El Proyecto EPA advierte que la contaminación por mercurio, usado en la minería, es un problema ambiental de grandes dimensiones.
La creciente actividad minera irregular en el sur del país acarrea una serie de secuelas nocivas para el ambiente y las comunidades cercanas, debido al aumento de sustancias químicas que se descargan a los ríos, especialmente el mercurio.
La tragedia de esta semana en la llamada Bulla Loca, una mina de oro que se desplomó en el estado Bolívar, no es algo aislado de lo que ha significado para ese estado la economía extractivista.
Habitantes de La Paragua, en Bolívar, aseguran que la cifra oficial de fallecidos por el derrumbe en la mina Bulla Loca no es real y aún quedan personas sin rescatar.
Los expertos señalaron que en la disputa por el territorio han quedado en medio más de nueve pueblos indígenas.
La situación es compleja y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está entendiendo lo que está en juego con la minería en la región.
Burelli afirma que en Venezuela se expande la minería semimecanizada que utiliza mercurio “y es la propia Fuerza Armada la que impulsa el uso del mercurio”.
El ejercicio de la minería y el uso indiscriminado del mercurio obligó a los indígenas de San Francisco de Paruruwaka a darle la espalda al río Cuyuní y, por ende, abandonar sus costumbres y su fuente de alimentación.
Los crímenes en las zonas mineras afectan a las mujeres y niñas de manera diferenciada por razones de género, edad y etnia.
Desde la creación oficial del Arco Minero del Orinoco, en 2016, las organizaciones sociales y los activistas del ambiente denunciaron los daños a los ecosistemas que dejaría el uso del mercurio en las prácticas extractivas.