Según documentó la ONG, grupos armados irregulares cometieron los crímenes. Estos grupos son tanto de origen colombiano como venezolano.
Hernández Lárez reiteró que por órdenes de Maduro, la FAN está desplegada en el Parque Nacional Reserva de Biósfera Parima Tapiraoeco en el municipio Alto Orinoco.
Familiares de un ciudadano aseguran que les robaron 5 mil dólares, teléfonos celulares y que les sembraron droga para justificar una detención sin orden de captura.
La sexta entrega de la serie sobre esclavitud moderna que realiza la casa de estudios tiene como propósito documentar la realidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes del estado Bolívar y algunas comunidades de estados vecinos, en materia de violación de derechos humanos.
A pesar de algunos esfuerzos de organizaciones para prestar asistencia a las comunidades indígenas aledañas al AMO, Mendoza reiteró la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en la garantía de derechos en estos espacios.
El 13 de mayo, Venezuela y Colombia suscribieron un acuerdo en materia de defensa y seguridad fronteriza con el cual se busca reforzar los planes de seguridad en la frontera en común.
Los crímenes en las zonas mineras afectan a las mujeres y niñas de manera diferenciada por razones de género, edad y etnia.
Con todos estos problemas que ha generado la minería en la zona, cada vez hay más comunidades indígenas en el Amazonas que rechazan la minería.
Monseñor Jonny Reyes señala que es el Estado venezolano que tiene la responsabilidad de brindar soluciones a lo que sucede en Yapacana con toda su estructura burocrática.
Desde la creación oficial del Arco Minero del Orinoco, en 2016, las organizaciones sociales y los activistas del ambiente denunciaron los daños a los ecosistemas que dejaría el uso del mercurio en las prácticas extractivas.