su desaparición forzosa representan crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado venezolano.
Si el Estado no está garantizando el primer eslabón de la cadena, “hay un efecto cascada que implica la vulneración de derechos económicos y sociales tanto de productores como de consumidores”, explicó la coordinadora del Observatorio Social de Espacio Público.
El derecho a la salud y alimentación son dos de los 10 derechos humanos que se ven vulnerados por la escasez de combustible.
Desde el 7 de junio, los empleados de las empresas básicas y los sindicalistas se mantienen en protesta.
La ONG señaló que es imperativo tener transparencia y difusión de información pública de interés para Venezuela. “Los venezolanos tienen derecho a conocer lo que está pasando y los procesos con mecanismos internacionales”.
El informe señaló que los bajos salarios se tradujeron en déficit de docentes, tanto en educación básica como en educación universitaria.
En 2019, Michelle Bachelet dijo que la administración de Maduro se había comprometido a recibir la visita de por lo menos cuatro mecanismos especiales, entre ellos el de detenciones arbitrarias.
La convocatoria incluye a quienes hayan presentado comunicaciones o recurrido a los procedimientos establecidos para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El informe del Departamento de Estado señaló que “hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro torturaron y abusaron regularmente de los detenidos”.
Trujillo hacía denuncias sobre la explotación minera, la destrucción ambiental en sus tierras, el narcotráfico y la invasión de grupos armados irregulares.