Retuvieron en España a los hermanos Rebeca y Francisco García
13 May, 2024 - 2:04 PM
Mientras el presidente colombiano ha prometido suspender la exploración petrolera en la cuenca amazónica, su homólogo venezolano busca reactivar la producción petrolera e impulsa desde 2016 el controvertido Arco Minero del Orinoco.
El más reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas detalla cómo militares de la FANB se han enriquecido a través de unas 17 empresas supuestamente privadas.
Señalan que el bando de Maduro mantiene en cambio que la justicia británica debe respetar las decisiones de la corte extranjera y alerta del riesgo de que el dirigente opositor acceda a los activos nacionales sin ningún tipo de supervisión.
En esa orgía depredadora de saqueo y latrocinio se congrega una diversa y variopinta fauna que busca lo suyo. Todos tienen entre ceja y ceja enriquecerse lo más rápidamente posible.
Los mineros aseguran que cuentan con todos los permisos y están avalados por la Corporación Venezolana de Minería. “El Ejército nos está atropellando, nos está quemando todo y nos están maltratando”, dijo una afectada.
Entre 2012 y el primer semestre de 2022 el oro de las reservas del BCV se redujo 85% con un equivalente a más de 25 mil millones de dólares que estuvieron a disposición del gobierno de Maduro.
Pidió el apoyo a los movimientos sociales en Argentina para la liberación de los pilotos secuestrados y a los venezolanos les solicitó articular una campaña contra las sanciones.
Aunque el más reciente fallo denegó el acceso a las 31 toneladas del metal a la administración de Maduro, esta decisión no supone que Guaidó podrá gestionarlas por ahora.
Tanto el BCV como Delcy Rodríguez calificaron de “insólito” el fallo de un tribunal en Londres sobre el oro por la política de Una Sola Voz que esgrime el juzgado, ya que afirma estar en concordancia con el Gobierno del Reino Unido que reconoce a Guaidó.
Los abogados Richard Lissack y Andrew Fulton deben esperar el fallo de la jueza Sara Cockerill, quien determinará si las sentencias del TSJ de anular decisiones de la Asamblea Nacional 2015 sobre la junta ad hoc del BCV son válidas.
