Durante estos 10 años preso, el trabajador ferrominero ha sufrido violaciones al debido proceso y nulas garantías de un juicio justo. Su caso ha sido rechazado internacionalmente, sin generar las presiones suficientes para su liberación. | Foto Jhoalys Siverio
La mesa técnica con propuestas para reactivar la empresa fue creada hace tres meses, y hasta ahora no tiene representantes y las negociaciones no han podido avanzar. | Foto cortesía
La agrupación, que ha respaldado el liderazgo y las propuestas de Juan Guaidó, insistió en que participar en elecciones con estos nuevos rectores solo busca legitimar al gobierno de Nicolás Maduro. | Foto cortesía
El dirigente sindical, que reclamó y defendió los derechos laborales de los alcasianos, murió en un hospital de Ciudad Guayana sin que se le garantizara su seguro HCM.
La Intersectorial de Trabajadores de Guayana cuestiona que el sector sindical gubernamental celebre la operatividad mínima en la que se encuentra el parque industrial.
Unidad en la Coincidencia y la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) organizan un encuentro laboral para el 8 de octubre, en la Plaza del Hierro, en Puerto Ordaz.
Se cumplen 10 años de la juramentación de los “presidentes-trabajadores” en las empresas básicas de Guayana. Damián Prat hace un balance de lo que llama el falso control obrero y del Plan Guayana Socialista 2009-2019.
El dirigente sindical de Ferrominera Orinoco fue condenado -el 13 de agosto de 2019- a 5 años y 9 meses de cárcel por un tribunal militar, por los cargos de ultraje al centinela y ultraje a las fuerzas armadas. Su vida peligra, mientras organizaciones nacionales e internacionales reclaman su libertad.
La trabajadora de Corpoelec recibió la notificación de despido el día del apagón nacional. Semanas antes denunció la falta de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas.
Hasta la mañana de este viernes, familiares y abogados de Elio Mendoza, trabajador de Sidor, no habían tenido acceso a él. En horas de la tarde pasó a tribunales, donde Fiscalía lo imputó por los delitos de incitación al odio y difamación al presidente del Tribunal Supremo de Justicia.